Por Eugenio Fernández – Canarias-semanal.org
En la tarde del pasado viernes, 25 de julio, los vecinos de Las Mesas eran
sorprendidos por un espectacular despliegue policial que tomaba,
literalmente, la calle La Orotava de este barrio grancanario. La
sorpresa se convirtió en abierto temor cuando uno de los agentes realizó un disparo al aire, provocando el comprensible desconcierto de los residentes.
Según la versión oficial sobre los acontecimientos, reproducida sin
ningún cuestionamiento por las agencias y la prensa local, el disparo se
realizó “con un artefacto con dinamita pero sin proyectil”, en respuesta a los “objetos”
que los miembros de una familia a cuyo domicilio había acudido la
policía por una reclamación judicial comenzaron a lanzar sobre los
agentes. Tras el disparo efectuado, acudieron al barrio un helicóptero de la Policía Nacional y cerca de una treintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad Policial Preventiva y de Reacción Rápida (UPR), quienes procedieron a cortar la calle.
La utilización de armas de fuego en la intervención policial, hasta
ahora absolutamente inusual en el Archipiélago, se producía solo dos
semanas después de que la Policía Nacional también realizará dos
disparos en otra actuación realizada en el barrio capitalino de Cruz de Piedra.
En esa ocasión, testigos de los incidentes aseguraron que los mismos se
desataron porque uno de los policías, tras esposar a un joven que
circulaba en motocicleta sin llevar el casco, “le dio una patada, lo tiró al suelo” y luego “le pisó el cuello mientras se encontraba inmovilizado e indefenso”. Otra de las vecinas que presenció los hechos manifestó a la cadena televisiva Antena 3 que la policía llegó incluso a “empujar a personas mayores” y a “dar golpes a algunos niños” que estaban en el lugar.
Días después, la Unión Federal de Policía (UFP) emitía
un comunicado en el que defendía la polémica actuación de los agentes
que habían participado en el operativo. Según la UFP, la decisión de los
policías de efectuar “dos disparos al aire con munición detonadora”, para “disolver a la masa”, se produjo después de que los vecinos, “que llegaron a triplicarlos en número, comenzaran a tirarles piedras desde distintas posiciones”. Tras los hechos acaecidos en Las Mesas el Sindicato Unificado de Policía se ha pronunciado en el mismo sentido, manifestando “su apoyo” a los agentes implicados en ambos operativos.
Según el SUP, las actuaciones policiales “se llevaron a cabo con total respeto al ordenamiento jurídico y a los principios básicos de actuación”. El sindicato policial también ha lamentado lo que califica como “pasividad de la Jefatura Provincial en la defensa de los policías” que –sostienen- “actuaron
con total profesionalidad y con riesgo para su integridad física en el
cumplimiento de los deberes que tienen encomendados”. El SUP afirma, asimismo, que “unidades
como las UIPs, UPR, Gor de distritos y Grupos de Atención al Ciudadano
entre otros, demuestran día a día su vocación de servicio público,
capacidad, profesionalidad y buen hacer, siendo reconocido así por la
inmensa mayoría de los ciudadanos”.
ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS POLÉMICOS DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA
Sea como fuere, y más allá de las acusaciones de corporativismo que
pudieran realizarse a los sindicatos policiales, no es la primera vez
que el SUP realiza manifestaciones polémicas por sus implicaciones sociales. En 2012, el Sindicato Unificado de Policía justificó, a través de un comunicado, los interrogatorios a detenidos del 15-M por parte de policías encapuchados, argumentando que los detenidos tenían “contacto con el mundo abertzale“. El SUP,
además, reconocía entonces que no era la primera vez que la policía
llevaba a cabo este tipo de interrogatorios contra detenidos
relacionados con movimientos sociales y similares, aduciendo que hasta
ese momento tal práctica no había recibido ninguna reprobación judicial.
“Como quiera que la primera vez, (el pasado año) se produjo una
denuncia que el juez no admitió a trámite y el fiscal señaló que no
había infracción penal, no dieron al asunto mayor trascendencia y ahora
lo han repetido” -aseguraban en su comunicado. Finalmente, el sindicato calificaba a quienes habían sido interrogados por policías encapuchados como “radicales” y “antisistema”, cargando ambos términos con un evidente sentido peyorativo para intentar respaldar su posicionamiento ante esta práctica.
Aún
más polémico, sin embargo, fue el pronunciamiento efectuado en
septiembre de 2012 por el que fuera, hasta el pasado mes de junio, Secretario General del SUP. Tras las violentas cargas policiales contra los manifestantes que acudieron a la convocatoria de “Rodea el Congreso”, José Manuel Sánchez Fornet no dudaba en defender sin ambages que los agentes antidisturbios no se identificaran y que actuaran con “leña y punto contra los violentos”.
En cuanto a las identificaciones que, según marca la ley, deberían tener visibles estos agentes, Sánchez Fornet manifestó en su cuenta de twitter, que “no las llevan y apoyamos que no las lleven ante organizaciones violentas”.
Formet,
que paradójicamente había llegado a expresar sus simpatías por el 15M
poco después de las aparición de este movimiento, sostenía
posteriormente sus declaraciones ante los numerosos usuarios de la red
social que las reprobaron. “Leña y punto. Esa es la expresión que veo que ha sentado muy mal en quienes ni han leído los tuits anteriores, ni les interesa saber más”- escribía el vocero del Sindicato Unificado de Policía.
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