| Rescate a España: la “troika” toma el Congreso |
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El pasado viernes 28
de septiembre se presentaba el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2013. Estos se ciñen al Plan Presupuestario bianual 2013-2014
entregado a Bruselas el pasado mes de junio, y que fijaba un objetivo
de recortes cifrado en 102.956 millones de euros. De ese total, 38.956
millones corresponderían a 2013, para alcanzar un déficit del 4,5% sobre
el PIB frente al objetivo del 6,3% para este año. Con ello se pretendía
cumplir con las Recomendación de Déficit Excesivo del Consejo Europeo y
evitar así un segundo “rescate” pero que, como veremos, es más que
dudoso que se logre.
Los gastos e ingresos
se fijan a partir de una estimación de cómo se comportará la economía
durante ese año. En este caso, las previsiones del Gobierno son de un
mejor desempeño económico en la UE a partir de 2013 que beneficiaría a
España, vía exportaciones, que compensarían en buena medida la caída de
la demanda interna. Y aunque no lograría evitar otro año de recesión,
supondría, según tales suposiciones, alcanzar una caída del PIB de
apenas un 0,5% para, ya sí, retomar el crecimiento a partir de 2014.
Como señalaba el
economista Galbraith, el gran mérito de la predicción económica es hacer
que la astrología parezca una ciencia respetable, pero hasta que se
comprueben las previsiones, el problema es de credibilidad y por lo
general los analistas han tendido a considerar los presupuestos como
“irreales” o incluso “artísticos”. Pero más allá de elucubraciones,
algunos elementos nos permiten atisbar el grado de realismo en los
objetivos del gobierno. Así, un factor relevante para que pueda
cumplirse el 4,5% de déficit en 2013 será que primero se cumpla el de
6,3% para este año que, como veremos, es muy poco probable.
Aunque en el análisis económico de
los PGE no se mencione ni una sola vez, la crisis actual es por
sobrendeudamiento privado. Ante esta situación, los recortes en el
sector público no funcionan y, además, resultan contraproducentes. Así,
según datos del INE,
el déficit público tras el primer semestre es de un 8,6%, o de un 7,5%
si no se contabilizan las ayudas a la banca. Es decir, en medio de la
actual depresión, los ajustes apenas logran incidir sobre el saldo
presupuestario porque hunden aún más los ingresos, mientras aumentan los
gastos vinculados a los llamados estabilizadores automáticos
(pensiones, prestaciones por desempleo, etc.), amén del mayor coste de
la deuda soberana. De hecho, el gasto financiero en julio de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior se incrementó en un 115,9%.
El coste de
financiación resulta insostenible y el Estado español tendrá muy
complicado colocar los 207.173 millones de euros de deuda nueva
previstos para el año próximo, un 30% más que en 2012. Los PGE 2013
prevén un gasto por intereses de deuda pública para ese año de 38.589
millones de euros, un 3,4% del PIB en términos contables y que supone
prácticamente la meta de ahorro prevista por el gobierno en el Plan
Presupuestario para ese año (38.956 millones de euros). Parece entonces
imponerse como única vía pedir el “rescate” al Banco Central Europeo
mediante su nuevo programa de compra ilimitada de deuda pública con
vencimiento de hasta tres años, denominado Transacciones Monetarias
Directas (OMT, por sus siglas en inglés). La diferencia fundamental con
los préstamos “rescate” a Grecia, Portugal e Irlanda es que el OMT
permite al Estado mantener su acceso a los mercados, dado que estas
compras ilimitadas reducirán los intereses de los títulos y con ello el
coste de financiación. Así pues, los casi 40.000 millones presupuestados
para pago de deuda en 2013 podrían ser mucho menos, con el consiguiente
alivio para las arcas públicas. Pero la compra de títulos está sujeta a
una “estricta condicionalidad”, previa solicitud de ayuda al fondo de
rescate, el EFSF (acrónimo en inglés de Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera).
Según se detalla en las directrices del EFSF,
existen dos modalidades de “programas preventivos”. La primera es una
línea de crédito preventivo con condicionalidad (PCCL), destinada a
aquellas economías saneadas, en tanto cumplen con los requisitos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Procedimientos de Déficit
Excesivo, tienen un acceso a los mercados de capitales en condiciones
sostenibles y un sistema bancario solvente.
El caso español
obviamente no cumple las exigencias para ese crédito y tendría que optar
por una segunda modalidad: la línea de crédito con condicionalidad
reforzada (ECCL). Dentro de este segundo programa se recoge otra opción
(ECCL+), por la que se garantizaría a los inversores una parte de la
deuda nueva emitida. Desde Bruselas se ha filtrado a la agencia Reuters
que sería esta, el ECCL+, la vía que se baraja para España, por un
valor de unos 50.000 millones de euros. Ciertamente es la opción más
ventajosa para los gobiernos que representan a los acreedores, en la
medida en que en apariencia es menos costoso el préstamo en términos
económicos pero también políticos.
Mientras, en España
son cada vez más las voces que solicitan un rescate “cuanto antes”.
Resulta lógico, en el sentido en que los bancos y grandes empresas
tienen ahora bloqueados los canales de financiación. Sin embargo, aunque
pueda suponer un alivio temporal en la carga de la deuda y un acceso a
los mercados internacionales para el capital privado, se incide en el
mismo error que con el ajuste presupuestario: confundir el síntoma con
la causa. Según cifras de la balanza de pagos del Banco de España,
la fuga de capitales en lo que llevamos de año ronda los 200.000
millones de euros, un 20% del PIB. La huida no es por un déficit
excesivo, sino porque la economía no crece. El ajuste presupuestario se
ofrece a los acreedores como garantía de pago, pues a menos obligaciones
futuras más probable será atender las presentes. Pero lo cierto es que
sin crecimiento nadie puede pagar sus deudas. El elemento clave es ese:
la ayuda del BCE logrará relajar la prima de riesgo pero no atraer
inversión.
Habrá que esperar a
conocer en su día la letra pequeña en las condiciones firmadas en el
rescate. La pretensión del gobierno español es que no haya nuevas
exigencias, puesto que ya siguen las condiciones exigidas con el primer
rescate bancario. El problema en todo caso se mantiene. Supongamos que
no hubiera condiciones adicionales. Pues bien, al no cumplirse los
objetivos ya fijados se harían nuevos ajustes adicionales, comenzando
por una reforma de las pensiones. Pero en esta ocasión no será el
gobierno quien los decida, sino la autoridad supervisora. En
consecuencia, no será ningún manifestante, sino la “troika” quien va a
tomar el Congreso.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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