La prensa y los medios de comunicación en general nos brindan a
diario una visión bastante maniquea, manipulada y distorsionada de la
realidad: los victimarios o delincuentes, promotores del flagelo del
contrabando en el occidente venezolano resultan ser los indígenas de la
etnia wayuu.
Consideraciones geopolíticas y económicas:
Twitter: @patriadiversa
Correo: traslashuellasdeamerica@gmail.com
La guerra contra Venezuela no ha cesado
Por: Corriente Bolivariana Guevarista CBGTwitter: @patriadiversa
Correo: traslashuellasdeamerica@gmail.com
En reiteradas oportunidades hemos
alertado sobre el conflicto social colombiano, sus implicaciones
políticas, militares, sociales, culturales y económicas en la
estabilidad de Venezuela.
Igualmente hemos repetido hasta la saciedad, emulando al Comandante Hugo Chávez, que la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la región sur americana.
Hoy el estado occidental del Zulia, Venezuela,
atraviesa por una especie de convulsión social producto de la
especulación, acaparamiento, inflación y alto costo de la vida y el
desangre diario generado por el estruendoso delito -ataque indirecto
contra el Estado- contrabando de alimentos y rubros que llevan a cabo
bandas criminales de capital colombiano, específicamente del
narcotráfico y el paramilitarismo.
La prensa y los medios de comunicación
en general nos brindan a diario una visión bastante maniquea, manipulada
y distorsionada de la realidad: los victimarios o delincuentes,
promotores del flagelo del contrabando en el occidente venezolano
resultan ser los indígenas de la etnia wayuu.
De fondo no hay ningún análisis sobre el
problema estructural que alimenta, indirectamente, esta red criminal de
contrabando y lavado de capitales, amparada por sectores políticos de
derecha y de algunos funcionarios de instituciones de Estado, así como
de importantes sectores militares, corrompidos y sin ningún compromiso
con la soberanía nacional.
Vale acarar que en ningún momento hemos
estado de acuerdo con la solución militar que desde el Gobierno se le ha
querido dar al asunto del contrabando. Primero porque se trata de un
asunto que trasciende los controles terrestres, marítimos y aéreos para
evitar la fuga de alimentos, combustibles y demás rubros, es económico y
político, en todo caso.
Económico por lo que dijimos: sectores
del narcoparamilitarismo de Colombia blanquean sus capitales con compra
de propiedades en los estados fronterizos, y estimulan el delito del
contrabando; político porque a través de este flagelo la derecha y la
oligarquía colombiana, y sobre todo los Estados Unidos, ven la
oportunidad de poner a Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana de
rodillas.
El triunfo no fue suficiente
Con breve introducción queremos retomar
casi textualmente dos trabajos que la CBG escribió para contribuir con
el debate de las ideas, pero al mismo tiempo para presentarla como
propuestas para que la Revolución Bolivariana dejé de mirarse el ombligo
y logre visualizar con diafanidad la realidad que atravesamos.
Nos referimos a los artículos Salutación de la Corriente Bolivariana Guevarista al Comandante Arias Cárdenas y el pueblo zuliano ( http://www.aporrea.org/ideologia/a157187.html) y Lo necesario a la luz de la coyuntura actual ( http://kaosenlared.net/america-latina/item/60167-lo-necesario-a-la-luz-de-la-coyuntura-actual.html).
Sin desmeritar otros análisis que hemos venido haciendo queremos recoger estos porque mantienen vigencia.
Hace unos meses decíamos que con el
triunfo electoral del comandante Francisco Arias Cárdenas en la
Gobernación del Zulia. “Con las elecciones regionales celebradas en
diciembre de 2012 en Venezuela el panorama político asomó nuevas perspectivas”, asomábamos.
Y agregábamos que “no solo se ganó el
estado más importante del occidente venezolano, sino que se derrotó el
proyecto separatista encabezado por sectores de la derecha política e
intelectual del Zulia y de la burguesía colombiana”.
Con las victorias de diciembre en el
occidente venezolano (estado Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida y Apure)-
se reafirmaría un asunto de Estado: la redimensión del tema geopolítico,
bien entendida por Chávez. Le daríamos, pues, un duro golpe al concepto
político de republiquetas y/o política feudal y comenzaríamos a
construir el proyecto del Estado nacional socialista.
