05.02.2013
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Las crisis son momentos propicios para forzar las cosas. Es lo que también piensa la Unión Europea. Los partidarios del fortalecimiento radical de las competencias de la UE aprovechan la actual coyuntura para avanzar con pasos de gigante hacia un poder de Estado federal. La supuesta necesidad de una especie de gobierno económico y financiero se utiliza como argumento a favor de dicho propósito. Asegurar el euro y la zona euro es el argumento último para avanzar terreno. Los presupuestos nacionales de los Estados miembros y sus planes económicos y sociales se encorsetan en una camisa de fuerza y deben recibir la aprobación de la Comisión Europea. Paso a paso, la UE está desarrollando posibilidades casi ilimitadas para dictar la política social de los Estados miembros: además de las normas de Maastricht (el Pacto de Estabilidad), ahora hay un Pacto Euro plus, y el six-pack.
En este artículo se describe la enorme transferencia de poderes de los estados nacionales a la Unión Europea y aporta algunos elementos que podemos avanzar como marxistas para discutir de la contra-estrategia.
La construcción de la Unión Europea
En la primera etapa de la unificación europea, se estableció una zona de libre comercio sobre la base de un acuerdo entre los Estados-nación. En 1951, seis países fundaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), una zona de libre comercio para ambos productos. En 1957, estos mismos países forman la Comunidad Económica Europea (CEE), un libre intercambio generalizado, definido por el Tratado de Roma. En su base se encuentran las cuatro libertades: libre circulación de capitales, personas, mercancías y servicios. Con el proyecto de la Europa de 1992, se lleva a cabo la libre circulación de personas y mercancías. Hoy en día lo que está encima de la mesa es la libre circulación de servicios (Directiva Bolkestein incluida).
Con el Tratado de Maastricht (1992), la unificación da un paso decisivo hacia el establecimiento de un cierto aparato de Estado confederal. En aquella ocasión, la zona económica de libre comercio (CE) se complementa con dos nuevos pilares:
1º la política exterior y de seguridad
2º la justicia y la política interior.
El conjunto se convierte en la Unión Europea, con su bandera e himno. En parte es intergubernamental, en parte supranacional. El tratado prevé la formación de una unión monetaria como una perspectiva para el año 1999, con la introducción de una moneda única (el euro). Para realizarlo, se pone la camisa de fuerza a los Estados nacionales: las reglas de Maastricht. La moneda única entra en circulación el 1 de enero de 2002. El Banco Central Europeo retira a los bancos nacionales la jurisdicción de la política monetaria.
Desde el 1 de diciembre de 2009, la Unión Europea tiene una Constitución (el Tratado de Lisboa) así como un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos poderes emiten directivas que son decisiones obligatorias para los Estados miembro, ya que deben ser transformadas en leyes y decretos a nivel nacional.
Por encima del nivel del estado nacional existe, pues, una suerte de aparato de Estado confederal europeo al que los Estados constituidos ceden de buena gana más y más competencias. Pero la UE no es todavía un aparato estatal completo. La unificación en el plano político, policial y militar, se logrará cuando se pueda hablar de un federalismo europeo, con un aparato de Estado federal europeo, con los Estados nacionales como Estados parciales sometidos. Todavía no es esta la situación.
Jean-Claude Trichet, el antiguo presidente del Banco Central Europeo, expresó la posible configuración de ese futuro, a los ojos de los partidarios de Europa: “Por lo tanto, parece cada vez más audaz el no considerar la creación de un Ministerio de Hacienda europeo en el futuro. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas de la UE sólo sería un componente del futuro marco institucional en Europa. Es fácil imaginar que, tras la puesta en común de varios elementos soberanos, el Consejo Europeo podría convertirse en el Senado de la UE, junto a un Parlamento Europeo que jugara el papel de Cámara Baja. Del mismo modo, la Comisión Europea podría convertirse en el ejecutivo, mientras que el Tribunal Europeo de Justicia sería el poder judicial de la UE. Y, dada la larga y orgullosa historia de los países europeos, no tengo ninguna duda de que la “subsidiariedad” jugará un papel importante en la Europa del futuro – significativamente mayor que en los actuales modelos de la federación.”[2]
La Unión Europea como construcción imperialista
La UE es una máquina de guerra económica contra las grandes potencias rivales, contra los países emergentes, contra el mundo y contra su propia clase obrera. La formación de bloques en el mundo esta a punto de llevarse a cabo de manera acelerada. Durante la última década, hemos sido testigos de un rápido ascenso de los países emergentes (Brasil, Rusia, India y China – los BRIC). Las relaciones de poder evolucionan hacia un mundo más multipolar, aunque Estados Unidos todavía mantienen su hegemonía a través de la superioridad militar.
La burguesía europea está luchando por la supervivencia del euro por razones estratégicas, por su lugar en el nuevo orden mundial. Como afirma Jean-Claude Trichet: “Europa tiene que enfrentarse a un nuevo panorama geopolítico, que está remodelándose profundamente por estas economías emergentes. Dentro de esta nueva constelación global, la integración europea – tanto económica como política – es fundamental para mantener nuestra prosperidad y nuestra influencia.”
