Los ecologistas alertan del daño a montes protegidos y del vaciado de ríos Pablo Taboada. Ourense La fiebre del oro podría arrasar otros 120 kilómetros cuadrados de Galicia; una superficie casi tan grande como la ciudad de Madrid. La Xunta tramita actualmente un nuevo permiso minero para buscar oro, plata, cobre, cinc y plomo en montañas de Lugo protegidas mediante reservas de la biosfera concedidas por la Unesco. A medio camino entre los municipios de A Fonsagrada, Baralla, Baleira y Becerreá, la empresa canadiense Goldquest —filial de la multinacional Lundin Mining Corporation— pretende horadar varios valles surcados por ríos para certificar la existencia de metales preciosos cuyo valor de mercado continúa al alza en plena crisis. Lago II es el segundo permiso que esta multinacional solicita para la misma zona. La Consellería de Industria le concedió en 2011 otro permiso (Lago I) que abarca 68 cuadrículas mineras. Pero la firma quiere más terreno. Y lo quiere en zona protegida. El pasado lunes finalizó el período de exposición pública del permiso para Lago II y Adega ya ha formalizado las alegaciones contra un proyecto que considera “injustificado”. El colectivo ecologista asegura que las cuadrículas solicitadas ahora (396) suponen “una cantidad excesiva e injustificada para investigar hacia dónde se dirige la zona de mineralización”. “No se justifica teniendo en cuenta la protección e importancia ambiental, social y económica del territorio afectado”, matizan. Advertencia de Europa Ecologistas y vecinos protestan en bloque contra las macrominas, pero no son los únicos. La Asamblea del Consejo de Europa mostró su oposición el 5 de julio a través de una moción que rechaza minas como las proyectadas en A Fonsagrada o Corcoesto porque son “extremadamente perjudiciales para el medio ambiente y las personas” y están asociadas a “demandas de corrupción y violaciones de la legislación”. España fue uno de los doce países que firmó el documento, rubricado por 21 portavoces de seis de los ocho grupos políticos con representación parlamentaria. El texto también recuerda que la contaminación derivada de la minería del oro “puede entrar en el ámbito del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Tres meses antes de este acuerdo, en abril, un portavoz de la empresa Goldquest aseguraba a EL PAÍS que su minería es “científica, actual y rigurosa”. El comité del programa MaB (Hombre y Biosfera) y la Red de Reservas de la Biosfera deberán determinar ahora si su minería se ajusta a la norma internacional de las Naciones Unidas que protege los montes. La descomunal superficie que Goldquest pretende aprovechar está protegida por dos reservas de la biosfera (Río Eo-Os Oscos-Terra de Burón y Terras do Miño) y un lugar de importancia comunitaria (Serra de Foncuberta) contemplado en la ampliación de la Red Natura, todavía en trámite. Si llega a formalizarse este permiso, la contaminación producida por la futura explotación impactaría de lleno en las cuencas de ríos y en el abastecimiento doméstico de aldeas o villas como Baralla (2.800 habitantes), ya que este tipo de explotación utiliza grandes cantidades de agua y productos químicos para completar el proceso de extracción. Adega alerta en sus alegaciones del previsible vaciado de ríos. En los informes de las Administraciones implicadas en la concesión del permiso no se incluye ningún tipo de zona de exclusión. Ni siquiera se cita la existencia de los afluentes del Eo y el Neira. Y eso que los vecinos de Baralla beben directamente del Neira. Al igual que en la comarca de Valdeorras —donde las canteras han secado y contaminado kilómetros de cauces hasta fulminar cualquier forma de vida—, una decena de kilómetros del Neira “casi seguro seán vaciados ya que discurren en medio de la zona de exploración”. Cualquier actividad minera es incompatible con el nivel de protección que exige una reserva de la biosfera: conservación total de paisajes, ecosistemas y especies, así como el desarrollo sostenible. Por eso Adega reclama al Comité de Reservas de la Biosfera que elabore un informe vinculante que determine la afección del proyecto minero. La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) alertó en abril a esta comisión solicitando una “evaluación científica y objetiva sobre el impacto de este permiso de investigación y su futura explotación” para ser remitida posterirormente a la Unesco. Adega quiere que la Dirección Xeral de Conservación de la Natureza “cumpla sus funciones” y delimite los efectos sobre el LIC Serra de Foncuberta. Los ecologistas piden a la Xunta que no se apruebe la licencia solicitada por Goldquest, la paralización de permisos hasta que se apruebe la nueva ley de minería y la delimitación de zonas de exclusión ante cualquier actividad minera. Adega cree que este repentino interés empresarial por los metales preciosos responde a una “burbuja especulativa” que la Xunta agita convirtiendo en zona minera toda la comunidad a través de un nuevo plan minero, aún en trámite. “El interés por yacimientos de metales preciosos conocidos y hasta hace poco descartados, obedece a burbujas especulativas fomentadas por el sistema capitalista que poco o nada tienen que ver con una demanda real”, explican. En sus alegaciones recuerdan que el beneficio “sale hacia los inversores internacionales”. Concluyen asegurando que sus efectos sobre el empleo local serán negativos ya que “se crearían puestos de trabajo temporales, pero se destruiría la base agropecuaria y forestal que sustenta la economía local”. El País
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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