Jueves, 03 de Octubre de 2013
Compartir redes sociales
Este artículo analiza en perspectiva los 14 años de un proceso revolucionario en Venezuela
enfrentado a serios debates sobre democracia, el poder de la
burocracia, el potencial de las masas o la cuestión de reforma o
revolución social.
La revolución política se ha institucionalizado mediante la aplicación de la nueva Constitución promulgada en 1999 y las leyes que establecían una nueva relación entre las masas y el sistema político. La enorme popularidad del chavismo se debe a la combinación de un proyecto reformista progresista, liberal-democrático en muchos sentidos, con un discurso cada vez más nítidamente revolucionario y antiimperialista que entroncó directamente con las aspiraciones de las masas que explotaron con las revueltas del caracazo en 1989 y los núcleos de base que luchaban contra el status quo anterior.
La consolidación de esta nueva hegemonía política quedó clara en la última contienda presidencial, cuando el candidato conservador, Capriles, se presentaba oportunistamente a sí mismo como progresista y defensor de las nuevas leyes y programas sociales (las misiones) e incluso utilizaba una actitud y vestimenta imitando a Chávez, aunque es obvio que si hubiera ganado habría aplastado todas estas conquistas.
Ahora bien, ¿podemos hablar del desarrollo de una revolución social? Los debates dentro del proceso bolivariano están estrechamente vinculados a la cuestión de reforma o revolución. En esta controversia, tan antigua como el capitalismo, podemos identificar a grandes rasgos tres posturas: 1) las reformas son ya la revolución (como serían el ejemplo de la ‘revolución islandesa’ con su nueva Constitución, en su día la llegada al gobierno de Lula en Brasil, o medidas como las nacionalizaciones realizadas en países como Bolivia o Venezuela); 2) las reformas no sirven, hace falta una revolución espontánea (estilo las revueltas en Argentina en 2001, parte del mayo del 68 francés o la defensa de las asambleas del 15M como un fin en sí mismas); y 3) los cambios sociales implican un proceso donde las reformas y la revolución se interrelacionan dinámicamente.
Rosa Luxemburgo profundizó en esta relación entre reforma y revolución, entendidas como diferentes momentos de un mismo proceso. Los movimientos y huelgas de masas empiezan exigiendo mejoras o reformas, pero en el proceso, si las formas de lucha alcanzan un punto álgido de desarrollo pueden generar situaciones revolucionarias de doble poder. Tras una explosión revolucionaria, las conquistas sociales se materializan en reformas legales, inicialmente dentro del marco socio-económico anterior. A menudo los movimientos se reactivan para extender esas mejoras, o la vieja clase dirigente inicia un ataque reaccionario y la defensa de esas reformas vuelve a desatar un momento revolucionario que va más allá.
En Venezuela hemos visto un ejemplo vivo de estas teorías. Chávez ganó las elecciones (13 procesos electorales en 13 años) con el apoyo de la población campesina, trabajadora y pobre. Inició importantes reformas, sobre todo tras la derrota del paro patronal en 2003, fundamentalmente tomando desde el Estado gran parte del control de los enormes ingresos petroleros e impulsando las misiones para proveer educación, salud y otros servicios básicos a las masas empobrecidas. Estas medidas chocaron con la frontal hostilidad de una maquinaria estatal anclada en el antiguo sistema político neoliberal. El involucramiento de miles de activistas para poner en práctica estas misiones fue indispensable para lograr enormes éxitos en materia sanitaria, educativa o de reducción de la pobreza. Y al mismo tiempo se estaba poniendo en marcha una potente maquinaria de autoorganización popular en los barrios.
Por el otro lado, la agresiva reacción de la oligarquía venezolana contra estas reformas produjo el surgimiento de las raíces más importantes del proceso revolucionario. En cada contienda electoral millones de activistas tuvieron que luchar contra el imperio mediático privado y una oposición con ingentes recursos a su disposición. Pero hubo dos momentos claves en términos de profundización del proceso revolucionario: el golpe de Estado y el paro patronal.
El golpe político-militar de 2002 metió preso a Chávez y el presidente de la patronal fue nombrado presidente de Venezuela1. Mientras las élites económicas, políticas y eclesiásticas brindaban con champán, las masas pobres rodearon el Palacio Presidencial, actuando autónomamente y ganando el apoyo de una parte del ejército que intervino para rescatar al presidente secuestrado. Las organizaciones de barrio y los medios de comunicación alternativa se desarrollaron y extendieron masivamente mediante esta experiencia2. Para defender las reformas sociales, se estructuraban y fortalecían fuerzas revolucionarias de base.