La UE ejerce su dominio sobre países y zonas de influencia ante todo como aliado en la OTAN. Ahí existe un interés común con el imperialismo de EE.UU. A pesar de algunas “diferencias de estilo” y pequeñas fricciones allí donde se contraponen algunos intereses, la política exterior de la UE sigue en la misma dirección, en gran medida, que la de los Estados Unidos. La UE sigue a los EE.UU. en el bloqueo contra Cuba (aunque hay divisiones internas) y pone los mismos requisitos a China. Además, los países europeos han mantenido sus antiguos lazos coloniales. No es sorprendente pues que haya un conflicto de intereses al interior de Europa, como en el caso de Túnez, Libia o la República Democrática del Congo (entre Bélgica y Francia).
La formación de este bloque también sirve para llevar a cabo una política interior conjunta que haga recaer la crisis sobre las personas que trabajan, para el desmantelamiento de los salarios y la seguridad social, para la introducción de la «flexiguridad», para los ataques contra el derecho de huelga, etc. Paso a paso, la libertad de expresión se ve amordazada, como por ejemplo, en el caso de la prohibición de partidos comunistas.
Las competencias de la UE y de los Estados miembros
El Tratado de Lisboa actualiza y reúne los tratados anteriores y clarifica el reparto de competencias entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembros. Se introduce por primera vez una clasificación precisa, distinguiendo tres tipos de competencias: las competencias exclusivas, las competencias compartidas y las competencias de apoyo. Además también hay una serie de competencias específicas.[3]
Las competencias exclusivas son áreas en las que sólo la UE puede legislar y tomar decisiones jurídicamente vinculantes. El papel de los Estados miembros se limita a la aplicación de estas decisiones, salvo cuando la UE les mandata adoptar ciertas decisiones ellos mismos. A esta categoría pertenecen la normativa aduanera, las normas sobre la competencia y la política monetaria. Dependen, por ejemplo, la decisión sobre las condiciones de competencia que igualan a las empresas públicas y privadas, con, entre otras medidas, la prohibición de los monopolios estatales y de los subsidios. Las directivas postales y ferroviarias son otro componente.
En las competencias compartidas, tanto la UE como los Estados miembro tienen potestad para adoptar decisiones legales vinculantes. Aún así los Estados miembro no pueden ejercer su jurisdicción mientras la UE no haya ejercido la suya o haya decidido no hacerlo. En las competencias compartidas, funciona el principio de subsidiariedad: esto significa que la UE sólo puede intervenir si es capaz de hacerlo con más eficacia que los Estados miembros.
A esta categoría pertenecen las reglas del libre mercado. Determinan todas las políticas de liberalización de la circulación de bienes, servicios, capitales y personas (Directiva Bolkestein).
Algunas competencias sociales también pertenecen a este grupo, como la promulgación de las directrices que se fijan las disposiciones mínimas de seguridad, condiciones laborales, de protección y de seguridad social, la protección en caso de despido, la representación colectiva o el trato equivalente entre hombres y mujeres. La UE también puede emitir directrices sobre legislación laboral y sobre las que los interlocutores sociales europeos lleguen a acuerdo. Así tuvo lugar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (a igual trabajo, igual salario en el trabajo interfronterizo), las directivas sobre el trabajo temporal, sobre el trabajo a tiempo parcial, sobre la jornada laboral máxima y la no discriminación.
También se incluyen en esta categoría: la agricultura y la pesca, los transportes, las redes transeuropeas, la energía, la cohesión económica y social, el medio ambiente, la salud pública y la protección del consumidor.
En las competencias de apoyo, la UE sólo puede apoyar, coordinar y completar las iniciativas de los Estados miembros. Por lo tanto, no tiene competencias legislativas en estas áreas y no puede intervenir. Las decisiones están reservadas a los Estados miembro. Aquí se incluyen la política industrial, la educación, la formación profesional y de los jóvenes, la cultura, el deporte, la protección contra los desastres o la ayuda al desarrollo.
Por último, hay competencias específicas. Así, la UE tiene potestad para asumir la coordinación de las políticas económica y de empleo.
Hasta ahora hemos hablado de “competencias explícitas”, es decir, de competencias formalmente identificadas y descritas. Pero también hay competencias subsidiarias no mencionadas: el Consejo Europeo (la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de todos los Estados miembro) tiene la capacidad de tomar por unanimidad las medidas que considere necesarias para alcanzar alguno de los objetivos del Tratado en coherencia con el mercado europeo. Por ejemplo, la política fiscal, la seguridad social. En la práctica, esto significa que hay un derecho de veto: si un Estado miembro no está de acuerdo, la propuesta es rechazada.
Transferencias recientes
A principios de marzo de 2012, 25 de los 27 Estados miembros firmaron el “pacto de estabilidad”, vinculante o, según su nombre completo, el Tratado sobre estabilidad, coordinación y gobernanza. A este tratado se le conoce como el Fiscal Compact –tratado fiscal – y exige que todos los Estados miembros reduzcan su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB (con el equilibrio como objetivo permanente). Este margen del 3% se destina sólo a una política contracíclica, no al déficit estructural. El aumento del gasto no puede exceder el crecimiento económico y la deuda pública debe reducirse a menos del 60% del PIB. Los países cuya deuda pública sea mayor deben eliminar cada año 1/20ava parte de diferencia: en el caso de Bélgica, esto equivale a una reducción de la deuda de más de 20 mil millones los próximos tres años. Los países con alto nivel de deuda serán especialmente vigilados de cerca y se espera de ellos esfuerzos más importantes durante los próximos años. A partir de 2014, se podrá imponer una multa del 0,2% del PIB si no se cumplen esos objetivos. Para Bélgica, ascendería aproximadamente a 700 millones de euros. También se abordan otros desequilibrios macroeconómicos (la balanza comercial, la competitividad, la cuenta corriente). La clave es que en estas intervenciones en el presupuesto nacional, y por lo tanto en el gasto público, se pone en cuestión toda la distribución de las competencias descritas anteriormente.
