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David Ubico Soler
En ese camino están para garantizar su gran objetivo, privatizar todos los servicios públicos.
Estamos comprobando impotentes y con rabia
como las reformas van siendo ejecutadas de una forma planificada en un
proceso rápido de desintegración de nuestros más elementales derechos,
en la sanidad y en otros sectores públicos como la educación y en los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La sociedad aragonesa está amenazada en sus más elementales derechos conseguidos en una larga tradición de lucha histórica. Estamos comprobando impotentes y con rabia como las reformas van siendo ejecutadas de una forma planificada en un proceso rápido de desintegración de nuestros más elementales derechos, en la sanidad y en otros sectores públicos como la educación y en los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Todo esto no ocurre por azar, el sistema sanitario público, es su objetivo central de todo este saqueo, prescindir, en el más amplio sentido de la palabra, de jubilados y pensionistas pobres y del 30% de parados con sus familias que no necesitan. Esas personas somos la clase obrera y las clases populares de aquí, o inmigrantes, inútiles e incómodos testigos de esta fase brutal de destrucción del tejido productivo y de acumulación de riqueza. Es urgente que nos demos cuenta que ellos, toda esta pandilla de corruptos no tiene más límites que los que les impongamos nosotros.
Que la crisis acabará cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas, cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser un factor determinante que el salario quepa en una nómina ridícula. Cuando hayan amaestrado a la juventud y se acostumbren a trabajar casi gratis, cuando dispongan de una reserva de millones de personas paradas, sumisas y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación.
En ese camino están para garantizar su gran objetivo, privatizar todos los servicios públicos. Nos intentan hacer creer que el gasto sanitario es insostenible, que las plantillas son excesivas e ineficientes y que la única solución es la gestión privada. Es mentira la quiebra técnica, el despilfarro, el absentismo laboral, todo es un intento de desprestigiar a los servicios públicos para legitimar el asalto a un caramelo como es la sanidad. Si no los paramos, convertirán el derecho a la protección de la salud en un dividendo mercantil que agrandará la separación entre los que tienen dinero y los que no tengan nada, entre aquellos pocos que puedan pagar un seguro privado y los muchos que no alcancemos a costearlo debido a nuestros salarios de subsistencia.
Su objetivo es trasvasar el patrimonio público a la empresa privada y transformar un derecho básico en un negocio. Para eso no dudan, amparados en el pago de la deuda, en cambiar por decreto las leyes que necesiten y si tienen que cambiar la constitución que antes era intocable, la cambian, en un acuerdo rápido entre los dos partidos PP y PSOE que garantiza que Aragón no destine partida presupuestaria para garantizar los servicios sanitarios.
Las arcas de la seguridad social, se vacían cada vez más, porque los empresarios cotizan menos y el resto lo gastan comprando deuda pública y por lo tanto cada vez queda menos para prestaciones sociales y pensiones. Que quede bien claro, que dinero sobra y si no que se lo pregunten a esos ‘patriotas españoles’ que cada año desvían a paraísos fiscales unos 232.000 millones de euros, más del 20% del PIB.
También hay que preguntar a la agencia tributaria por qué no mete mano al fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas, y al gobierno español la gran disminución de ingresos del Estado como resultado de eliminar los tramos más altos del IRPF, del impuesto de patrimonio y sobre sucesiones, de los sucesivos recortes de impuestos sobre beneficios empresariales, que se calcula sobre los 44.000 millones de euros al año, si no hay suficiente tendremos que hablar del escándalo de las SICAV que tributan al 1% y que participan desde la familia real a todas las grandes fortunas, pasando por una nutrida representación de altos cargos del PP y el PSOE, o de las ayudas a la banca, que se sepa, van por los 180.000 millones de euros.
Es más que evidente las fabulosas cantidades de dinero dejados de ingresar por el estado, más los que van a parar a actividades parasitarias o perniciosos como los militares, la iglesia católica o la casa real, servirían para financiar varias veces todos los servicios públicos. A ninguno de ellos se les ha tocado un céntimo. Muy al contrario, la prioridad absoluta es el pago de la deuda y de sus intereses, una deuda fruto de la corrupción política y sobre todo de la conversión de la deuda privada en deuda pública, incorporada con el golpe de estado constitucional hace un año por el pacto PP-PSOE.
Deuda e intereses que inflan a su antojo y que actúa como un arma de destrucción masiva y como la gran coartada para la eliminación de derechos laborales y de servicios públicos. La sanidad es nuestra, fuera empresas de la sanidad pública. Por un sanidad pública, gratuita y universal.
