Madrid / Rebelión contra la privatización del sistema de salud
Marea blanca el 18 de noviembre en Madrid.
Credito: Olmo Calvo
Gladys Martínez López (Redacción) Martes 27 de noviembre de 2012. Número 18
La Comunidad de Madrid anuncia la privatización total o parcial de todos los hospitales y del 10% de los centros de salud. Más
de 100 centros santiarios mantienen encierros de protesta y se han
organizado marchas multitudinarias y convocado varias huelgas. Entrevistas en el Hospital de La Princesa
Se llama Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, pero su aplicación en 2013 supondrá el desmantelamiento de un plumazo de lo que hasta ahora era el sistema madrileño de sanidad pública, ya de por sí lastrado por la entrada de capital privado en los centros hospitalarios inaugurados en los últimos cinco años.
Presentado el 31 de octubre, el plan, que se acompaña de un recorte del
7% en un presupuesto sanitario más bajo que la media del resto de
comunidades, prevé privatizar totalmente los seis
hospitales semipúblicos construidos en los últimos años, privatizar
parcialmente el resto de hospitales mediante la externalización de los
servicios no sanitarios, reconvertir los hospitales Carlos III y
La Princesa en un centro de media y larga estancia y en un centro
“altamente especializado” para personas mayores de 75 años,
respectivamente, privatizar de entrada el 10% de los centros de salud,
cerrar el Instituto de Cardiología y reestructurar y centralizar
servicios, como, por ejemplo, los laboratorios, que se concentrarán en
tan sólo cuatro hospitales. Asimismo, se privatizarán la Lavandería
Central Hospitalaria y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
Quince días después se descubría que en el lote de la privatización de algunos hospitales se incluirán también centros dependientes de los mismos,
como es el caso de los dos ambulatorios de especialidades de Vallecas,
asociados al Hospital Infanta Leonor, por lo que no se descarta que
otros ambulatorios puedan correr la misma suerte.
El plan incluye también el pago de un euro por receta, una medida de
repago farmacéutico ya aplicada en Catalunya desde julio. Y a pesar de
que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, dictaminó el
15 de noviembre que la instauración de la tasa “vulnera el orden
constitucional”, porque las autonomías no tienen competencias en esta
materia y se provoca discriminación entre sus habitantes, Madrid se ha
reafirmado en su decisión de implantarlo a partir del 1 de enero y
Catalunya ha decidido mantenerlo. El caso se presentará previsiblemente
ante el Tribunal Constitucional, pero algunos movimientos en defensa de la sanidad universal y pacientes han decidido declararse insumisos desde el primer momento. En Catalunya son más de 6.000, según datos de la Generalitat.
La rebelión de los hospitales
En Madrid, el anuncio de la privatización y reconversión de centros ha puesto en pie de guerra a los hospitales de la región. Empezaba La Princesa el día 2 de noviembre con un encierro indefinido, la colocación de mesas informativas y de recogida de firmas y la realización de dos concentraciones diarias.
La reconversión de este hospital universitario puntero en especialidades
como la neurocirugía o la hematología, y la del Carlos III, referencia
en enfermedades como el VIH o la hepatitis C, provocará el cierre de los
servicios y especialidades hasta ahora desarrollados y la eliminación
de la investigación, obligará a un cambio de centro de referencia a cientos de miles de habitantes y provocará el despido de cientos de profesionales, denuncian sus trabajadores.
“La política que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad es
privatizar, y las empresas quieren que la sanidad sea rentable”, dice
Juan Domingo García, portavoz de los trabajadoresmovilizados del Carlos
III, que tiene una visión clara del porqué de la reconversión de estos
dos centros: “Las empresas que van a quedarse con
los seis hospitales semiprivados prefieren tratar a los enfermos agudos,
que son más rentables, y que los públicos traten las
enfermedades con mayor gasto. Por eso quieren convertir La Princesa y el
Carlos III en hospitales de crónicos”.