Ya en mayo de 2010, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) se establecieron como órganos intergubernamentales. El primero decide el apoyo financiero a los países en dificultades, el segundo asegura estos préstamos financiados por el presupuesto europeo. Desde julio de 2013, los dos cuerpos serán reemplazados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), un mecanismo permanente de lucha contra la crisis con un presupuesto de 500 millones de euros que puede prestar bajo estrictas condiciones, y permaneciendo ligados a los programas macroeconómicos de adaptación.
Desde 2011 entra en funcionamiento el Semestre europeo. Entre enero y junio, los Estados miembros y la Comisión Europea discuten juntos todas las reformas estructurales, medidas de crecimiento y auditorías fiscales. La segunda mitad del año se utiliza para aplicar las decisiones en los Estados miembros.
El Pacto Euro Plus se firmó en marzo de 2011 y refuerza las reglas en materia de competitividad, empleo, gasto y fortalecimiento de la estabilidad fiscal.
El six-pack es el nombre colectivo de seis paquetes legislativos que subyacen a la gobernanza económica de la UE. Cuatro propuestas atañen a la disciplina fiscal, mientras que dos nuevas ordenanzas afectan al diagnóstico temprano y las medidas eficaces sobre los desequilibrios macroeconómicos en la UE y la zona euro. El incumplimiento de estas nuevas obligaciones europeas conllevará sanciones.
Por lo tanto, el poder de la UE en términos de política fiscal, de política macroeconómica y de reformas estructurales se fortalece enormemente. No es de extrañar que Etienne Davignon[4] esté entusiasmado: “La crisis de la deuda del año pasado fue preocupante para Europa. Sin embargo, el resultado podría ser positivo. Hace doce meses, la zona euro no tenía legitimidad legal comparable a la de la Unión Europea. Hoy en día, ya la tiene. [...] El famoso six-pack, las medidas para evitar que los Estados miembros acaben nuevamente en problemas a causa de sus deudas, fue una transferencia muy importante de la soberanía nacional a Europa. Si me hubierais preguntado hace un año, si los Estados miembro estarían listos, yo probablemente lo hubiera dudado.”[5]
La construcción del Estado supranacional europeo y el desmantelamiento de la soberanía nacional
Aunque el proceso de desarrollo es incompleto, la Unión Europea es un hecho. Esta realidad es irreversible. Esto no es incompatible con la enorme fragilidad de la Unión Europea y la zona del euro en la crisis actual. Las grandes tensiones económicas y políticas pueden hacer estallar la zona euro. O algunos países también pueden salir de la Unión y hacer tambalearse todo el trabajo de edificación. Pero aunque la UE y la zona euro tengan graves problemas debido a la crisis o se desmoronen, nunca sería para volver a los estados nacionales. El proceso ha ido demasiado lejos. Nos veremos confrontados a una unidad supranacional, tal vez con otra forma: una Europa de dos velocidades (un núcleo y la periferia europea). Por otro lado, hemos hablado de cómo la crisis actual es una oportunidad única para Europa de apropiarse de una serie de nuevas competencias – especialmente económicas.
Hoy en día vemos cómo, a pesar de todas las contradicciones, las élites económicas y políticas de Europa están luchando juntas para superar la crisis del euro, de la zona euro y de la Unión Europea. Asistimos a una movilización general de empresarios, partidos políticos, grupos de presión patronales para dar más poder a la Unión Europea.
Por tanto, aunque los Estados nacionales sigan existiendo (incluso en una Europa federal) y aunque haya contradicciones entre la burguesía de los distintos países puede existir una burguesía europea. Está en pleno desarrollo. Es visible en los grupos financieros europeos que trascienden las fronteras, como el que estaba activo durante el fraccionamiento de la “intocable” Societé Générale, “nuestro” holding nacional. Y también en las organizaciones de empresarios y grupos de presión en Europa (como la Mesa Redonda Europea de Industriales) y en los partidos políticos europeos que han desarrollado, mayoritariamente, una especie de partido europeo confederal, con un programa europeo común.
A pesar de las numerosas contradicciones, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, todos los líderes políticos y empresariales hablan el mismo lenguaje de capacidad competitiva y de competitividad frente a otras economías y regiones de reciente aparición. En base a esto, en cada Estado miembro, esta burguesía europea se deshace voluntariamente de competencias para cedérselas al Estado supranacional en construcción. Este abandono de competencias no se basa en ningún tipo de opresión imperialista por parte de la Comisión Europea contra las burguesías de los diferentes países.
Aunque hoy en día, la burguesía alemana es la fuerza dominante y la capital alemana está emergiendo como la más fuerte de la Unión Europea y la zona euro, no podemos hablar de opresión nacional. Como afirma el Partido Comunista de Grecia (KKE): “Grecia no está “ocupada” por la Comisión Europea (CE), por el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (Troika).” El KKE subraya el hecho de que la plutocracia griega es totalmente cómplice. Grecia no es una neo-colonia. La UE es una unión voluntaria, con un desarrollo desigual.
¿Qué posición frente a la UE en desarrollo? ¿Qué hay de progresista y de reaccionario en la construcción de la Unión Europea?
