EL CAMPO ANDALUZ SE REBELA OTRA VEZ

Somonte Liberado. Un ejemplo de la lucha campesina andaluza

07. de junio del 2012

El grito que hizo temblar a los terratenientes del sur en los primeros años de la Transición: “La tierra para el que la trabaja”, de nuevo suena por los cientos de pueblos de Andalucía, en donde millares de familias de campesinos viven en condiciones de miseria y sin perspectiva alguna de futuro, acorralados por el paro y cercados por los latifundios de los grandes terratenientes; una realidad histórica que se había atenuado en la última década con la emigración masiva a la costa para trabajar en la construcción, ahora completamente paralizada. En cambio, a la intranquilidad de los grandes propietarios en los inicios de la “transición” por una anunciada y reivindicada Reforma Agraria, siguió un placentero sosiego al comprobar cómo los sucesivos gobiernos del PSOE nunca la llevaron a cabo y cómo, con prebendas y subvenciones europeas, los campos de Andalucía se fueron convirtiendo cada vez más en negocios redondos para los más ociosos.

Eduardo Albaladejo

Texto y fotos

Con la agudización de la crisis, el movimiento sindical de los jornaleros de las tierras centrales y occidentales de Andalucía se ha ido radicalizando y organizando a marchas forzadas y ahora, los hijos y nietos de aquellos que reivindicaban tierras al grito de “pan, trabajo y libertad” las vuelven a ocupar, pero esta vez para quedarse.

“Eran las 6 de la mañana, aún no habían llegado las claras del día, cuando tras escuchar como aporreaban la puerta y asomarnos a la ventana, vimos grandes destellos azules y escuchamos gritos insistentes, exigiendo que saliésemos de la casa o nos sacaban a palos”, cuenta la dirigente jornalera de SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) Lola Álvarez, con voz entrecortada por la emoción al recordar cómo la Guardia Civil los trató el pasado 26 de abril. Tres semanas antes, el día 4 de marzo, más de 300 jornaleros habían ocupado una finca de uno de los mayores propietarios de tierra en el sur de Europa: la Junta de Andalucía. Somonte, una explotación agraria de 400 hectáreas en el termino municipal de Palma del Río, en el límite de las provincias entre Córdoba y Sevilla, había sido puesta en subasta por el gobierno andaluz y los jornaleros de la comarca no estaban dispuestos a que las tierras públicas pasasen a manos privadas. Más de 20.000 hectáreas de suelo público han sido puestas a la venta por el Gobierno autónomo para aliviar, en parte, las deudas de una administración que en más de 30 años de gobierno del PSOE no ha sabido dar otra alternativa al problema de la subsistencia de los jornaleros del campo que el subsidio del PER y periódicas faenas de mantenimiento forestal y carreteras secundarias, sin más. Los jornaleros ocuparon la finca y decidieron quedarse para explotarla y crear empleo en la comarca, con unos índices de paro insoportables, y empezaron a labrar la tierra y a montar una pequeña granja avícola. En pocos días, con semillas y ayudas llegadas de los pueblos cercanos, el huerto empezó a tomar forma. El ejemplo de Marinaleda, a escasos 50 km de Somonte, animó a los jornaleros desesperados sin trabajo y pensaron que los sueños también eran posibles en su pueblo. En las tierras del municipio cuyo gobierno dirige el sindicalista y miembro de la CUT-BAI Juan Manuel Sánchez Gordillo, se ha creado un oasis utópico en las tierras ocupadas hace 20 años, cuando el Duque del Infantado disponía de ellas a su antojo gracias a la herencia secular que provenía de los tiempos de la “reconquista”. En El Humoso, que así se llama la finca, la lucha y el cooperativismo de los vecinos de Marinaleda han conseguido el pleno empleo, y más de 300 familias viven todo el año de las tierras colectivizadas. No sólo se cultiva, si no que los campesinos además han pasado a ser transformadores de lo que la tierra produce y comercializan aceite, alcachofas, pimientos de piquillo…

Los ocupantes de Somonte no aspiran a más que a transformar en regadío un buen trozo de tierra que, ahora se dedica al cultivo del trigo de secano y tan sólo origina dos o tres jornales al año, y que de otra forma, aplicando técnicas tradicionales y ecológicas de cultivo, podrían dar trabajo a cerca de 400 trabajadores. “La tierra es rica, hay agua en abundancia, sabemos trabajar ¿por qué no nos dejan ganarnos la vida honradamente con ella?” –se pregunta Manuel, otro jornalero que defiende la ocupación. La últimas cifras del paro en Andalucía son aterradoras: más del 30% de la población activa no tiene empleo y en los pueblos del interior, en donde ni el turismo ni la escasas producción industrial o de la construcción son referentes destacables, las cifras aumentan y la situación es dramática. En esta comunidad, las faenas del campo son, nunca mejor dicho, monocultivo y en el millón largo de parados que hay en Andalucía hay decenas de miles de familias que tienen todos sus miembros desocupados.