“Se reivindica como nunca el asunto
geopolítico: la estabilidad social y política del Zulia depende de la
estabilidad geopolítica del occidente venezolano y de la estabilidad
política de Colombia”, decíamos.
Pero el triunfo electoral no fue suficiente. Veamos de manera íntegra uno de los análisis escritos recientemente por la CBG.
Inestabilidad
Resolver el problema de seguridad
ciudadana de los zulianos, de contrabando de combustibles y alimentos,
del tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico,
tiene que ver con la dimensión que se le dé a la geopolítica.
Bien lo advertía el Presidente Hugo Chávez el pasado 27 de marzo de 2011 durante un Aló, Presidente transmitido
desde el Sur del Lago de Maracaibo: sectores de derecha del Zulia y de
la burguesía colombiana, aupados por Estados Unidos, promovían el
proyecto de secesión del occidente venezolano (Zulia, Táchira y Apure)
cual Media Luna de Bolivia.
El Comandante Chávez ya lo había
denunciado el 3 de octubre de 2010; incluso, lo hizo el ex
vicepresidente de la República José Vicente Rangel, el 31 de enero de
2011, cuando develó que existía una movilización de paramilitares
colombianos hacia territorio venezolano, fundamentalmente hacia el
suroeste del estado Zulia.
No olvidemos tampoco que uno de los
mecanismos para generar inestabilidad en el occidente venezolano, y
concretar la tesis de secesión, ha sido la compra de tierras (haciendas y
fincas) en el pie de monte de la Sierra de Perijá (sub región Guajira),
Sur del Lago, incluso en Táchira.
Con ello estarían promoviendo corredores
geopolíticos estratégicos para cultivar y sacar drogas que serían
exportadas desde Maracaibo; y además consolidar grupos armados que al
final de cuentas se comportarían del mismo modo que los grupos
paramilitares de Colombia.
Hablamos de redes de narcotráfico que
fueron promovidos por los gobiernos de Manuel Rosales y Pablo Pérez,
quienes a través del Instituto de Estudios Fronterizos del Zulia,
financiaron la compra de haciendas bajo el pretexto de la siembra y
producción agropecuaria.
Otra modalidad de apropiación de
espacios sociales determinantes para la tranquilidad ciudadana en el
Zulia, ha sido la compra de locales comerciales (lavado de dólares) y la
promoción de préstamos de dinero (chantaje comercial) que tienen como
propósito dominar este sector; las zonas de mayor influencia han sido
las siguientes: centro de la ciudad, La Limpia, Curva de Molina, Los
Plataneros, entre otros sectores de Maracaibo.
Paramilitarismo, delincuencia y contrabando
La delincuencia, el secuestro, la
organización de bandas criminales amparadas por grupos paramilitares, la
incursión de éstos en territorio venezolano, el contrabando de
alimentos y combustibles, el lavado de dólares provenientes del
narcotráfico, son producto de la aplicación del Plan Colombia y del
desplazamiento de gran parte de nuestros compatriotas hacia este país
hermano.
Solo por las trochas de la Guajira,
estado Zulia, salen mensualmente alimentos y 12 millones 720 mil litros
de combustibles, según los trabajos de inteligencia y registros que la
CBG viene realizando en los últimos años en las zonas rurales, con el
apoyo de líderes sociales y organizaciones de base.
Esta cifra puede haber variado, pues el
fenómeno ha tenido un repunte y hoy no solo se llevan el combustible y
el alimento sino también la cabilla, el cemento, productos de primera
necesidad, medicinas, entre otros.
Estos índices pueden ser preocupantes en
términos numéricos. En realidad representan una pérdida para el Estado
venezolano. Pero como se trata de un asunto de Estado otros elementos
alarman aun más: el fortalecimiento de las bandas criminales, del
narcotráfico y paramilitares que operan en Colombia (y desde Venezuela) porque pudieran estar amenazando la estabilidad política de la Revolución Bolivariana.
A todo esto se deben agregar otras
situaciones que también generan descontento y desequilibrio psíquico en
el venezolano común: escasez de alimentos, racionamiento eléctrico,
cultura de la corrupción y chantaje tanto en la esfera pública como en
la privada, fortalecimiento de la boliburguesía, la desatención a las
misiones sociales Barrio Adentro y Mercal, mercado especulativa sin
control, y el problema de las divisas para la importación, improducción
nacional a pesar de los esfuerzos del Gobierno, entre otros.