Desde un punto de vista económico, la centralización de las fuerzas productivas más allá de las fronteras nacionales va en el sentido de la historia y por tanto es progresista. Este proceso ya fue descrito por Marx en el Manifiesto Comunista, en la formación de estados nacionales. Pero, desde un punto de vista político, la UE es una máquina de guerra reaccionaria para la puesta en marcha de los grandes monopolios europeos contra otros bloques económicos y contra su propia población trabajadora.
Aunque se centralicen las fuerzas de producción no es necesario un aparato político de Estado en sí mismo. No hay leyes acerca de la centralización política, mientras que la economía, de hecho, se ajusta a leyes. Pero la burguesía ha optado por la creación de este aparato de Estado supranacional, motivada, naturalmente, por el deseo de mejorar la resistencia frente a otras potencias económicas mundiales, como las llamadas potencias emergentes. Pero esta elección de una UE unificada es más bien una huida hacia delante, en términos económicos, asociada a una decisión política para forzar a las economías muy desiguales en una misma cerca, y ahora se ven las consecuencias.
¿Reformar Europa?
Algunos aspiran a “una Europa más social y democrática”. Y “quieren iniciar relaciones más justas” con otros bloques y con el Tercer Mundo. Esta corriente quiere reformar el aparato del Estado europeo para hacerlo más social, democrático y anti-imperialista.
Asistimos en este caso a una repetición a nivel supranacional de una contradicción política fundamental que también se da a nivel nacional: ¿debemos limitarnos a corregir las deformaciones más negativas del sistema económico y político o debemos construir una sociedad distinta ? Sin embargo, como un Estado-nación no puede ser democrático y social, mientras los grandes grupos capitalistas impongan su ley a toda la sociedad, mientras decidan lo que se produce y dónde se produce, mientras decidan quién recibe dinero y por qué, mientras puedan – a través de su poder financiero – influir de todas las maneras posibles en las decisiones políticas, el aparato de Estado europeo tampoco podrá ser “mejorado” fundamentalmente. Esto requiere un cambio esencial. Esta es una línea divisoria entre los partidos comunistas consecuentes y el Partido de la Izquierda Europea.
Luego, por supuesto, también está el punto de vista “socialdemócrata”, que pretende defender una Europa social. Sin embargo, los propios partidos socialdemócratas europeos han participado en la construcción de esta Europa neoliberal e imperialista. Cuando ocuparon los puestos de primer ministro en once de los quince Estados miembros, no vacilaron en poner en marcha la liberalización de los servicios públicos y aprobar los objetivos de Lisboa en 2010. Y también hoy siguen siendo partidarios de una gran potencia europea. La pequeña capa de pintura social que sacan “a veces”, “un poco”, “de tiempo en tiempo” no cambian mucho.
¿Un retorno a la independencia nacional?
También existen otras corrientes que desafían a la formación de un Estado europeo. Algunos abogan por un retorno a los Estados nacionales. Sin embargo, esta estrategia se basa en la ilusión de que hay una diferencia cualitativa entre el carácter de clase del Estado europeo supranacional y la construcción del Estado nacional. Si esta diferencia existiese realmente, efectivamente se podría defender una estrategia de retorno a la soberanía nacional y podríamos proponer una estrategia en dos etapas, en la que, tras el retorno al estado nacional, vendría una lucha por una sociedad socialista.
Pero son los propios Estados nacionales, con altibajos, impulsados por los grandes monopolios, los que renuncian paso a paso a su soberanía para construir un potente aparato europeo. Esto significa que el carácter fundamental del aparato europeo no difiere del de el Estado nacional. Supongamos que mañana Francia sale de la Unión Europea. ¿Qué clase estaría en el poder?
El futuro no está en el regreso a los Estados nacionales soberanos. Defendemos la unificación europea, pero sobre otra base.
De modo que no estamos de acuerdo con el punto de vista que aboga por una estrategia en dos etapas. Primero un cambio democrático en el plano nacional con la restauración de la soberanía nacional frente a Europa, y después un cambio socialista. La fase democrática nacional sería dejar Europa y organizar el retorno completo hacia un Estado nacional. Un punto de vista similar al defendido por las fuerzas políticas que están por la salida de la Unión Europea como requisito previo para comenzar a partir de entonces la lucha por el socialismo. Esto equivale a considerar el Estado europeo como algo cualitativamente diferente del Estado nacional. La tradición revolucionaria de la soberanía francesa,[6] por ejemplo, está en contradicción con el hecho de que la propia Francia es una gran potencia imperialista (que no duda en intervenir militarmente en África, como en Ruanda o en Costa de Marfil ). La burguesía francesa se convirtió en parte de la burguesía europea con el fin de llevar a cabo sus ambiciones de gran potencia.
Una estrategia europea
Incluso sin la existencia de la Unión Europea, la entidad geográfica Europa nos obliga a pensar acerca de la colaboración dentro de este marco. Con la creciente internacionalización de la economía, soñar con una sociedad socialista en Bélgica aislada en medio de un continente europeo capitalista es una ilusión. La construcción del socialismo en Bélgica, inevitablemente, formará parte de los cambios radicales en el mundo entero, en Europa o en Europa Occidental, cambios ligados a una crisis profunda en los países de Europa occidental y que llevará al fracaso total de sus estructuras económicas y políticas.