Unos meses después del golpe, en 2002-2003 los jefes y la oposición (partidos políticos, medios de comunicación privados y la dirección del sindicato mayoritario corrupto) iniciaron un paro patronal (dirigido por la industria petrolera) en un intento de tumbar al gobierno que recordaba amargamente la experiencia vivida en el Chile de Allende (ver Chile 1973, cuando la revolución se topó con el reformismo, en este mismo número). Aquí la autoorganización de la clase trabajadora fue crucial para aplastar el paro de 3 meses, con ocupaciones de empresas para restablecer la producción y distribución de bienes y servicios, así como la creación de un nuevo sindicato independiente y combativo, aunque no prosperara por las razones que veremos más adelante. Incluso unas pocas fábricas continuaron funcionando bajo control obrero una vez derrotado el paro patronal.
La necesidad vital de avanzar frente a la reacción
Pero cuando un proceso revolucionario se inicia, solamente hay dos opciones: avanzar y extenderlo o estancarse y morir. Antonio Gramsci teorizó sobre esta coexistencia inestable entre lo viejo y lo nuevo. En esa coyuntura, o lo viejo que no acaba de morir se impone, restableciendo el funcionamiento de la sociedad en base a los intereses de la minoría más poderosa, o lo nuevo se impone mediante una revolución social profunda capaz de barrer las injusticias y opresiones intrínsecas al sistema actual.En el caso venezolano, esta disyuntiva alinea a la producción colectiva, el control obrero de las empresas, la colectivización de fincas, la autoorganización vecinal, las cooperativas de vivienda, las nuevas ideas de solidaridad, cooperación y liberación… (lo nuevo) frente a las multinacionales y grandes empresas venezolanas, los terratenientes, los elementos reaccionarios del aparato estatal, las viejas ideas de individualismo y opresión… (lo viejo). Según varios militantes de la corriente del PSUV, Marea Socialista, estamos ante “una revolución que hoy enfrenta la encrucijada de avanzar hacia medidas anticapitalistas o agotarse en un camino de parálisis que abra paso a las contrarreformas que busca la oligarquía”3.
Esta disyuntiva representa un elemento central en los retos del proceso. El masivo apoyo al chavismo surgió y se fortaleció en base a la aplicación de grandes programas sociales, la confianza y entusiasmo generados por las experiencias de luchas masivas de base, la recuperación cultural e histórica antiimperialista y la visibilización de las clases populares discriminadas como los grupos étnicos. La burocratización del proceso (por ejemplo, al imponer la gestión estatal de las empresas recuperadas en lugar del control obrero o el control burocrático de las misiones) están minando parte de los apoyos sociales (como se está reflejando en las últimas contiendas electorales). Ha sido la autoorganización popular quien ha frenado los ataques más duros de la oligarquía intransigente y golpista. La única manera de mantener vivo el proceso pasa por potenciar esos espacios de autogestión en barrios, centros de trabajo y campos. La desposesión de la oligarquía millonaria y el empoderamiento del pueblo desde la base es la garantía de que la derecha no vuelva al poder.
Cómo afrontar esta gran contienda es el objeto de muchos debates dentro del proceso. Aquí voy a esquematizarlos en torno a tres grandes grupos, profundamente interconectados: democracia, el papel de las y los trabajadores y los tiempos del proceso.
Democracia vs burocracia
Las organizaciones de base critican recurrentemente problemas de falta de democracia, vinculados al fuerte control de la burocracia sobre las estructuras estatales y las organizaciones chavistas. Se trata de un viejo problema, el de una burocracia que en muchos casos ha ejercido presión para frenar la radicalización y extensión de las victorias y los movimientos sociales, cuando no ha abrazado directamente la corrupción para utilizar el poder político y los recursos estatales para enriquecerse y establecerse como una nueva élite (la denostada ‘boliburguesía’). Las misiones dejan de basarse en la autoorganización popular y “al hundirse en la gestión y cooptación burocrática se transforman en un espejismo revolucionario que ha ido despolitizando y apagando la voluntad de lucha del bloque social enorme sobre el cual se sostiene este proceso”4. Se va haciendo más difícil confiar en “la maquinaria política del PSUV y menos en una parte de la maquinaria burocrática que funciona al servicio de la corrupción”5.El punto fundamental es que no hay una posibilidad democrática de controlar a estas personas y obligarles a rendir cuentas, incluso dentro del partido que creó Chávez (el PSUV). Hay ejemplos donde la mayoría de la militancia votó por un candidato pero al final Chávez nombró al más impopular. Ha habido mítines electorales con ovaciones a Chávez pero abucheos al gobernador regional. El reflejo electoral de esta realidad fue evidente: Chávez representaba el proceso de cambio político y social y las masas le apoyaban fuertemente, mientras que el chavismo ha sufrido importantes derrotas en los niveles locales y regionales, perdiendo el control de la mayoría de los principales estados en alguna ocasión.
