Tanto el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, como la directora general, Beatriz Viana, ya han recibido instrucciones para que eviten proceder contra la hija del rey. La monarquía es especie protegida.
La dirección de la Agencia Tributaria tiene
instrucciones muy claras de su responsable directo, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los representantes del Fisco en
el procedimiento judicial del caso Nóos eviten a toda costa perseguir o
acusar a la hija del rey, Cristina de Borbón y Grecia, a pesar de que
el instructor de la causa, el magistrado José Castro, la imputó por
haberse beneficiado de los delitos fiscales supuestamente cometidos por
su marido, Iñaki Urdangarin, en la administración de Aizóon, propiedad
al 50% de los dos miembros del matrimonio, y el instrumento que
utilizaban para apoderarse de los fondos que lograban de las
administraciones públicas, según aseguran fuentes de la Hacienda.
Y, en este caso, apuntan las mencionadas fuentes, no se
trata de una ocurrencia del ministro. Montoro ha transmitido a sus
subordinados una decisión colegiada del Consejo de Ministros y
especialmente defendida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En el discurso de Navidad de 2011, y a cuenta del
incipiente escándalo del Instituto Nóos, el rey Juan Carlos declaró de
forma solemne que "todos los españoles son iguales ante la ley". Olvidó
precisar que él es el único ciudadano irresponsable ante los
tribunales y que la cuestión de la igualdad no queda tan clara cuando
el objetivo de la Justicia se apellida Borbón y, además, es su hija. El
Gobierno está decidido, aun así, a minimizar tanto como pueda la grave
crisis institucional en la que está sumida España.
Incluso si el precio es dejar en evidencia al jefe del
Estado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho balance en los últimos
días y está dispuesto a transmitir el mensaje de que unos españoles son
más iguales que otros ante la ley. A pesar de que el partido del
Gobierno vive su particular via crucis con el caso Bárcenas.
Primero la cadena de mando de la Fiscalía obligó al
representante del Ministerio público en el caso Nóos, Pedro Horrach, a
recurrir la decisión del juez instructor del fraude a las
administraciones a recurrir la imputación de la infanta Cristina, la
única integrante del consejo de administración de Nóos que no estaba
imputada. Horrach cumplió las órdenes del fiscal general del Estado,
Eduardo Torres Dulce y del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.
Horrach logró su objetivo cuando la Audiencia de Palma
decidió anular la decisión del juez Castro de imputar en la causa
principal del caso Nóos, por el que estudia pedir hasta 17 años de
cárcel para Urdangarin, una condena que se vería reducida a 4 años si
el duque consorte de Palma admite su culpa y devuelve el dinero
defraudado a las administraciones. Aún así, de los tres magistrados de
la Audiencia que tomaron la decisión, uno emitió un voto particular que
defendía la actuación del juez Castro.
Un fallo abierto
Y el auto final, a pesar de que desestimaba la
imputación de la infanta en la causa principal, sugería que Cristina de
Borbón sí podía ser imputada por delito fiscal. Castro aprovechó esta
última grieta en el fallo de la Audiencia –que, por cierto, no
descartaba definitivamente la imputación de la infanta, sino que
invitaba al instructor a recabar más pruebas– y, apenas unos días
después la imputó por delito fiscal sin que Horrach pudiera hacer nada
porque, al fin y al cabo, el juez estaba siguiendo la doctrina de su
instancia superior.
En las últimas semanas, Montoro se ha mostrado tajante
con el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, y con la
directora general del organismo, Beatriz Viana: deben asegurarse de que
la Hacienda pública no acusa a la infanta aunque finalmente Castro
logre imputarla en el procedimiento. Los responsables de la Agencia
Tributaria tienen que aleccionar a todo el cuerpo de abogados del
Estado, no sólo a los de Palma.
Es cuestión de días que Castro remita la parte de la
causa que afecta a la Comunidad Valenciana al Tribunal Superior de la
comunidad ante la inminente imputación del expresidente de la
Generalitat, Francisco Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, ambos aforados porque son diputados autonómicos. Así que la
Abogacía del Estado de Valencia también tiene que estar al día de las
instrucciones del Gobierno de evitar acusar a la infanta Cristina.
Está por ver si Horrach recibe instrucciones en el mismo
sentido. Su papel de abogado de los Borbón en Palma, a pesar de que el
caso ha avanzado por la estrecha colaboración del fiscal anticorrupción
con el juez Castro, ya le ha quemado suficiente y, de repetirse, un
buen fiscal podría verse carbonizado. Además, aunque el fiscal acuse,
si la Abogacía del Estado considera que no ha habido perjuicio para las
arcas públicas, es difícil que la infanta llegue a sentarse en el
banquillo.
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