El hecho de que, además, los Estados Unidos de Europa estén hoy en construcción pone de relieve de manera todavía más evidente esta necesidad de una estrategia más amplia. Porque el movimiento anti-capitalista de un país no sólo debe revertir radicalmente la política de su propio país, sino también enfrentarse a las estructuras europeas. Esto nos obliga a pensar y actuar en el marco de la UE.
La lucha por el socialismo se enfrentará, inevitablemente, a una estructura de Estado nacional y europeo. Actualmente no se puede precisar si el movimiento para el establecimiento de un poder democrático popular se hará por un grupo de países que se separen de la Unión o por todos los países europeos juntos. Inevitablemente, la construcción de una Europa socialista se extenderá durante un largo período, con una sucesión de diversos movimientos revolucionarios en los que se impliquen partes más o menos importantes de Europa en función de la naturaleza y gravedad de las contradicciones. La UE y sus instituciones podrán entonces dar paso a una federación de Repúblicas Socialistas formada por países que vivirán una transformación socialista.
Esto muestra la importancia estratégica de las actividades internacionales a escala europea.
¿Afirmaciones positivas o negativas frente al super-Estado europeo en construcción?
Está claro que debemos luchar contra la UE y su política antisocial, antidemocrática e imperialista y rechazarla mediante reivindicaciones negativas, pero, ¿qué pasa con las reivindicaciones positivas que hagan hincapié en algunas reformas concretas?
En la práctica, durante la cumbre de la UE en Bruselas en diciembre de 2001, el PTB ya dio el paso para hacer afirmaciones positivas respecto a las autoridades europeas. Durante la manifestación sindical europea D13. En esa ocasión, elaboramos un folleto que recogiendo algunas demandas sociales y democráticas, como el salario mínimo europeo y la eliminación de los artículos del Tratado de Maastricht que someten a las empresas públicas a las reglas de la libre competencia y del mercado (es decir, la prohibición de los monopolios públicos, la prohibición de las subvenciones, la prohibición de distorsionar la competencia, las empresas estatales).
En las elecciones europeas de 2004 y 2009 el PTB también desarrolló una “Plataforma Europea de reivindicaciones”, con diversas categorías de reivindicaciones en las que, además de las exigencias negativas, muchas de ellas también eran positivas:
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Reivindicaciones sociales, como un salario mínimo europeo, la generalización de la indexación automática de los salarios a la inflacción, la pensión a los 55 años para las mujeres y los 60 para los hombres, a igual trabajo igual salario e iguales condiciones (para el trabajo transfronterizo) , un trabajo adecuado y conveniente para todos (un máximo de 40 horas semanales y 8 horas por día), la educación gratuita para todos.
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Reivindicaciones económicas, incluyendo un impuesto europeo sobre los millonarios, una banca pública europeas, sanciones contra las empresas rentables que cierran o deslocalizan, normas ambientales más estrictas, especialmente para la industria, el cierre de los paraísos fiscales en la UE y las sanciones contra las transacciones a los paraísos fiscales fuera de la UE, la protección de los agricultores y la eliminación de los subsidios a la agroindustria, contratos agrícolas justos con el tercer mundo.
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Exigencias democráticas como, entre otras, derechos políticos y sindicales, una política de inmigración basada en criterios objetivos y humanos, el derecho a un referéndum europeo.
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Una revisión de los Tratados de la UE de manera que las directivas de la UE no puedan imponer la regresión social, si no sólo una nivelación hacia arriba (es decir, imponer normas mínimas), la eliminación de la prohibición de los monopolios públicos y los subsidios a las empresas estatales, la no sumisión de los servicios de utilidad social a las normas de competencia así como la eliminación del Tratado de Lisboa (Constitución Europea).
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Reivindicaciones acerca de las instituciones europeas: el poder legislativo debe estar exclusivamente en manos del Parlamento Europeo, la retirada de la OTAN y no la construcción de un ejército europeo.
¿Estás múltiples exigencias eran correctas?¿O el rechazo de la consigna a favor de la “Europa social”, quiere decir que no podemos defender ninguna reforma del Estado europeo? ¿Sólo hacemos reivindicaciones negativas (“contra”) o luchamos también por cambios positivos en el interior de este superestado europeo? ¿Qué consignas y demandas debilitan “el Estado europeo de las multinacionales” en construcción y cuáles le refuerzan?
Debemos estudiar el desarrollo de las contradicciones de la política social y económica con el fin de formular rápidamente consignas negativas que tengan como objetivo debilitar el poder económico, político y militar de la Unión Europea
Estas reivindicaciones deben tener la ambición de aumentar la conciencia de los trabajadores en Europa acerca de la necesidad de una Europa totalmente diferente, sin explotación y sin el objetivo de dominar a otros países y otros pueblos. Es necesaria una nueva forma de gobierno. Nosotros la resumimos con el término “socialismo”.
Hay dos tipos de argumentos contra las reclamaciones intermedias positivas: en primer lugar, el que hace hincapié en la singularidad del estado supranacional y, en segundo lugar, el que afirma que creamos ilusiones sobre la construcción de una Europa social a través de reformas graduales.
“La singularidad del Estado supranacional”
Según los defensores de este punto de vista, el Estado supranacional europeo tiene un carácter particular, aún más antidemocrático. Como es natural, conviene debilitarlo – o incluso disolverlo – y hacer afirmaciones positivas sería equivalente a reconocer las competencias. En su lugar, debemos rechazarlas y combatir cualquier nueva transferencia de la soberanía nacional.