Hay una gran cantidad de artículos y llamamientos a favor de un cambio en los procedimientos democráticos del PSUV y los Consejos Comunales. El proceso bolivariano inició un involucramiento político masivo de una población históricamente excluida, pero ahora se ha erigido una afilada tensión entre profundizar el proceso de empoderamiento social o mantener el control vertical de la toma de decisiones, con la burocracia utilizando el Estado y las misiones como “mecanismos que han corrompido buena parte del movimiento popular”; pudiéndose constatar que “esa capa burocrática tiene intereses propios”6.
Más concretamente, como señalan crítica y lapidariamente los y las activistas chavistas de Marea Socialista, “esta burocracia fue construyendo intereses propios a base de la conquista y defensa de privilegios insultantes a los ojos del pueblo bolivariano”, la organización del poder popular “comenzó a ser corrompida o convertida en apéndice clientelar” y un PSUV construido de forma vertical, con “el secuestro desde arriba por parte de los dirigentes de las instituciones del Estado de la dirección del partido”, pasó a ser “un apéndice del Estado que sólo funciona como correa de transmisión de las órdenes del gobierno y como maquinaria electorera”7.
Advierten del enorme peligro que representa esa clase burocrática: “El mayor riesgo que hoy sufre la Revolución Bolivariana, no viene de la voluntad golpista de la oposición de derecha, que existe […][sino] del mismo gobierno y la dirección del partido, que de continuar de esta manera precipitará una situación de continuidad de la pérdida de base social del chavismo y crisis política abierta”8.
Socialismo vs estatismo
Chávez hablaba de socialismo y marxismo. Marx hablaba de la centralidad de la clase trabajadora como agente del cambio revolucionario anticapitalista, al ser capaz de frenar el sistema desde su corazón y ponerlo a funcionar colectivamente. Sin embargo, mientras que el voto campesino para Chávez se mantuvo por encima del 70% desde el 2000, el voto obrero se redujo hasta casi la mitad9.Varios elementos nos pueden ayudar a entender esta aparente contradicción. Para empezar, una cuestión de prioridades: el gobierno necesitó nueve años para aprobar una nueva Ley Orgánica del Trabajo. Mientras, aumentaba la tasa de explotación: las y los trabajadores recibían en 1998 un 39’7% del nuevo valor creado frente al 36’2% que iba al capital; diez años después se pasaba a un 32’8% frente al 48’8% de los capitalistas10.
La importancia estratégica crucial del poder económico quedó drásticamente patente durante la exitosa y autoorganizada rebelión obrera contra el paro patronal. Especialmente gracias a esta experiencia, durante el proceso bolivariano se ha vivido una regeneración de las organizaciones laborales: los 2.000 sindicatos existentes en 1999 se han extendido hasta ser 7.000.
La confederación sindical creada como respuesta al paro (UNETE) ha desarrollado un rol muy importante, tanto en las luchas que han ido creciendo desde 2007 en el sector privado como especialmente en el sector público exigiendo mejores condiciones laborales.
Hay un debate abierto sobre la importancia de la independencia del movimiento sindical, sobre todo debido a la creación de la nueva confederación sindical claramente vinculada al PSUV (sindicalistas y militantes chavistas constatan “el fracaso de la nueva organización sindical y la inoculación de los viejos métodos burocráticos”11).
Estos debates resultan muy esclarecedores puesto que algunas luchas del sector público (por ejemplo exigiendo que se paguen los sueldos con puntualidad en el contexto de una altísima inflación) a menudo son etiquetadas como luchas reaccionarias, acusación realmente peligrosa. Trabajadores y trabajadoras organizándose para conseguir mejores condiciones no pueden verse como enemigas del socialismo sino como todo lo contrario. Especialmente si se trata de las mismas personas que derrotaron al cierre patronal unos años atrás y estarían dispuestas a volver a hacerlo.
Otra tensión fundamental nos remite a la cuestión de la nacionalización. Activistas de base demandan control obrero de las fábricas y empresas, pero el control burocrático lo obstaculiza en la mayoría de casos. El principal argumento es que el control obrero podría derivar en un poder opositor. Este posicionamiento choca frontalmente con la concepción de Marx sobre el cambio social revolucionario y el socialismo como la acción directa de la clase trabajadora para liberarse y gobernarse a sí misma. Chávez ha defendido varias veces el control obrero: “No se trata de capitalismo de Estado […] las empresas no deben ser del Estado sino del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo […] yo quiero que sigamos avanzando en el tema del control obrero”12. Esta contradicción ha estado presente desde la creación del PSUV, cuando fueron llamados a engrosar sus filas tanto trabajadores y trabajadoras como “empresarios patriotas”.
