Un artíuclo de Esther Vivas.
Sacar
de un supermercado nueve carros de la compra con productos alimentarios
de primera necesidad sin pasar por caja para dárselo a quienes más lo
necesitan parece ser constitutivo de delito; vulnerar derechos
laborales, pagar un precio de miseria a los productores agrícolas y
acabar con el campesinado local… queda impune ante la Ley.
Ésta
es la conclusión que podemos sacar de la acción llevada a cabo por el
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), cuando este martes 7 de agosto
entraron en dos supermercados, un Mercadona en Écija (Sevilla) y un
Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), recogieron alimentos básicos,
salieron del primero por la puerta sin pagar y se los entregaron a
colectivos necesitados.
Tras
esta acción, el ministro de interior Jorge Fernández Díaz ha dado orden
de “busca y captura” para los sindicalistas que la llevaron a cabo,
afirmando que “todos somos conscientes de que la gente lo está pasando
mal, pero el fin no justifica los medios”. Aunque para Fernández Díaz sí
hay medios que son justificados por determinados fines. Los
sindicalistas del SAT no pueden sacar alimentos de un supermercado para
dárselos a quienes más lo necesitan, pero el gobierno del PP sí puede
recortar la prestación de empleo, el salario de los funcionarios, subir
el IVA… con el “hipotético” fin de “sacarnos de la crisis”. Está claro
que lo que vale para unos, no vale para otros.
Ahora
Mercadona ha presentado denuncia contra aquellos que llevaron a cabo
dicha acción por, entre otros, “sustracción de comida”, pero es
necesario preguntarnos aquí: “¿Quiénes son los ladrones?”.
Los
supermercados a lo largo de las últimas décadas han generalizado un
modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que ha tenido
consecuencias dramáticas para el campesinado, el pequeño comercio, los
derechos laborales y el medio ambiente. Carrefour y Mercadona son los
máximos exponentes de estas prácticas en el Estado español al encabezar
el ranking de las grandes empresas que dominan el sector de la venta al
detalle. Ambos supermercados suman casi el 40% de la cuota de mercado de
la distribución de alimentos, según datos del 2007.
En
el Estado español, tan solo siete cadenas de supermercados controlan el
75% de la distribución de comida. Se trata, tras Carrefour y Mercadona,
de Eroski, Alcampo, El Corte Inglés y las dos principales centrales de
compra mayoristas Euromadi (con Spar, Schlecker, Guissona…) e IFA (con
Condis, Coaliment, Supersol…). Nunca el mercado de la distribución de
alimentos había estado en tan pocas manos. Lo que proporciona a estas
empresas un enorme poder a la hora de decidir qué comemos, qué precio
pagamos por aquello que consumimos y cómo se produce.
Asimismo,
los supermercados determinan un modelo de agricultura y de campesinado
donde las producciones familiares y a pequeña escala no tienen cabida,
promoviendo un modelo de agricultura industrial, intensiva e
insostenible. El monopolio ejercido por los supermercados y la presión a
los agricultores ha conducido a una situación donde estos cada vez
cobran menos por aquello que cultivan. Los precios en origen de los
productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en
destino, según datos del sindicato agrario COAG. Y se calcula que más
del 60% del beneficio final del precio del producto se concentra en los
supermercados. Actualmente, en el Estado español poco más del 5% de la
población activa es campesina.
El
modelo de distribución comercial de los supermercados conlleva también
consecuencias negativas para quienes forman parte de su plantilla
laboral. Los trabajadores de estos centros están sometidos a una
estricta organización laboral neotaylorista caracterizada por ritmos de
trabajo intensos, tareas repetitivas y rutinarias, causantes de
agotamiento, estrés y enfermedades laborales propias del sector. En lo
que respecta a las condiciones contractuales, priman los bajos salarios y
los horarios atípicos que generan en los trabajadores serias
dificultades para conciliar su vida laboral con la social y familiar.
A
pesar de que Mercadona ha buscado cultivar la imagen de una empresa
familiar, preocupada por el bienestar de sus trabajadores y
consumidores, al igual que las grandes cadenas del sector, destaca por
imponer unas condiciones de trabajo abusivas y practica una política de
gestión de la mano de obra que se basa en el mantenimiento de una
presión constante a los trabajadores para asegurar su rendimiento. En el
Estado español, una de las principales luchas sindicales contra una
empresa de la gran distribución fue la mantenida en 2006 por los
trabajadores de Mercadona en el Centro Logístico de Sant Sadurní
d’Anoia. Además Mercadona ha tenido varias sentencias contrarias, por
despidos improcedentes y acoso en el trabajo, durante los últimos años.
Hoy
quien debería dar explicaciones frente a los jueces no son los
sindicalistas del SAT con Juan Manuel Sánchez Gordillo a la cabeza, sino
el propietario de Mercadona, Juan Roig, por las prácticas abusivas de
Mercadona, que le han permitido amasar una de las principales fortunas
del país, y ya de paso para dar explicaciones de los oscuros hilos que
mueve tras las bambalinas de la política valenciana.
La
acción llevada a cabo por los sindicalistas del SAT puede ser ilegal,
pero en el contexto de crisis aguda en el que nos encontramos es del
todo legítima, mientras que precarizar las condiciones laborales puede
ser, lamentablemente, legal pero no tiene nada de legítimo. Y cada vez
son más las personas conscientes de ello. De aquí que frente la
legitimidad y el apoyo a estas movilizaciones, la única opción del poder
sea la represión y la criminalización. Solidaridad, pues, con aquellos
que no se resignan y luchan.
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