“En la actualidad la UE es la entidad estatal más peligrosa y más agresiva para la clase obrera. Luchar por la democratización de la UE siembra ilusiones y fortalece de facto a la entidad estatal de las multinacionales. Tenemos que crear un movimiento anti-UE internacionalista y oponernos a cualquier ampliación de las competencias de la UE “, escribie un partidario de esta tendencia.
La distinción entre dos burguesías, una pro-fascista y una democrático-burguesa existía en los años 1930 y 1940. Difícilmente se puede decir que esta distinción siga existiendo en lo que concierne a la construcción de la Unión Europea y en todo caso no existe en términos de lo que concierne a la política de de esta UE. Por lo tanto, este argumento decae. Partimos por tanto de la realidad de que este Estado supranacional en construcción existe y que requerirá la misma lucha que contra el Estado nacional, si queremos cambiarlo de manera fundamental (con la participación de diferentes pueblos).
A esto se suma un importante debate en relación a lo que significa “debilitar” la UE. Si “debilitar” significa “eliminar las competencias” para llevarlas a nivel nacional, entonces tenemos un problema. ¿De qué sirve desplazar las competencias si, en manos del Estado nacional, se utilizan de manera igualmente reaccionaria? Tomemos el ejemplo de Noruega, que no es miembro de la UE. Los trabajadores noruegos están en mejor situación, no porque su país esté fuera de la UE, sino porque Noruega tiene petróleo. Pero sufrieron igualmente una reforma de las pensiones y el desmantelamiento fue mucho más allá que en Bélgica. El debilitamiento real de la UE se da a través del fortalecimiento del movimiento obrero, aumentando su fuerza de choque y su conciencia, guardando los resultados parciales y dirigirlos contra la política de la UE en su conjunto. La formulación de reivindicaciones intermedias tiene como objetivo principal contribuir a ello.
Al igual que lo hacemos en el plano belga, también podemos reclamar reformas sociales y democráticas a nivel europeo, siempre que contribuyan al objetivo político final, el socialismo.
“Promocionar reivindicaciones en positivo crea ilusiones sobre la posibilidad de una Europa social”
Naturalmente, hay una diferencia entre la ilusión de que la UE vaya a ser un día “social” y el hecho de exigir reformas de las instancias europeas. Esta diferencia está clara respecto al Estado belga, no estamos luchando por una “Bélgica social”, si no por una Bélgica socialista. Esto no nos impide exigir reformas.
Algunos consideran que difundir propuestas positivas siembra ilusiones sobre el carácter de la Unión Europea.
“El problema no es “dejar caer” la defensa de las conquistas sociales nacionales o no tener el objetivo común de una Europa socialista. La pregunta que surge es si hay que luchar o no por la desaparición de la Unión Europea, tal y como se construye hoy. Exigimos generalizar las conquistas sociales y los derechos a todos los trabajadores de Europa. Nosotros no llamamos a hacer políticas europeas (ilusorias), si no a recoger estas mismas exigencias desde abajo. Al mismo tiempo, denunciamos el hecho de que esta construcción europea es la que lo hace imposible y que hace falta una integración sobre otra base (democrática, social…). Nuestras demandas deben llegar a poder demostrar al ser recibidas que las reivindicaciones sociales y democráticas “realistas” son imposibles de cumplir en esta construcción europea y que hace falta evitar reforzar las ilusiones sobre una posible “Europa social”. Con esta misma perspectiva, apoyamos y organizamos la solidaridad con todas las luchas nacionales. Defendemos un internacionalismo sobre la base de la defensa de las conquistas nacionales de los diferentes países y su generalización a toda Europa.”
Esta posición abandona la lucha por las reformas a nivel europeo, en nombre del carácter de clase de la Unión Europea. ¿Pero en nombre de qué nos batimos entonces por reformas a nivel nacional?
Esta lucha concreta por cambios es necesaria debido a que mejoran las condiciones de vida y de trabajo, y al mismo tiempo son una “escuela” que permite descubrir la fuerza colectiva y para aprender a desarrollar y poner en práctica una orientación política. Pero, al mismo tiempo, nos damos perfecta cuenta que las conquistas no podrán ser duraderas en ningún terreno mientras los monopolios capitalistas y las multinacionales tengan el poder. Estos múltiples movimientos de lucha y las experiencias diversas, sin embargo pueden converger para formar un movimiento aún mayor a favor de un cambio de sociedad.
Lo esencial es: ¿queremos dividir al movimiento por las concesiones y limosnas y hacerle abandonar la lucha de clases, o buscamos lemas que eleven la conciencia del movimiento? Si esto es cierto con respecto al Estado nacional, ¿por qué no habría de serlo respecto al estado supranacional?
¿Qué reivindicaciones formular y a qué nivel?
Debemos partir de dos cosas. En primer lugar, con el propósito mencionado, de formular reclamaciones que sean anti-capitalistas, que ayuden a mejorar la correlación de fuerzas y aumenten la conciencia (que por tanto no crean ilusiones). En segundo lugar, tenemos que observar muy concretamente la realidad del reparto de competencias entre la UE y los estados nacionales, tal y como está hoy en día. ¿Qué reivindicaciones podemos hacer en las distintas competencias que hemos mencionado más arriba?