Asimismo, el alcance de las nacionalizaciones y del control obrero es limitado. Las empresas “bajo control obrero” (con muchos matices) son poco más de mil y no alcanzan a superar el 4’8% del PIB, mientras que “los enemigos poseen las palancas principales de la economía”: el sector privado de la economía creció más que el estatal en los últimos siete años13. De hecho, “las tasas de ganancia logradas por el capital en los años de la revolución oscilan entre un 150 y un 300 por ciento, caso singular en la historia del capital”14.
Revolución vs gradualismo
A menudo se dice que la transición al socialismo requiere tiempo, pero nadie dice cuánto exactamente. El hecho es que tras 14 años se han conseguido avances importantísimos en cuanto a derechos sociales y políticos, educación, sanidad o reducción de la pobreza, partiendo de una situación devastadora de exclusión social y profundas desigualdades. Pero el socialismo es mucho más que derechos, implica el control colectivo y democrático de la sociedad, desde los grandes medios de producción, los hospitales, las escuelas… hasta la organización vecinal en cada barrio.No se puede hablar de socialismo mientras no se ataca de raíz el problema de la desigualdad intrínseca a la existencia de clases sociales. Se puede mejorar notablemente el nivel de vida de las mayorías, como de hecho se ha logrado en Venezuela de forma admirable. Pero esto encajaría con lo que se ha denominado desde dentro del proceso como “keynesianismo rentista”15 o “un novedoso Estado Social del bienestar […] socialdemócrata de avanzada en términos generales, pero hasta allí”16.
Por tanto, en Venezuela hoy estaríamos hablando más bien de un nuevo tipo de Estado del Bienestar muy progresista y exitoso desarrollado en la región más desigual del planeta y en un contexto adverso de hegemonía global neoliberal, basado económicamente en la renta petrolera y socialmente en una fortísima movilización y organización popular capaz de frenar la oposición permanentemente golpista de la oligarquía.
El propio Chávez dijo que “No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista”17. Y la cuestión es que hay dos claros sectores dentro del proceso bolivariano: por un lado, activistas de base que argumentan sobre la necesidad de generar estructuras democráticas, extender el proceso, las ocupaciones de fincas, los movimientos populares y el control obrero de la economía; mientras por el otro lado la burocracia se preocupa únicamente por las contiendas electorales y el mantenimiento del control vertical.
En un mitin, Chávez, refiriéndose a los intentos de magnicidio que le amenazaban, afirmó que si era asesinado el pueblo sabía lo que tenía que hacer: tomar los barrios, tomar las fábricas, tomar la tierra, hacer la revolución. La pregunta es, si es lo que pensaba que la gente debía hacer, ¿por qué permitir a una burocracia que frenara constantemente a las masas en sus aspiraciones para avanzar en ese sentido cuanto antes?
Se argumenta que los cambios revolucionarios bruscos son cosas del pasado, que el socialismo del siglo XXI entabla un proceso gradual que va ganando hegemonía entre todas las capas sociales para ir construyendo una sociedad igualitaria paso a paso. Se rechaza por tanto el aventurismo propio de llamamientos revolucionarios prematuros que estarían condenados al fracaso.
Rosa Luxemburgo argumentó que no existen las revoluciones prematuras. En primer lugar, la existencia de una situación revolucionaria presupone un grado de descomposición de la vieja sociedad que entraña en sí mismo la necesaria legitimidad política y económica. En segundo lugar, un proceso de cambio revolucionario nunca acabará con el viejo orden de un plumazo feliz, por lo que la revolución “prematura”, una conquista “prematura” del control de la sociedad por las masas, es de hecho inevitable, una o varias veces. Oponerse a realizarla es, en el fondo, oponerse a la aspiración de que la gente trabajadora se adueñe del control de la economía. Por tanto, si existen las condiciones para colectivizar la economía y la sociedad, para iniciar una revolución social, no hay ninguna razón para esperar ninguna maduración del proceso, la obligación de las organizaciones revolucionarias es impulsar las luchas hasta sus últimas consecuencias.
Es importante evadir sectarismos, por ejemplo considerando a Chávez antes o Maduro ahora como “lo mismo” que la oposición derechista, como han hecho algunas fuerzas izquierdistas venezolanas. Pero también es importante ver las limitaciones de la lucha institucional y alejarse de concepciones acríticas donde tener un gobierno progresista se convierte en un fin en sí mismo. El desarrollo del proceso bolivariano nos ha mostrado que la clave es la participación directa de las masas en la acción política. Fortalecer, no solo en Venezuela sino en todas partes, las organizaciones que apuestan por el empoderamiento de la gente de abajo con una perspectiva revolucionaria es una urgente necesidad para poder frenar el dominio de las oligarquías, barrer sus privilegios y construir justicia social evitando que una nueva burocracia controle el proyecto popular.
Pau Alarcón es es militante de En lucha / En lluita.
Artículo publicado en la revista anticapitalista La hiedra
No hay comentarios:
Publicar un comentario