Aunque en el caso del Hospital La Princesa las movilizaciones han
conseguido que la Consejería de Sanidad negocie y hable de alcanzar una
“visión compartida”, nada está ganado. Veinte días después del anuncio del plan, eran 25 los hospitales en lucha, con encierros permanentes,
organizados en asambleas y coordinados en su mayoría a través de la
Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud. A partir del 19
comenzaron las movilizaciones en centros de atención primaria, cuando el
del barrio de Carabanchel se unía a los encierros. El 26 de junio,
primer día de la huelga, había personal y usuarios pasando la noche en más de 100 centros sanitarios.
“Es todo un plan de rediseño global de la sanidad pública madrileña, y el objetivo es ir hacia el modelo privatizador. Aquí
la presa gorda, donde las empresas van a hacer el negocio, es la
privatización de los seis hospitales más los centros de salud,
por eso no me extrañaría que la Comunidad estuviera dispuesta a
retroceder en algunas cuestiones en relación a La Princesa, que es un
caso muy grave, pero lo de los seis hospitales va a ser difícil”,
explica uno de los portavoces de los trabajadores del 12 de Octubre. “Es
una jugada muy compleja. Ellos hacen una ofensiva y están dispuestos a
retroceder un poco y a que les comas el peón que han puesto delante,
mientras las piezas gordas las están reservando por detrás”, añade.
Seis hospitales a subasta
Los seis hospitales que se privatizarán totalmente –Infanta Leonor,
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo– abrieron sus
puertas en 2008 y fueron construidos por constructoras, inmobiliarias y
otras empresas, según el modelo PFI (iniciativa de financiación
privada). Es decir, ellas gestionan la parte no sanitaria con
concesiones a 30 años, mientras que la Administración, que paga un canon
anual a las empresas, se encarga de la sanitaria. Ahora se regirán por
el modelo PPP (partenariado público-privado), serán
enteramente gestionados por empresas y la Comunidad les pagará un canon
por habitante, igual que se hace ya en los hospitales de Valdemoro,
Móstoles y Torrejón, gestionados por las empresas Capio y,
hasta ahora, Ribera Salud, siguiendo elmodelo implantado en Alzira
(Comunidad Valenciana).
La privatización y el cierre de algunos centros y servicios o su
remodelación y concentración provocará, denuncian los trabajadores, una
reacción en cadena de despidos, desplazamientos de plantilla y más
despidos. Sanidad ya ha anunciado que prescindirá del personal eventual e
interino sanitario contratado en los seis hospitales privatizados,
según el sindicato CSIT, y eso es sólo un primer paso. Si a todo esto se
añade que en todos los hospitales públicos de Madrid se externalizarán
los servicios no sanitarios que todavía no lo estén, entre
7.000 y 8.000 trabajadores podrían perder su empleo según las cifras
barajadas por la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios,
creada en julio, cuando la Comunidad anunció su decisión de “extinguir”
las 26 categorías de personal no sanitario (mantenimiento, lavandería,
cocina…), es decir, su progresiva privatización.
Empezaron entonces los primeros paros, cortes de carretera y asambleas,
ahora generalizados tras el nuevo envite privatizador. Luis López, de la
Coordinadora de Hospitales, explica que “esto es una reivindicación que
va más allá de lo laboral, es una reivindicación de salud pública y es
importante que los usuarios estén con nosotros”, y añade que las
asambleas del 15M y las asociaciones de vecinos se han implicado en las
movilizaciones. “La gente está muy concienciada de que esto va a poner
en peligro la salud de todo el mundo. Si un tratamiento de quimioterapia
de un día son más de 7.000 euros, se lo pagará el que sea más rico
porque esto va encaminado a que tengamos una sanidad como en EE UU y no lo podemos consentir”, afirma L., una administrativa también portavoz en el 12 de Octubre.
Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS),
pone como ejemplo el hospital de Alzira, donde los médicos de urgencias
cobran incentivos si el paciente no es ingresado, o el de Torrevieja
Salud, la empresa que gestiona un hospital de esa ciudad y varios
centros de salud valencianos, que incentiva a los médicos de atención
primaria con hasta 24.000 euros anuales si no derivan a los pacientes a
los especialistas. “Los incentivos en el ámbito de la salud chocan con
el código hipocrático. Va a haber una selección de riesgos: pacientes
caros van a ser derivados a lo que quede de la pública y se van a
imponer los incentivos económicos para reducir el gasto. Si se consuma, habrá un deterioro importante de la calidad de la asistencia”, explica.
Pero también insisten en que la privatización del
personal no sanitario puede afectar, no sólo a los puestos de trabajo,
sino también a la calidad asistencial. Un ejemplo práctico es
el de Reino Unido, donde la externalización de los servicios de limpieza
de los hospitales llevó a la reducción del número de limpiadoras de
67.000 a 36.000, lo que coincidió con un aumento en los hospitales del
número de infecciones que se convirtió en récord en la UE.
Los profesionales también denuncian como falso el principal argumento de
la Consejería para privatizar: “La privada sale más barata”. Un estudio
realizado en 2010 por UGT a partir de datos oficiales demuestra que una
cama de hospital en la privada cuesta el doble que en la pública. Según
este estudio, los hospitales gestionados por Capio
en la Comunidad de Madrid reciben una media de 200.000 euros más por
cama y año de dinero público que un hospital completamente público
como el Clínico, además de ofrecer una asistencia de “peor calidad” y
“menor actividad clínica en procesos de alta complejidad”, que suelen
ser derivados a la pública.
El mismo modelo privatizador acecha a los centros de salud.
De momento serán un 10%, “aproximadamente 27”, según el plan. Los
centros, que serán financiados con dinero público, pasarán a depender de
sociedades constituidas por personal sanitario que se encarga de la
gestión y contratación, como las Entidades de Base Asociativa (EBA) que
gestionan algunos centros de Cataluña desde 1996, donde uno de los
resultados ha sido la reducción de plantilla: en las EBA una enfermera
se encarga de 2.903 habitantes, frente a 1.549 en los centros públicos,
según un informe de CAS. Una segunda opción contemplada sería la gestión
de los centros por mutuas o empresas sanitarias.
El origen: Ley 15/97
El objetivo de los movilizados es la retirada total del plan presentado por la Comunidad de Madrid, pero van más allá. “La
raíz de todo es la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud. A partir de aquí se empezó a desarrollar la
privatización de la sanidad en posteriores reales decretos y
leyes”, explica L., del 12 de Octubre. Lo mismo opinan desde la
Coordinadora de Hospitales y desde CAS. La ley fue aprobada en 1997 con
los votos de PP, PSOE, PNV, CIU y CC. Hoy, muchos movilizados piden
también su derogación.
En los últimos días, las reacciones se multiplican. La Princesa ha
reunido 368.108 firmas contra su transformación, todos los colegios de
médicos del Estado español han rechazado el plan privatizador de la
Comunidad de Madrid y la marcha de cuatro columnas
convocada por la Coordinadora de Hospitales el día 18 se convirtió en un
“tsunami blanco” que inundó el centro de la capital. Entre
tanto, la AFEM, una asociación de facultativos especialistas, decidía en
una gran asamblea convocar una huelga indefinida para el 26 de
noviembre. Diez días después, los sindicatos de la Mesa Sectorial,
acusados de “mucho tiempo de inacción” por varios de los profesionales
entrevistados y eclipsados en muchos hospitales por las asambleas de
trabajadores, han decidido convocar finalmente cuatro jornadas de huelga
(26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre).
“Lo que nos está pasando en Madrid se va a extender a otras comunidades”, afirma Juan Domingo García, del Carlos III. “Deberíamos empezar una protesta masiva porque nos costó mucho conseguir la sanidad pública, universal y gratuita y vamos camino de que no sea ni universal ni gratuita ni pública”.
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