Un artículo de Nines Maestro.
La sanidad madrileña arde. Tras la presentación de
unos presupuestos para 2.013 en los que la Consejería de Sanidad ha decidido un
recorte de 1.000 millones de euros sobre un presupuesto de algo más de 7.000
millones y la cascada de noticias sobre cierres de hospitales, centros de
especialidades, de salud mental, privatizaciones generalizadas y el anuncio de
despidos masivos, la chispa ha prendido.
Huelgas, encierros y manifestaciones se prodigan
en una escalada de tensión que tuvo un momento destacado en la monumental
manifestación del domingo 18 de noviembre y que tendrá un nuevo hito el lunes 26
cuando se inicia una huelga indefinida de personal médico y otra del resto de
trabajadorxs de la sanidad de dos días por semana.
Con el pretexto de la crisis el Gobierno del PP ha
decidido privatizar todo lo que pueda ser negocio y dejar lo público, degradado
al máximo, para la atención de los pacientes no rentables, personas mayores y
enfermos crónicos.
El anuncio del cierre de grandes hospitales (La
Princesa y Carlos III) para convertirlos en geriátricos, privatización de la
gestión de Centros de Especialidades para hacerlos depender del hospital de
gestión privada más próxima, cierre de Centros de Salud y de Salud Mental,
privatización completa del personal sanitario de todos los hospitales de
gestión privada, que hasta ahora dependía de la Comunidad de Madrid y el anuncio
de despidos de miles de trabajadorxs de la sanidad completan un panorama que ha
hecho saltar la chispa que está incendiando la sanidad pública madrileña.
Todos los gobiernos, estatal y autonómicos, han
ido engordando una bomba de relojería que está estallando ahora en Madrid.
Seguramente la Consejería de Sanidad pensaba que todo estaba controlado al
tener suficientemente comprados y/o debilitados a los grandes sindicatos del
sector, a colegios profesionales y sociedades científicas. Todas estas
entidades, efectivamente, han venido callando mientras se ponían en marcha los
11 hospitales de gestión privada, la transferencia de más de 5.000 sanitarios a
los mismos -pagados por la sanidad pública - el cierre de laboratorios y de
miles de camas en los grandes hospitales públicos y el despido lento pero
constante de trabajadorxs de la sanidad.
La lenta acumulación de material altamente
inflamable
Desde hace dos décadas se viene produciendo una
lenta acumulación de hechos que venían sirviendo a un doble objetivo que se
retroalimenta mutuamente: deterioro y restricción de los servicios públicos y
privatización de la sanidad.
Desde el Informe Abril Martorell (1991), que el
PSOE significativamente encargó a un banquero franquista, se definió un
programa completo de privatización que los gobiernos estatal y autonómicos han
venido ejecutando como una apisonadora. Se han venido privatizando servicios de
limpieza, cocinas, lavandería, laboratorios, gestión de historias clínicas,
ambulancias, etc, mientras aumentaban exponencialmente los conciertos con
clínicas privadas “para reducir las listas de espera” y el deterioro constante
de la sanidad pública iba engordando las cuentas de resultados de las
aseguradoras privadas.
La exclusión de medicamentos de la financiación
pública – los “medicamentazos” del PSOE y del PP– , la definición de la “cartera
de servicios” que determinaba qué prestaciones estaban incluidas y las que no,
unidos a una descapitalización progresiva de la sanidad pública, iban preparando
el paso decisivo.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada
por el PP,PSOE, CiU, PNV y CC abre la puerta a la entrada masiva de la empresa
privada a la gestión de la sanidad pública. Esa Ley es la cobertura legal del PP
para la privatización masiva que pretende culminarse en Madrid, en el País
Valenciá, y en el resto de CC.AA.. Esa Ley fue también la que amparó la
construcción de hospitales de gestión privada en Cataluña y Baleares mientras
gobernó la “izquierda”.
El papel del PSOE en todo este proceso ha sido y
es decisivo. Sin su apoyo o su silencio, como el de la dirección de CC.OO., que
aplaudió mediante comunicado de prensa la votación de la citada Ley, o el de
organizaciones satélites como la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública –que negaba sistemáticamente la trascendencia de la misma –
ha sido determinante para que todo el proceso de privatización se llevara a cabo
con el mínimo de respuesta popular. Valga como el ejemplo el hecho de que, tras
el enorme esfuerzo realizado por organizaciones independientes como CASMADRID y
MATUSALÉN para recoger más de 500.000 firmas para la derogación de la Ley 15/97,
el PSOE en el gobierno se viera obligado a votar en el Congreso la propuesta de
IU de votar la toma en consideración de su reforma. Eso sucedió en el año 2009 y
fue un brindis al sol. Semana tras semana el PSOE fue solicitando ampliación del
plazo de presentación de enmiendas hasta que se disolvió el Parlamento en 2011
por la convocatoria de elecciones generales.