Todo esto puede generar protestas contra
el gobierno. Se pueden prever por lo tanto dos posibles terrenos:
invasión militar o desestabilización social permanente (promoviendo la
ingobernabilidad para que la derecha venezolana se presente como opción
política). Además desfigura la propuesta revolucionaria como opción de
vida.
Para evitar un estallido social y
político en la frontera, en el caso del contrabando de combustibles y
alimentos, el Gobierno debe presentar un plan social, económico y
productivo, y cultural, que permita invertir la realidad.
Las manifestaciones que ha dado el
Gobierno han sido, en todo caso, o paternalistas o militares represivas,
como es el caso de la entrega de créditos y alimentos a las comunidades
yukpas que reclaman tierras ancestrales en la Sierra de Perijá; o el
del contrabando de combustibles y alimentos en la Guajira que han
pretendido controlarlo con mayor presencia y operativos militares.
Hay una impotencia ciudadana
generalizada, tanto en las urbes como en las zonas rurales fronterizas,
porque el Estado no ha dado una solución estructural para garantizar la
paz y la estabilidad ciudadana.
Consideraciones económicas y políticas
Existe un incremento en la importación
de alimentos y otros rubros demandados; igual con el tranque en la
entrega de divisas, y la no menos preocupante guerra económica de la
burguesía (acaparamiento, especulación), más el contrabando de
combustibles y alimentos, y que todo ello pone en peligro la estabilidad
política de Venezuela.
Algunos temas como el de alimentos
pudieran verse de manera coyuntural, porque en otras ocasiones se
manifiestan con determinados objetivos (acaparamiento en pleno proceso
electoral) y se resuelven luego que baja la presión política; pero dado
el carácter que ha adquirido se ha convertido en un problema estructural
que pudiera restarle respaldo popular al Gobierno Bolivariano y darle
piso político a la oposición para que convoque en dos años un referendo
revocatorio contra Maduro.
Otro de los elementos en términos
económicos, que creemos se debe revisar es el de la lógica del subsidio:
el Gobierno Bolivariano viene soportando desde hace 14 años el subsidio
del consumo de la población (alimentos, transporte, combustible,
electricidad, servicios de gas y agua).
No está mal que estimulemos y
satisfagamos las necesidades materiales del pueblo, y con ello, por
ejemplo, nos anotemos como uno de los pocos países reconocido por la FAO
por garantizar hasta cuatro papas diarias a los venezolanos.
Lo que queremos decir es que en el caso
de los alimentos deberíamos subsidiar la producción, no el consumo, es
decir, incentivar, estimular, promover, financiar y capacitar a los
pequeños y medianos productores para desarrollar el campo, de la mano
con proyectos del Estado.
En este sentido se cree necesario
diversificar la economía, crear alianzas entre el Estado y productores,
mecanismos de distribución y banda de precios según capacidad productiva
de los productores y financiamiento recibido; también sectorizar la
economía y romper con la política centralista que, aunque necesaria, no
deja entrever realidades muy concretas como la de la Sierra de Perijá
del Zulia.
En el caso de la expropiación, aunque
pensamos conveniente algunas, debemos señalar que no siempre rinde
resultados por lo siguiente: falta de cuadros que puedan gerenciar
empresas de Estado, falta de participación de los trabajadores en los
destinos de estas empresas, alta centralización en cuanto a
planificación y decisiones estratégicas.
Recordemos que países como Francia,
Estados Unidos o Alemania han expropiado empresas y esto no significa
que sean socialistas. Es más, casi todas las constituciones del mundo
contemplan esta figura jurídica.
Además de lo señalado anteriormente es
preocupante la ausencia de una política de Estado para la educación en
el sector agrario y del campo, para estimular y motivar a los jóvenes de
las zonas rurales para que se formen en su área y permanezcan en ellas,
sin irse a las grandes ciudades a formarse en carreras que no son
afines a sus realidades y orígenes.