Debemos examinar si las reivindicaciones presentadas hacen avanzar en las luchas y el nivel de conciencia a nivel nacional y europeo. La exigencia de un impuesto a los millonarios en el conjunto de Europa estimula el debate sobre las siguientes cuestiones: ¿quién debe pagar la crisis y por qué los bancos y los monopolios son cada vez más ricos?
Una toma de posición global frente a las competencias de la UE
Cualquier cambio de competencias requiere una modificación del Tratado de Lisboa (la Constitución de facto). Al igual que en Bélgica, donde nuestra alternativa a la constitución nacional es una constitución socialista, del mismo modo, nuestra alternativa al Tratado de Lisboa también es una constitución socialista. Al igual que el plano belga luchamos por reivindicaciones específicas en relación a la constitución (como los derechos democráticos y las libertades fundamentales), también debemos hacerlo con el Tratado de Lisboa.
Entre otras cosas sostenemos que los derechos democráticos fundamentales sean inviolables. Esencialmente, esto significa que no se deben colocar en pie de igualdad con las famosas “cuatro libertades”, según lo dispuesto en la actual reforma Monti 2. Así, la UE tiene la intención de prohibir las huelgas contra el dumping social practicado por las empresas transfronterizas.
Por tanto reivindicamos que las empresas públicas no estén sometidas a las normas de la competencia, si no que reciban el estatus de servicio público. Al mismo tiempo, sostenemos que los sectores sociales y culturales, la educación y el deporte se lleven a cabo fuera de los mecanismos de mercado.
Otra demanda importante es que la UE no tenga derecho a imponer el desmantelamiento social de los Estados miembros. O, en otras palabras, es necesario que la UE sólo pueda iniciar una espiral social ascendente, imponiendo normas mínimas.
Las competencias exclusivas (en las que sólo la UE puede adoptar leyes y decisiones vinculantes)
Tomemos el ejemplo de Correos. En 1998, la Comisión presentó un documento en el que se dice que los servicios postales están sujetos a las condiciones de competencia, de conformidad con una sentencia del Tribunal de Justicia (los servicios postales de los Países Bajos en contra de la Comisión Europea, 1992). Las condiciones de competencia se definen en los artículos 81 a 89 del Tratado de Maastricht (artículos 101 a 109 del Tratado de Lisboa): no a la convención de precios, no a la posición de poder (monopolio), no al apoyo estatal. Esto se aplica igualmente a las empresas públicas “siempre y cuando su aplicación no impida el rendimiento, de hecho o de derecho, de la misión particular confiada a ellos.” La misión particular confiada a ellos, es la distribución universal del correo. En cada municipio, debe haber al menos una vez por día laborable una llegada, un envío y una entrega de los envíos postales.
Con este espíritu se elaboraron las directivas postales europeas de 1997, 2002 y 2008, para la progresiva liberalización del sector postal. Estas directrices determinan las condiciones de competencia y prohíben “subvenciones cruzadas”, gracias a los cuales los sectores rentables (envío por correo) ayudan a los servicios deficitarios (oficinas de correos).
Bélgica inscribió las condiciones de la liberalización en la ley de 1991 sobre la reforma de las empresas públicas y del servicio universal, confiado a Poste. Estas condiciones fueron establecidas en los contratos de gestión entre la administración de La Poste y el Estado belga. El resultado es conocido: la racionalización (Géoroute), la reducción de personal, cierre de las oficinas de correos y su sustitución por puntos de correos, la introducción de “distribuidores” de correo mal pagados, y por lo tanto baratos. Todo esto ha sido esencial para preparar a la empresa pública (La Poste) a competir con la empresa privada.
Ni que decir tiene que luchamos contra todas estas medidas de liberalización (es decir, demandas negativas). En consecuencia, es lógico formular demandas concretas en relación a los artículos 101 a 109 del Tratado de Lisboa, a saber, la garantía del estatus de “empresa pública”, con el derecho a subvenciones, a subsidios cruzados y el derecho de monopolio.
En la medida en que el Estado europeo determina las reglas, todas las nacionalizaciones en Europa deberían tener en cuenta las condiciones del mercado y competencia impuestas por la UE. No tiene sentido exigir la nacionalización en un Estado miembro de la UE sin impugnar estas normas europeas. Carece igualmente de sentido exigir sólo nacionalizaciones a nivel de un Estado miembro. Los monopolios y los bancos en Europa son transnacionales, ¿por qué las empresas públicas no podrían serlo? Los estados belga, luxemburgués y francés tienen una participación minoritaria en Fortis. ¿Por qué no podrían manejar un banco público? ¿O una sociedad de correos pública? ¿O iniciativas públicas sobre el medio ambiente? ¿Por qué tendríamos que reivindicar esto a nivel nacional y no en el plano europeo?
Las competencias compartidas (en las que los Estados miembros podrán ejercer su jurisdicción sólo en la medida que la UE no haya ejercido la suya o haya decidido no hacerlo)
Queremos interpretar esta categoría aplicando el principio de que la UE sólo pueda aplicar una espiral ascendente y no una descendente. Por eso formulamos reivindicaciones que impongan normas mínimas en toda la UE, como un salario mínimo en función del producto interno bruto (PIB) per cápita. Además, queremos registrar formalmente en la Constitución (Tratado de Lisboa) que la UE no pueda organizar el desmantelamiento, en otras palabras, que los Estados miembros no tengan el derecho de imponer condiciones más estrictas que las normas mínimas.
