Los nervios en Pedralbes se están agudizando y la relación con los medios se tensan por momentos. No es de extrañar. La infanta Cristina podría ser imputada en un plazo máximo de dos semanas por estar relacionada con la investigación del caso Nóos.
Desde este fin de semana la tensión se palpa en el ambiente. Resulta muy difícil acercarse a ella, y sus escoltas prácticamente impiden realizar su trabajo a los cámaras que pretenden capturar imágenes de la Infanta y sus hijas poniendo la mano delante de la cámara o tapándolas con el cuerpo. Los motivos la difícil situación de Iñaki y que, algunas fuentes próximas a la investigación han señalado a Última Hora, que existen discrepancias entre la Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro en cuanto a la conveniencia o no de imputar a la esposa de Iñaki Urdangarín, principal imputado en la trama junto a su exsocio, Diego Torres.
Según el mismo medio, el juez Castro podría ser partidario de imputar a la Infanta. Todo lo que necesita para hacerlo es hallar tres actas de reuniones del Instituto Nóos en las que podría constar la firma de Cristina de Borbón, de momento según el programa Espejo Pública, ya tiene dos, aunque sin relevancia apenas. Otras pruebas a las que debería prestarle especial atención serían los correos electrónicos aportados por Diego Torres que muestran indicios sobre el conocimiento por parte de la Casa del Rey de las actividades ilícitas que se realizaban desde el Instituto Nóos, de cuya junta directiva formaba parte la hija del Rey.
Según su diario Última Hora, los fiscales Anticorrupción se oponen a la imputación de Doña Cristina al no tener indicios penales en las pruebas que se han encontrado hasta ahora en la institución del caso que podría resolverse esta misma semana.
Los fiscales consideran que si la Infanta fuera llamada a declarar, solo exculparía a su marido de las decisiones que se tomaban en el seno del Instituto. Esto haría que su declaración no fuera más que un obstáculo para dirimir la responsabilidad de Iñaki Urdangarin en la trama. La Fiscalía también considera que las actas que fueron firmadas por la Infanta corresponden a reuniones en las que no se tomaron decisiones relevantes sobre las actividades del Instituto Nóos
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