El sistema energético español ha perjudicado el interés general mientras ha enriquecido a unas pocas empresas y personas
4 de junio de 2013. Nota de prensa de la Plataforma
por un nuevo modelo energético.
Miles de ciudadanos presentarán ante la Fiscalía
contra la Corrupción un escrito para que determine si existió prevaricación o
tráfico de influencias. Consideran que podría existir responsabilidad penal de
Presidentes, Ministros y altos cargos de los diferentes
gobiernos.
El escrito se presentará a la Fiscalía el
miércoles, 5 de junio. Las firmas se están recogiendo a través de la comunidad
AVAAZ.
Miles de ciudadanos presentan un escrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción para
que determine si existió prevaricación y/o tráfico de influencias, y
por lo tanto si se derivan responsabilidades penales, en las decisiones
adoptadas por Presidentes, Ministros y altos cargos de diferentes
Gobiernos, que determinaron la configuración del actual modelo
energético español, gravoso para la ciudadanía y rentable para un reducido
grupo de empresas y personas. Algunos de estos beneficiarios
pudieron tomar decisiones trascendentes desde la Administración, que
resultaron lucrativas para las empresas en las que posteriormente se
integraron.
La ciudadanía ha visto como la factura de la luz se ha
incrementado un 70% en los últimos 10 años, al tiempo que se ha generado
un déficit de tarifa entorno a los 30.000 millones de Euros; mientras
que, en este mismo periodo, las empresa eléctricas españolas han
generado unos beneficios extraordinarios que no han cesado ni siquiera
en los años de la más profunda de las recesiones mundiales conocidas.
Tal y como informó el diario El Economista (31/05/2013) “de cada
cien euros de ingresos que generaron las compañías del sector, en
Europa convirtieron en beneficio 2,6 euros y en España, 6,8
euros. Pero esta
situación no ha sido algo aislado de 2012, sino que está
siendo la tónica general de los últimos años y todo indica que
seguirá en los próximos”.
Las tecnologías generadoras más apartadas de las tres
principales empresas del sector eléctrico, precisamente las
renovables, han sido claramente perjudicadas por la normativa emitida por los
últimos Gobiernos; a pesar de sus innegables ventajas sociales
económicas y medioambientales, en contra de las tendencias
internacionales, las disposiciones comunitarias y de la propia ciudadanía,
puesto que, como indica el Eurobarometro, el 81% de los españoles reclama
un nuevo modelo energético basado en el uso de energías
renovables.
Los ciudadanos pretenden que se depuren responsabilidades
penales, si las hubiera, que se avance hacia un nuevo modelo
energético, social y medioambientalmente responsable y que se inicie la senda
de una regeneración política y social. Las firmas se están
recogiendo a través de la aplicación de Avaaz, comunidad global de
movilización online que integra la acción política impulsada por la
ciudadanía (www.avaaz.org).
El documento que se presenta a la Fiscalía detalla
la aprobación de distintas normas por parte de autoridades
pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que
pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de
tráfico de influencias, porque expresa: “con sus actuaciones
absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas que están
perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y
a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un
pequeño número de compañías del sector”, por lo que considera que “las
pruebas que se adjuntan en el relato fáctico, son suficientemente
notables como para que el presente escrito sea tenido en consideración a los
efectos instructores, solicitándose del Ministerio Público la
investigación de los hechos, de la que con mucha probabilidad
derivarán responsabilidades penales”
El texto recopila, analiza y documenta tanto una sucesión
de medidas aprobadas por la Administración, y que fueron a juicio de
los firmantes, muy perjudiciales para el interés general;
como los puestos a los que posteriormente accedieron las personas que
favorecieron o condicionaron la adopción de dichas medidas y que
posteriormente fueron remuneradas por empresas del sector eléctrico.
Entre otras personas aparecen los Presidentes,Felipe González Márquez
y José María Aznar López; los Ministros Narcís Serra Serra, Luis de
Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes Mira, Ángel Acebes Paniagua, Ana
Palacio Valle-Lersundi, Manuel Marín González y María de los
Ángeles Amador Millán; así como otros altos cargos: José Luis Olivas
Martínez, Miguel Amigo Mateos, Fabrizio Hernández Pampaloni, Joan Majo
Cruzate, Ignacio López del Hierro, Ramón Pérez Simarro, Rosa Rodríguez
Díaz, Braulio Medel Cámara, Fernando Becker Zauzua, Santiago Cobo Cobo,
José Folgado Blanco, Arantxa Medizabal, Joseba Andoni Aurrekoetxez,
Marcelino Oreja Aguirre y Enrique Martínez Robles.
Los ciudadanos firmantes recuerdan en el texto que
“nuestro Derecho establece taxativamente que los órganos públicos sólo
pueden perseguir intereses generales, incurren irremediablemente en
desviación de poder todas aquellas autoridades que realizan actos
aparentemente legales, pero cuya finalidad reconocible no es otra que favorecer
los intereses particulares de un partido político, grupo de presión,
etc.” e indican que “no tenemos capacidad suficiente como para poder
definir la perpetración de este tipo punitivo en ninguna de las
personas que se describen en este documento. Sin embargo, sí nos parece
que la situación es lo bastante grave como para que el
Ministerio Fiscal
realice las pesquisas necesarias para su correcta
evaluación”.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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