
A OMAR FISHER, LAS AUTORIDADES DEL RÉGIMEN NEOFRANQUISTA LE NEGARON LA POSIBILIDAD DE INVESTIGAR
(Un artículo de Patxi Amézaga, en el blog HINCAPIE)
A los seis representantes de la OSCE (Organización para la Seguridad
y Cooperación Europea) los citaron en la cafetería del Ministerio de
Exteriores. Llegaron como observadores.
Básicamente es su función más habitual: ir a comicios,
manifestaciones y situaciones “democráticamente nebulosas” en países de
dudoso respeto a los derechos democráticos, y levantar acta de lo que
ven.
Siguiendo los protocolos utilizados en los diferentes países que
visitan, trataron de reunirse con los ministros de Exteriores y del
Interior, así como con la Defensora del Pueblo y con la delegación
gubernamental presidida por la señora Cifuentes.
Como si de una dictadura se tratara, nadie consideró recibir al
señor Omar Fisher, jefe de la delegación desplazada a Madrid en su
calidad de subdirector de Derechos Humanos de la OSCE y a las otras
cinco personalidades que componían el grupo de observadores.
Juan Armando-Andrada Vanderwilde Parada, funcionario que trabaja en
la oficina de relaciones con la OSCE fue el encargado de comunicarles en
la cafetería que se fueran del Reino de España. No eran bienvenidos.
Suponemos que al menos Juan Armando les invitaría a un café antes de
hacerles saber el marrón que le habían encomendado los de arriba.

LOS OBSERVADORES NO PUDIERON INFORMAR, Y LOS MEDIOS DEL RÉGIMEN (DESDE LA SEXTA A RTVE) SILENCIARON LA EXPULSIÓN
Poniendo faz diplomática, les espetó que la manifestación que venían
a observar para comprobar si en el Reino de España se respeta el
derecho a expresar pacíficamente el disenso, era cuasi ilegal.
La máxima autoridad española había decidido declarar
anticonstitucional la manifestación Jaque al Rey organizada por el
movimiento 25-S, y, por lo tanto, quedaba fuera de la ley.
En términos diplomáticos es una ofensa recibir a tan alta
representación en una cafetería. También negarles la estancia en un
estado miembro y más aún decirles que se vayan de la misma.
A las autoridades españolas les habría gustado declarar la
manifestación acto terrorista, ese término podía haber cortado de cuajo
cualquier intromisión de la OSCE en los “asuntos internos” del Reino de
España.
El parón en la lucha armada hace tiempo que dejó al ministerio sin
tan valioso argumento, por lo que rápidamente se sacaron la versión
light del mismo declarando la manifestación anticonstitucional.

IRINA
URUMOVA, EXPERTA EN DERECHOS HUMANOS, SALIÓ DE ESPAÑA COMPROBANDO EN
SUS CARNES CÓMO EL RÉGIMEN NEOFRANQUISTA VIOLA TALES PRINCIPIOS
En su inmediato vuelo de vuelta a Varsovia, el señor Omar Fisher,
todavía debía estar alucinando por el simplismo con el que en el Reino
de España le humillaron.
La OSCE no tardó en colgar en su web un comunicado (1) firmado por
su director de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR por
sus siglas en inglés), denunciando en terminología diplomática de
carácter duro y señalando su sorpresa y desagrado por este giro radical
en la tradicional cooperación española, para puntualizar que “como
cualquier miembro de la OSCE, España se ha comprometido a garantizar el
derecho de reunión pacífica y el trabajo de los observadores es crítico
para asegurar que se respeta esa libertad”.
El Reino de España, y más en concreto su máxima autoridad, han
colaborado intensamente desde el nacimiento en 1973 del CSCE
(Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) que
posteriormente, con la desaparición del Telón de Acero, se transformó en
1995 en la actual OSCE.
Entre otras funciones del listado de buenas intenciones de esta
organización se resalta su compromiso con el desarrollo de la democracia
y la ayuda que presta a los estados miembros para crear instituciones
democráticas.
El 21 de noviembre de 2007, con motivo de la remodelación del
Palacio Pallfy-Erdody en Viena, sede del secretariado de la OSCE y de la
oficina del Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de
Comunicación presidida por el rey de España, éste señaló en su discurso
que el citado organismo “trabaja para la paz, la prosperidad y la
democracia en todo nuestro continente” (2).

JANEZ LENARCIC, OTRO EXPERTO EN DERECHOS HUMANOS, EXPULSADO DE ESPAÑA
El rey olvidó decir que estas misiones no aplicarían en caso de que
la gente saliera a la calle a cuestionar su reinado o cuando algún
estado miembro decidiera declarar anticonstitucional alguna
manifestación.
Hasta aquí el relato de los hechos transcurridos en un país con
escasa cultura democrática para ningunear una manifestación embarazosa,
pero todo esto quizás pasaría inadvertido si no fuera por el clamoroso
silencio de la prensa española a tan noticiable situación.
No parece muy descabellado sospechar que desde algún despacho
“oficial” emanó una orden de obligado cumplimiento para “recomendar” a
los medios de comunicación españoles no publicar referencia alguna a la
expulsión de los observadores internacionales. Y así ocurrió.
Los medios de comunicación españoles (salvo honrosas excepciones
digitales) no publicaron ni una sola línea informando de este traspiés
democrático llevado a cabo por el actual gobierno. Para el común de los
ciudadanos, ante el desconocimiento de estos hechos, el Reino de España
sigue siendo tan democrático y colaborador de la OSCE como antes del 25
de septiembre.
Los europeos igual ya empiezan a repensarse la cantidad de valores
democráticos hechos desaparecer en el Reino de España con la excusa de
la crisis y con el silencio cómplice de partidos políticos, sindicatos y
especialmente medios de comunicación incapaces de denunciarlo.
Cualquier gobernante, por mediocre que sea, sabe que pronto o tarde
el sonido del silencio acabará convirtiéndose en clamor popular y que
tapar al realidad solamente sirve para aumentar la presión dentro de la
olla.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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