Buenos Aires, marzo 23 -La Justicia argentina tomará testimonio en las
próximas semanas a 12 víctimas de la dictadura franquista que viven en
España, dentro de la causa abierta en 2010 por delitos de "genocidio y/o
lesa humanidad" cometidos tras el alzamiento militar de 1936.
En ese comunicado, los letrados Carlos Slepoy, Ana Messuti y Máximo Castex señalan que, a partir del 25 de abril, se tomará declaración por videoconferencia en las dependencias consulares argentinas en Madrid a doce de las personas que se presentaron como querellantes.
Los testimonios de las víctimas "posibilitarán citar a declaración indagatoria a los imputados bajo apercibimiento de requerir su detención. Todo ello en el marco del sistema penal argentino, el principio de Justicia Universal y el Tratado de extradición y asistencia judicial concertado con España".
De esta manera, la Justicia argentina da un paso más en la causa abierta en 2010 por los delitos cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
La encargada de tomar testimonio a las víctimas será la magistrada María Romilda Servini de Cubría, quien ya había valorado la posibilidad de viajar a España el año pasado para recoger sus declaraciones.
El viaje fue finalmente suspendido, por lo que los querellantes presentaron una solicitud ante la jueza para que las declaraciones fueran tomadas mediante videoconferencia.
En diciembre de 2011, Servini pidió a España nombres y domicilios de los ministros del Gobierno y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento militar encabezado por Francisco Franco que dio origen a la Guerra Civil, y el 15 de junio de 1977, una decisión celebrada por organismos humanitarios de Buenos Aires y Madrid.
Entre las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires, "más de 150", según los abogados de los querellantes, figuran las de Darío Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo (septiembre de 1975), e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Los demandantes cuentan, además, con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
La causa fue abierta en Argentina según el principio de justicia universal.
Numerosas víctimas se sumaron a ella después de que el juez español Baltasar Garzón, que trató de investigar estos hechos, fuera inhabilitado para ejercer por el Tribunal Supremo, por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de una red de corrupción y sus abogados defensores.
En ese comunicado, los letrados Carlos Slepoy, Ana Messuti y Máximo Castex señalan que, a partir del 25 de abril, se tomará declaración por videoconferencia en las dependencias consulares argentinas en Madrid a doce de las personas que se presentaron como querellantes.
Los testimonios de las víctimas "posibilitarán citar a declaración indagatoria a los imputados bajo apercibimiento de requerir su detención. Todo ello en el marco del sistema penal argentino, el principio de Justicia Universal y el Tratado de extradición y asistencia judicial concertado con España".
De esta manera, la Justicia argentina da un paso más en la causa abierta en 2010 por los delitos cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
La encargada de tomar testimonio a las víctimas será la magistrada María Romilda Servini de Cubría, quien ya había valorado la posibilidad de viajar a España el año pasado para recoger sus declaraciones.
El viaje fue finalmente suspendido, por lo que los querellantes presentaron una solicitud ante la jueza para que las declaraciones fueran tomadas mediante videoconferencia.
En diciembre de 2011, Servini pidió a España nombres y domicilios de los ministros del Gobierno y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento militar encabezado por Francisco Franco que dio origen a la Guerra Civil, y el 15 de junio de 1977, una decisión celebrada por organismos humanitarios de Buenos Aires y Madrid.
Entre las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires, "más de 150", según los abogados de los querellantes, figuran las de Darío Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo (septiembre de 1975), e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Los demandantes cuentan, además, con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
La causa fue abierta en Argentina según el principio de justicia universal.
Numerosas víctimas se sumaron a ella después de que el juez español Baltasar Garzón, que trató de investigar estos hechos, fuera inhabilitado para ejercer por el Tribunal Supremo, por ordenar escuchas policiales entre los cabecillas de una red de corrupción y sus abogados defensores.
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