Para salir del atolladero económico que
tenemos actualmente es posible que el Gobierno Bolivariano acuda a las
facilidades que pueda dar el ingreso a MERCOSUR. Sin embargo creemos
que Venezuela debe aprovechar este
espacio para el intercambio tecnológico e industrial y para desarrollar
áreas que han estado estancadas y que pueden contribuir con el
desarrollo económico de la nación.
Lo anteriormente señalado, y lo que
señalaremos a continuación, tiene que ver también con la falta de
planificación y coordinación de ciertas políticas y momentos políticos.
Ponemos un ejemplo en concreto: ante la enfermedad del Comandante Chávez
el Gobierno no se preparó para el tema alimentario y de importación y
ante la siembra del Comandante, y las repentinas elecciones, la derecha
nacional e internacional aprovecharon la situación para generar caos y
la guerra económica.
Como ya señalamos, el Estado debe
transformarse, acabar con el paternalismo, financiar proyectos pero no
seguir financiando un consumo irracional, sin estímulos no materiales.
Venezuela
es el país con mayor demanda y consumo de energía eléctrica y el costo
del servicio no alcanza siquiera a cubrir con los gastos de generación.
¿Por qué sucede? No hemos acabado con el Estado burgués y seguimos
vivienda bajo la lógica del consumo; aunque construyamos más casas no
necesariamente estaríamos transformando la realidad social del
venezolano y eso, estamos seguros, lo entiende el camarada Maduro.
Ni capitalismo de Estado
Todo a costa de los dólares de las
reservas del Estado venezolano. Recordemos que somos un país
monoproductor de petróleo, que depende de la renta petrolera para
importar insumos, maquinarias, alimentos, productos de primera
necesidad, artículos de todo tipo, necesarios o no, a través de la
burguesía parasitaria comercial tradicional, y de a denominada
boliburguesía.
Es decir, el panorama de la Venezuela
de las primeras tres décadas del siglo XX no ha cambiado. Vivimos en
una especie de capitalismo incrustado en una estructura económica que ni
siquiera ha desarrollado sus fuerzas productivas. La burguesía, y los
gobiernos de derecha que la ampararon, desde 1830 hasta nuestros días,
no han sido capaces de desarrollar un proyecto nacionalista, ni la
industria nacional ni la identidad del país.
La teoría de la economía dependiente, expuesta en los años sesenta, sigue vigente en Venezuela. Consumimos, importamos, consumimos e importamos. No alcanzamos ni siquiera la categoría de capitalismo de Estado.
Anexionismo
La tesis de apropiación del occidente venezolano tiene raíces históricas coloniales que se deben tomar en cuenta.
La idea separatista y la constitución de
un Estado paralelo entre Caracas y Bogotá para obtener una salida al
mar Caribe por el Lago de Maracaibo ha sido una constante de la clase
comercial y burguesa de Colombia.
Cuando Venezuela
fue erigida como Capitanía General (1777), los pobladores de Santander
pidieron la anexión de Maracaibo porque entre ambas provincias existían
más vínculos comerciales que entre Maracaibo y Caracas.
Maracaibo, en lo tiempos coloniales, era
el principal puerto del oriente colombiano y del occidente venezolano,
necesario para la salida rápida y segura hacia el Caribe y Europa de los
rubros producidos en las plantaciones colombianas.
Las rutas comerciales tradicionales de
Arauca, Santander, Cesar y Guajira siempre han estado conectadas con el
occidente venezolano, por el Sur del Lago de Maracaibo o el norte del
Zulia; esto le permitía a los productores y comerciantes poner de manera
rápida y segura sus rubros en el Caribe, Europa, y la costa este de
Estados Unidos.
La vía más rápida, utilizada desde el
Virreinato de Santa Fe de Bogotá para importar o exportar mercancías era
San Cristóbal, conectado con el Lago de Maracaibo a través del río
Táchira.
Después de 1811, los dirigentes
políticos de Santander reasumieron de nuevo la idea de anexar a
Maracaibo (1812). Recordemos también que San Cristóbal y Cúcuta (1825)
plantearon la necesidad de crear una provincia paralela a Bogotá y
Caracas, aunque nunca tomó cuerpo esta idea.
Otros hechos han mantenido latente el
proyecto separatista, como la solicitud (1858) que hiciera el general
Vicente Herrera, gobernador de Cúcuta, de anexar nuevamente a Maracaibo
como espacio vital para Santander; como de igual forma pidió el ex
alcalde de Cúcuta (1999), Antonio Gelves.