Competencias de apoyo y competencias particulares (en las que la UE carece de competencias legislativas, sólo puede apoyar, coordinar o complementar los esfuerzos de los Estados miembros)
En este terreno, la UE no puede situarse en el lugar de las leyes nacionales y por lo tanto no puede aplicar[**1] ninguna sanción. No puede haber transferencia de competencias a la UE. Esto se aplica a áreas como la industria, el turismo, la educación, la cultura y el deporte.
La política económica y la política laboral, también, son competencias especiales. Aquí, la UE sólo puede intervenir coordinando al precisar las líneas de trabajo. Un ejemplo son las normas de Lisboa de 2010 y las de Europa 2020 sobre el empleo.
¿Qué pasa con los impuestos y por lo tanto también, por ejemplo, con la reivindicación a favor de un impuesto europeo a los millonarios? Son las denominadas responsabilidades subsidiarias (sobre las que en la práctica existe un derecho al veto, en que un sólo voto en contra en el Consejo Europeo es suficiente para rechazar la propuesta)
La UE no tiene competencias para armonizar los impuestos directos y cotizaciones sociales y sólo puede dar indicaciones para hacerlas concordar.
En materia de impuestos, sin duda no abogamos por la transferencia de competencias a escala europea.
Sin embargo, el Consejo puede tomar medidas excepcionales (y medidas relacionadas con la seguridad) por unanimidad para alcanzar las metas de la comunidad aún sin tener competencia formal para este fin (artículo 352 del Tratado de Lisboa).
En resumen, nada impide la aplicación de un impuesto nacional sobre los millonarios. No queremos que esta propuesta dependa de la simultaneidad Europea. Pero también, al igual que una tasa Tobin a nivel europeo, igualmente puede ser votado un impuesto a los millonarios.
Dado que una sola voz en contra es suficiente para impedir dicha medida Europea, esta reivindicación es útil para establecer una campaña conjunta sobre esta cuestión en todos los países de la Unión. En los países donde el gobierno opone su veto, la campaña puede recibir una dinámica adicional.
Los impuestos sólo son competencia de la UE si atañen a la competencia y el libre mercado. Por ejemplo, la UE podría tomar medidas contra los paraísos fiscales, ya que ha tomado recientemente medidas contra Irán: como parte de las sanciones contra Irán, la UE ha publicado una orden que prohíbe transacciones financieras, después de lo cual treinta bancos iraníes fueron excluidos del sistema de pagos internacional SWIFT. ¿Por qué no sería posible para los paraísos fiscales?
¿Qué reivindicaciones estructurales sobre el Banco Central Europeo (BCE), como la exigencia de un reajuste de la deuda o bonos europeos?
Las propuestas de reivindicaciones intermedias a este respecto empujan en la dirección de una mayor conciencia, y su objetivo es fortalecer la movilización anti-capitalista. No defendemos reivindicaciones que alimentan ilusiones en las autodenominadas soluciones fundamentales para solucionar la crisis, y que no son – como el desarrollo de una política anticrisis keynesiana. Todas ellas llevan a las siguientes propuestas:
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Otro estatus para el Banco Central Europeo, de modo que su acción no se concentre en la lucha contra la inflación, si no que también pueda provocar una intervención política contra la crisis mediante intervenciones en el crédito, las compras de bonos del Estado, préstamos a los estados en lugar de préstamos sólo a los bancos.
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El lanzamiento de euro-obligaciones (o euro-bonos) a través los cuales los Estados miembros en dificultades puedan pedir prestado a la misma tasa de interés que el país más fuerte. Es una forma de solidaridad que actualmente rechaza Alemania. (Véase el artículo de Henri Houben en esta edición.)
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Una auditoría de las deudas para determinar dónde está la deuda de los Estados para que estas deudas se salgan del mundo financiero.
Las recientes transferencias: una violación inaceptable de los derechos soberanos
Combatimos la toma de poder autoritaria mediante la imposición de un gobierno económico europeo, ya que es una intervención inaceptable contra la democracia y la soberanía popular. Luchamos contra todas las medidas derivadas de la aplicación del semestre europeo y las sanciones que resulten de la aplicación del six-pack.
Existe un creciente problema de soberanía popular y de democracia popular – “el poder se desliza de las manos de la gente”. Hay por tanto un problema de legitimidad democrática, tanto a nivel belga como a nivel europeo, donde se siente aún más. La influencia de los ciudadanos sobre la política sigue disminuyendo. Desde la perspectiva de la soberanía del pueblo, un votante de Bélgica no tiene ninguna influencia sobre los delegados alemanes en el Consejo Europeo, pero esta voz alemana en realidad pesa mucho más en la política que se lleva a cabo. El elector belga no tiene ningún control sobre la Comisión Europea. Y el votante belga no tiene ninguna influencia en lo que hacen, deciden y votan en el Parlamento europeo los diputados que él mismo ha elegido.
Esta política y estas instituciones fueron hechas a la medida de los bancos, las multinacionales y euromillonarios que a veces incluso las dirigen directamente.
A las intervenciones y al fortalecimiento de los dictados autoritarios, oponemos medidas radicales democráticas. Nos proponemos concretar la reivindicación de soberanía del pueblo reclamando:
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Consultas populares sobre el Tratado de Lisboa y sobre las decisiones clave que conciernen al funcionamiento de la Unión Europea.
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La supresión del Pacto Euro-plus, las medidas del six-pack y otras que refuerzan la “gobernanza económica” antidemocrática.
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