La sociedad aragonesa está amenazada en sus más elementales derechos conseguidos en una larga tradición de lucha histórica. Estamos comprobando impotentes y con rabia como las reformas van siendo ejecutadas de una forma planificada en un proceso rápido de desintegración de nuestros más elementales derechos, en la sanidad y en otros sectores públicos como la educación y en los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Todo esto no ocurre por azar, el sistema sanitario público, es su objetivo central de todo este saqueo, prescindir, en el más amplio sentido de la palabra, de jubilados y pensionistas pobres y del 30% de parados con sus familias que no necesitan. Esas personas somos la clase obrera y las clases populares de aquí, o inmigrantes, inútiles e incómodos testigos de esta fase brutal de destrucción del tejido productivo y de acumulación de riqueza. Es urgente que nos demos cuenta que ellos, toda esta pandilla de corruptos no tiene más límites que los que les impongamos nosotros.
Que la crisis acabará cuando los salarios se hayan abaratado hasta límites tercermundistas, cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser un factor determinante que el salario quepa en una nómina ridícula. Cuando hayan amaestrado a la juventud y se acostumbren a trabajar casi gratis, cuando dispongan de una reserva de millones de personas paradas, sumisas y amoldables con tal de huir del infierno de la desesperación.
En ese camino están para garantizar su gran objetivo, privatizar todos los servicios públicos. Nos intentan hacer creer que el gasto sanitario es insostenible, que las plantillas son excesivas e ineficientes y que la única solución es la gestión privada. Es mentira la quiebra técnica, el despilfarro, el absentismo laboral, todo es un intento de desprestigiar a los servicios públicos para legitimar el asalto a un caramelo como es la sanidad. Si no los paramos, convertirán el derecho a la protección de la salud en un dividendo mercantil que agrandará la separación entre los que tienen dinero y los que no tengan nada, entre aquellos pocos que puedan pagar un seguro privado y los muchos que no alcancemos a costearlo debido a nuestros salarios de subsistencia.
Su objetivo es trasvasar el patrimonio público a la empresa privada y transformar un derecho básico en un negocio. Para eso no dudan, amparados en el pago de la deuda, en cambiar por decreto las leyes que necesiten y si tienen que cambiar la constitución que antes era intocable, la cambian, en un acuerdo rápido entre los dos partidos PP y PSOE que garantiza que Aragón no destine partida presupuestaria para garantizar los servicios sanitarios.
Las arcas de la seguridad social, se vacían cada vez más, porque los empresarios cotizan menos y el resto lo gastan comprando deuda pública y por lo tanto cada vez queda menos para prestaciones sociales y pensiones. Que quede bien claro, que dinero sobra y si no que se lo pregunten a esos ‘patriotas españoles’ que cada año desvían a paraísos fiscales unos 232.000 millones de euros, más del 20% del PIB.
También hay que preguntar a la agencia tributaria por qué no mete mano al fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas, y al gobierno español la gran disminución de ingresos del Estado como resultado de eliminar los tramos más altos del IRPF, del impuesto de patrimonio y sobre sucesiones, de los sucesivos recortes de impuestos sobre beneficios empresariales, que se calcula sobre los 44.000 millones de euros al año, si no hay suficiente tendremos que hablar del escándalo de las SICAV que tributan al 1% y que participan desde la familia real a todas las grandes fortunas, pasando por una nutrida representación de altos cargos del PP y el PSOE, o de las ayudas a la banca, que se sepa, van por los 180.000 millones de euros.
Es más que evidente las fabulosas cantidades de dinero dejados de ingresar por el estado, más los que van a parar a actividades parasitarias o perniciosos como los militares, la iglesia católica o la casa real, servirían para financiar varias veces todos los servicios públicos. A ninguno de ellos se les ha tocado un céntimo. Muy al contrario, la prioridad absoluta es el pago de la deuda y de sus intereses, una deuda fruto de la corrupción política y sobre todo de la conversión de la deuda privada en deuda pública, incorporada con el golpe de estado constitucional hace un año por el pacto PP-PSOE.
Deuda e intereses que inflan a su antojo y que actúa como un arma de destrucción masiva y como la gran coartada para la eliminación de derechos laborales y de servicios públicos. La sanidad es nuestra, fuera empresas de la sanidad pública. Por un sanidad pública, gratuita y universal.
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