No cabe la menor duda de que los enormes intereses
económicos que pretenden gestionar buena parte de los 70.000 millones de euros
del presupuesto anual de la sanidad pública cuentan con la complicidad, no sólo
del PP, sino del PSOE, y de la mano de este último de otras organizaciones que
han recibido sustanciosas subvenciones de su mano.
En este momento, cuando la gravedad de los hechos
es inocultable y la conciencia popular se ha ido forjando mediante el
infatigable esfuerzo - sostenido durante más de una década – de pequeñas
organizaciones independientes, el gobierno de Madrid ha cometido el gran error
de calculo de pisar el acelerador y mostrar a las claras sus intenciones de
acabar con la sanidad pública y dar a la gestión privada la mayor parte de la
sanidad madrileña.
El detonante
En un panorama en la sanidad madrileña marcado por
la desconfianza de lxs trabajadorxs frente a las grandes organizaciones
sindicales – tanto las que se autodenominan de clase como la amplia gama de
sindicatos corporativos– y por el sentimiento generalizado de impotencia, un
hecho ha contribuido decisivamente a hacer saltar la chispa de la
movilización.
Una asociación de carácter sindical, la Asociación
de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), que en pocos meses ha
conseguido reunir a más de mil médicos, ha saltado a la palestra convocando una
huela indefinida “hasta de se retiren los Presupuestos de Sanidad” y exigiendo
la derogación de la Ley 15/97. AFEM representa mayoritariamente a lxs médicxs
jóvenes, en su inmensa mayoría con contratos precarios tanto en la sanidad de
gestión pública como en la de gestión privada, y que tiene por lema la defensa
de la dignidad de la profesión, ligada indisolublemente a una sanidad pública,
universal, gratuita y de calidad.
Esta asociación ha entendido claramente dos hechos
trascendentales:
-
Que el negocio de la gestión privada pasa decisivamente por tener a un personal médico – que es quien determina el gasto - que “colabore” en el ahorro y que eso se asegura con contratos precarios y salarios que dependan de seleccionar a pacientes rentables, dar altas precoces y restringir el gasto en medios diagnósticos y tratamientos.
-
Que su capacidad de presión es muy grande ahora, que aún tienen el carácter de empleadxs públicxs, y que puede desaparecer totalmente en cuanto los despidos masivos y la completa privatización se materialicen.
La huelga indefinida convocada, aún no iniciada
mientras escribo, parece contar con un amplio seguimiento. El éxito de las
asambleas convocadas en un Colegio de Médicos abarrotado por cientos de
profesionales que señalaban directamente a su Colegio, al sindicato médico y a
las sociedades científicas como cómplices, han llevado a todas estas entidades a
elaborar precipitadamente comunicados de apoyo a la huelga y de denuncia de los
proyectos de la Consejería de Sanidad.
Al tiempo que se producían estos hechos, las
Asambleas de trabajadorxs de hospitales y centros de salud iban decidiendo
encierros y movilizaciones seguidas con fuerza inusitada por la población. Los
grandes sindicatos envueltos en la vorágine de lucha desatada, han convocado a
todo el personal sanitario a cuatro días de huelga.
El movimiento popular se va organizando,
colaborando decisivamente en encierros y manifestaciones en torno a la defensa
de sus hospitales y centros de salud. La batalla de la Consejería de Sanidad por
mostrar las huelgas y movilizaciones como actos en defensa de intereses
laborales y corporativos – hoy por hoy – la están perdiendo.
La conciencia popular, expresada en la consigna
“No son recortes, es lucha de clases”, va creciendo ante la evidencia del enorme
saqueo de derechos laborales y servicios públicos, orquestado por el capital
privado y que ahora se centra en el expolio de la sanidad pública.
La orientación de la
movilización
La difícil pero trascendental tarea de las
organizaciones de la izquierda coherente y de todas las personas que se van
incorporando a la lucha cada día y que cada vez encuentra un terreno más
abonado, se centra ahora en:
-
Desmontar el discurso dominante centrado en que “los recortes son necesarios para salir de la crisis” y mostrar que lo que está en marcha es un gran saqueo de recursos públicos para llenar las arcas el capital privado.
-
Oponerse al pago de la deuda y de sus intereses que estrangula nuestro futuro y que se concretó en la Reforma Constitucional de hace un año, pactada por el PSOE, PP y las derechas nacionalistas.
-
Actuar convencidxs de que el único camino posible es la lucha decidida, sin cuartel y hasta derrotar sus proyectos de desmantelamiento de los público y la privatización, que es conjunta de lxs trabajadorxs y de lxs usuarixs de los servicios públicos.
-
Construir formas organizativas populares no controladas por aquellas organizaciones colaboracionistas y pactistas que han permitido que los planes del capital avanzaran desmovilizando y debilitando la capacidad de respuesta popular.OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario