Julián Gonçalvez
Una vez más
comprobamos como las grandes empresas utilizan el estado para sus
propios intereses. En esta ocasión, a través del Real Decreto 1699/2011,
arremeten contra uno de los mayores avances que se han realizado a
favor del medio ambiente y del bolsillo de aquellos que menos tenemos
las energías renovables de autoconsumo.
Hasta ahora
existía una tendencia a lo que se denominaba autoconsumo, es decir, a
conseguir energía propia para satisfacer las necesidades de cada uno a
través de los paneles fotovoltaicos (placas solares) y la minieólica
(pequeños molinos de viento). La subida en la tarifa de la luz, con la
crisis como excusa, y una reducción de casi el ochenta por ciento en el
coste de estas energías renovables, han permitido un avance paulatino
del autoconsumo. Con una inversión razonable, uno podía instalar un
medio renovable de producción de energía y ahorrarse el pico de la
factura de la luz, amortizando el coste en unos pocos años. Además, si
se producía energía extra, esta podría verterse a la red pudiendo
llevarse algunos beneficios extra.
Bien, pues
con la nueva ley que pretende sacar el Gobierno con la declarada
intención de reducir el ritmo de crecimiento del autoconsumo, no solo
impondrá un peaje a las energías renovables, lo cual encarecerá su
coste; sino que prohibirá verter la energía extra en la red y a través
del aumento del coste fijo de la electricidad provocará que la
amortización de las instalaciones renovables sea a más largo plazo.
El proyecto
presentado pretende grabar con un peaje superior a las energías
renovables que a las eléctricas convencionales. Esto cumple un papel
clave en el mantenimiento del monopolio de las grandes empresas
energéticas de nuestro país. Estas poseen un control absoluto sobre el
mercado energético, que supone uno de los sectores clave de nuestra
economía. El hecho de que surja una nueva vía de suministro de energía
fuera de su control fastidia el negocio a estas empresas, reduciendo su
margen de beneficio. Mientras más se desarrollen medios alternativos de
obtención de energía, menos necesitará la gente de su servicio, mientras
más se desarrolle el autoconsumo, menos poder tendrán y menos tendremos
que soportar el robo que bimensualmente hacen a nuestros bolsillos.
Estos empresarios no pueden permitirlo y por ello recurren a sus
políticos, que como buenos perros guardianes de sus intereses sacan a la
luz esta ley que mira únicamente por sus intereses.
Hay que
entender la gravedad de prohibir que particulares y empresas vuelquen la
energía extra que consiguen a la red eléctrica. Ellos hablan en el
proyecto de impedir la contraprestación económica, pero no se contempla
lo que se conoce como balance neto, es decir introducir energía a la red
y luego sacarla sin coste. Por lo tanto, dado que no hay beneficio de
ningún tipo, aquellas personas que antes transmitían la energía captada a
la red, se ahorrarán los gastos que esto supone, y, dado que también
está prohibido tener acumuladores, se desperdiciará un montón de
energía.
Esto es una
clara muestra de uno de los absurdos más grandes que se encuentran en
este sistema. Actualmente las energías renovables han demostrado que son
más eficaces y rentables para el conjunto de la población; por lo tanto
hay cientos de focos de producción mucho más baratos y ecológicos a lo
largo de toda la red eléctrica, pero en su lógica del máximo beneficio
para sus empresas, prefieren seguir aumentando sus ganancias a través
medios más caros (siempre serán más caro el combustible necesario para
producir energía en centrales termoeléctricas o nucleares, que recoger
los rayos del sol) y dañinos que aprovechar toda ese energía generada. Ellos mismo destruyen los avances tecnológicos de la humanidad por el objetivo del máximo beneficio.
Y ahora
vamos con lo más sangrante, el cambio en el cobro de la luz. Con la
nueva ley se pretende aumentar el precio del coste fijo (el mínimo de la
luz) y reducir el variable (todo lo que está por encima) manteniendo el
precio de la luz a un valor similar pero teniendo varias repercusiones.
La primera, quien gaste más en relación paga menos, es decir a los
grandes derrochadores de energía les saldrá rentable, pero una vez más,
esa rentabilidad vendrá de nuestro bolsillos, pues aquellos que gastamos
menos, pues no somos grandes empresas, deberemos pagar más de lo que
gastamos para que a ellos les salga más barato. Lo cual también se
traslada a los impuestos del Estado, pues el hecho de un coste fijo
mayor supone un ingreso mayor de impuestos, así que nos quitan
doblemente, primero por pagar la energía que no consumimos y segundo
pagando los impuestos extras que han puesto con la excusa de la crisis
para que paguemos la deuda que no hemos generado.
Para el
mercado de las renovables esto es desastroso, el ahorro que antes
suponía el autoconsumo venía del gasto variable, al reducir el precio de
este y el gasto fijo incluir la mayoría del consumo del cliente, la
rentabilidad económica se reduce de manera sustancial, suponiendo a las
familias mucho más rentable seguir con la eléctrica tradicional. En
conclusión, se salen con la suya y nos siguen sangrando.
Está
claro que mientras estas empresas tengan cogida por el mango la sartén
del Estado seguirán aprovechándose de esta circunstancia. A
estos empresarios no les interesa renovar, ni les interesa el medio
ambiente, ni tampoco les importan nuestros bolsillos. Lo único que les
importa son sus ganancias. ¿Tan difícil es pensar, que en este país -que
de viento y sol vamos sobrados- terminarían siendo más rentables estas
energías? Al fin y al cabo, si todos generásemos nuestra energía
compartiendo y gestionando de manera colectiva tanto las fuentes de
energía renovable, como los medios de obtención de ésta, así como el
excedente de energía que se produzca, todos podríamos seguir teniendo
las comodidades de la electricidad sin que nadie pudiera extorsionarnos
debido al control férreo de un puñado de empresarios sobre este bien tan
preciado.
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