Mariano nos vuelve a tratar como estúpidos presentándose como “traicionado por alguien en el que confiaba” y manteniéndose firme en su decisión de no dimitir
Toussaint Louventure
Esta mañana se ha representado la comedia parlamentaria más esperada en los últimos días,
la comparecencia del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para “dar
explicaciones” acerca de las afirmaciones del ex tesorero de su partido,
Luis Bárcenas, que sostiene que el Partido popular se ha estado
financiando con dinero negro los últimos 20 años y que los principales
cargos de dicho partido, incluido el propio Rajoy, han cobrado
sobresueldos ilegales de dinero negro. La comparecencia llevaba siendo
reclamada desde hace días por parte del conjunto de partidos de la
oposición, que han llegado a amenazar con presentar una moción de
censura si el presidente no comparecía en la cámara.
El conjunto de las intervenciones, tanto las provenientes del presidente como el conjunto de la oposición, se han mostrado perfectamente como partes de una comedia “bufa”.
Duras acusaciones, denuncias de conspiraciones, aireo de trapos sucios,
vanas aclamaciones sobre el “Estado de Derecho”, la “responsabilidad
política”, la “actuación de los tribunales” y la “regeneración
democrática”. En primer lugar las intervenciones del Presidente para
defenderse y aclarar el caso “Bárcenas” no han sido más que un
contraataque burdo de acusaciones contra los partidos de la oposición,
en especial el PSOE, el Presidente se ha presentado ante la cámara como
la víctima, víctima de un amigo en el que confiaba y que luego le
defraudó y traicionó, víctima de unos medios de comunicación que quieren
hundirle su carrera a costa de todo, víctima de una oposición miserable
y sin ideas que quiere hacerle caer sin importarle “el daño a la imagen
internacional de su país”. Se ha renunciado, cual guerrero imbatible, a
dimitir y dice que seguirá al frente “hasta sacar a España del
atolladero”. Poco o nada ha respondido el presidente acerca de las
múltiples evidencias que le implican en el cobro de sobresueldos en
negro y se ha limitado a pedir para él mismo la presunción de inocencia.
Por su parte el líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE,
representado un papel patéticamente parecido. Se ha presentado como el
“acusador de hierro”, enumerando todos los oscuros recovecos del Caso
“Bárcenas” y recordándoselos al presidente. Se ha presentado con el
acusador popular, de un pueblo ofendido y ultrajado que se ha visto
traicionado por este gobierno debido a los sucesivos casos de
corrupción. Por último advirtiendo “el daño que la corrupción hace a la
democracia española” y el peligro “de berlusconización de la política
española”, ha conminado al Presidente del Gobierno a dimitir. La
acusación por parte de este sujeto no deja de ser parte de una comedia
hipócrita al erigirse él (y su partido), como “guardianes de la
moralidad”, recordemos que fue vicepresidente del gobierno Zapatero cuyo
Ministro de Fomento, José Blanco estuvo imputado por un delito de
corrupción Operación Campeón, un caso de cobro de comisiones por parte
de varios cargos políticos de distintos partidos, o como cuando era
Portavoz del Gobierno en el gobierno de Felipe González mintió acerca de
la relación del gobierno con el Terrorismo de Estado de los GAL.
El resto de intervenciones fue más de lo
mismo, acusaciones, fustigaciones por el daño que la corrupción hace a
la “política”, lecciones cristianas de moralidad y honradez, peticiones
de “regeneración democrática” de la política. En definitiva una
tragicomedia en donde los distintos grupos se mostraban “indignados” y
se lazaban acusaciones unos contra otros con toda atención mediática.
Cabe resaltar que la inmensa mayoría de los grupos representados en el
Parlamento, se han lanzado a descuartizar a los corruptos, Rajoy,
Bárcenas, Cospedal, etc.…
Pero no han dicho ninguna palabra sobre los corruptores,
es decir los que han emitido las donaciones de dinero negro para
sostener al Partido Popular que no eran otros que grandes empresas y
bancos, Mercadona, Banco Popular, Sedesa, Lubasa Desarrollos inmobiliarios, Orange Market…
Que la mayoría de los grupos de la oposición se centren en quienes
fueron sobornados, corrompidos y a que se destinó el dinero negro y no
por quienes y con qué fin aportaron el dinero mostraría sin lugar a
dudas la naturaleza de la “democracia” dentro del sistema capitalista,
un sistema que en teoría representa la “soberanía popular” y la
“voluntad de los ciudadanos” en realidad sus principales adalides
políticos de los distintos partidos mayoritarios se encuentran, en mayor
o menor medida, ligados a los intereses de los grandes empresarios por
múltiples mecanismos, cobro de comisiones, financiación de campañas,
contratación de ex cargos políticos como asesores y consejeros de
grandes empresas…. Todo esto junto al cuidados control de los medios
comunicación y adoctrinamiento del capital hacen que esta “democracia”
representativa este atada y bien atada, el parlamento en vez de ser un
lugar de participación ciudadana para atender a los verdaderos problemas
es una especie de espectáculo de comediantes donde cada cual interpreta
un papel mientras el conjunto de las decisiones se toman a otras
esferas.
Así no es de extrañar que mientras los grandes empresarios y banqueros son amnistiados,
podríamos recordarle al señor Rubalcaba como el gobierno en el que él
estaba amnistió al banquero Emilio Botín a cambio de la condonación de
las deudas del PSOE con banco Santander, y son beneficiados de las
múltiples leyes que aprueban los sucesivos gobiernos, amnistía fiscal,
reformas laborales, privatizaciones…. Todas en beneficio de los grandes
oligarcas en detrimento de los intereses de las grandes mayorías. Es por
ellos que frente al proyecto de España que han construido las clases
dominantes, los trabajadores y las clases populares debemos iniciar la
construcción de nuestro proyecto propio de país. La construcción de nuestro proyecto propio de país debe pasar por la construcción de una verdadera democracia popular
en donde se facilite la participación directa de los ciudadanos en
asuntos públicos, en donde se haga efectiva la rendición de cuentas ante
los ciudadanos y su revocabilidad inmediata en caso de que sus
electores consideren que no cumplen con sus deberes.
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