Los anexionistas apátridas
Estas pretensiones no han cesado y se
han manifestado hasta nuestros días, hasta el punto de encontrar eco en
la intelectualidad reaccionaria del Zulia y los hoy salientes
administradores de la Gobernación del Zulia (Manuel Rosales y Pablo
Pérez).
Durante el gobierno de Manuel Rosales
hubo una manifestación pública con marcado interés separatista. El
denominado grupo Rumbo Propio desde donde se promovía la “autonomía”
zuliana. Detrás de este movimiento estuvo Manuel Rosales. Recordemos la
consigna de Rumbo Propio: “No al socialismo, si al autonomismo”.
Plan Colombia
Hoy, detrás de este proyecto de anexión
hay un autor intelectual o interesado de primer orden: Estados Unidos.
La mayor evidencia de esta tesis la encontramos en el Plan Colombia y en
la frase del entonces congresista estadounidense Paul Coverdel (2000),
quien afirmó que para controlar Venezuela necesario era militarizar Colombia.
Con el Plan Colombia, durante la
presidencia de Andrés Pastrana, no solo se echó por tierra los diálogos
iniciados con las FARC sino que se le dio el impulso definitivo a las
fuerzas paramilitares: éstas se apoderaron de importantes zonas de
Colombia y el número de personas masacradas entre 1998 y 2000 se
quintuplicó según cifras aportadas por el mismo Ministerio de la Defensa
de Colombia, como bien lo reseña el periodista Hernando Calvo Ospina en
el libro El terrorismo de Estado en Colombia.
El Plan Colombia fue redactado en
Estados Unidos y aprobado por el Congreso de ese país, con la anuencia
del ex presidente William Clinton y la secretaria de Estado Madeleine
Albright. Su objetivo principal era consolidar y reforzar el aparato
militar de Colombia para vencer a la insurgencia, además de pretender
involucrar a Venezuela en el conflicto porque este país hermano es rico en petróleo, gas, oro, bauxita, agua dulce, tierras cultivables, entre otras.
A propósito del petróleo, Venezuela tiene la reserva de crudo más grande del planeta en la Faja del Orinoco.
Para 2001 el Congreso de Estados Unidos
había aprobado 85% del presupuesto para reforzar el aparato militar del
gobierno colombiano, mientras que apenas 8% fue destinado para la
sustitución de cultivos ilícitos.
Para 1999 Colombia se convirtió en el
primer país que mayor ayuda recibiría de los Estados Unidos, incluso por
encima de Turquía y casi equiparado a Egipto. En fin, el Plan Colombia
fue diseñado para perpetuar la guerra y extenderla al hemisferio, pero
sobre todo al occidente venezolano y sus estados fronterizos.
Esto demuestra que la política del
Estado colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos, ha estado
dirigida a perpetuar la guerra como negocio y modo de vida para
garantizar la máxima del capitalismo: acumular más y más riquezas en
detrimento de las grandes mayorías.
En Colombia vivimos la misma suerte de Venezuela
desde finales de los años ochenta desde el punto de vista económico y
social: las políticas neoliberales arrasaron con toda posibilidad de
soberanía: las últimas seis décadas significan para nosotros la
apropiación terrateniente y transnacional de la tierra.
Hoy en Colombia 52% de la gran propiedad
está en manos de 1,15% de la población, como señala el estudio
“Colombia rural, razones para la esperanza”, del Programa para el
Desarrollo de la ONU (PNUD).
Hoy el terrorismo de Estado en Colombia
deja más de 6 millones de desplazados que fueron expulsados de un
volumen de entre 6 y 7 millones de hectáreas. Este panorama dantesco
evidentemente está relacionado con la guerra que vivimos hace más de 50
años.
Es decir la estructura económico social
instaurada en Colombia en los últimos 25 años y la aplicación del modelo
neoliberal a finales de los años 80 limitaron las funciones del Estado
con la aplicación de la denominada “apertura”, que no fue otra cosa que
la internacionalización del capital, la precarización del trabajo, el
arrase de las tierras cultivables, la privatización de los servicios
públicos y la perpetuación del sistema social de exclusión.
12 de agosto de 2013
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