Los destellos azules de los furgones de la guardia civil no dejaron ver las claras de día. Continua su relato Lola: “Tiraron la puerta abajo y decenas de guardias vestidos de “ninyas”, con sus equipos de guerra, entraron en la casa en donde dormíamos 12 jornaleros y nos sacaron a la fuerza. Había también encapuchados de la brigadilla -los servicios de información de la guardia civil- que se empeñaron expresamente en buscarme a mí. Me golpearon, a pesar de que no opusimos resistencia porque sabíamos que era lo que estaban buscando para machacarnos a palos”. Tras fichar a los campesinos, la guardia civil dejó el campo para los que trabajan, o quieren trabajar, pero establecieron controles en los accesos al cortijo tomando buena nota de aquellos que querían apoyar a los ocupantes de Somonte. Porque los jornaleros volvieron al día siguiente y han seguido trabajando la tierra y, siguiendo el sistema asambleario tradicional en estás luchas, planifican la producción del huerto y la granja.

El día 1 de mayo, más de un millar de ciudadanos acudieron a Somonte recuperado a animar a los trabajadores que, día a día, van transformando unas tierras ociosas en promesas de futuro. El alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, advirtió en la fiesta mitin celebrada en la explanada del cortijo ocupado, que su sindicato ha decidido dar un salto cualitativo en sus movilizaciones: “Se acabaron las ocupaciones simbólicas. A partir de ahora, cuando ocupemos una finca será para quedarnos, y eso mismo es lo que tienen que hacer el resto de los trabajadores en las ciudades: ocupar las fabricas, ocupar los bancos, ha llegado la hora de la lucha revolucionaria”. Gordillo, su partido integrado en IU, y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, sabe que su decidida apuesta por la lucha en contra del sistema va a poner en un serio aprieto al Gobierno de coalición de IU y PSOE. El dirigente de IU Diego Valderas, entonces “ministrable” y ahora vicepresidente del Gobierno Andaluz, instó a Diego Cañamero, tras informarle éste del desalojo de Somonte a la fuerza, a que abandonasen las tierras y que “después ya hablarían”. “Vamos, sólo le faltó el megáfono de la policía”, afirma otro jornalero en Somonte.

Un gran porcentaje de votos que han hecho duplicar la presencia de IU en el parlamento andaluz procede precisamente del campo. La influencia del SAT -también del movimiento anarco sindicalista- está progresando de una forma sorprendente en comarcas en donde los sindicatos campesinos tradicionales UGT y CCOO llevan años sin plantear otras alternativas al creciente descontento popular que las protestas simbólicas y tímidas movilizaciones. Significativamente, en zonas como la sierra de Cádiz, la campiña de Jerez o las vegas de Granada y los invernaderos almerienses, los jornaleros están abandonando su afiliación a estos sindicatos y la influencia de los llamamiento del SAT a las movilizaciones crecen a pesar de las tácticas “disuasorias” del hasta ahora gobierno Andaluz.

Decenas de jornaleros están siendo sancionados económicamente, asfixiando las economías domésticas de los más luchadores, que, como mucho, tienen alguna motocicleta para trasladarse a buscar trabajo o recolectar caracoles y espárragos para ayudar económicamente en sus casas. “Hay que tener poca vergüenza para llamarse de izquierda siendo del PSOE y multarnos por movilizarnos, porque las cientos de multas que nos están llegando son de cuando Rubalcaba era Ministro del Interior”, afirma la mujer de un jornalero que el día 7 de mayo comparecía, junto a 47 compañeros más, en la Audiencia Provincial de Córdoba para ser juzgados por parar el AVE el 20 de agosto del año 2009 en demanda de empleo para el campo. En la actualidad, los jornaleros de SAT acumulan multas administrativas y judiciales por más de medio millón de euros, 400 de ellos están procesados y hay petición de cárcel para muchos por más de 60 años. Los sindicalistas denuncian la existencia de “listas negras” y que la policía “tira” de ellas para incriminarlos en acciones reivindicativas en las que a veces ni tan siquiera han participado. El mismo portavoz del sindicato, Diego Cañamero, que harto de las continuas citaciones y multas se declaró el año pasado, junto con el resto de dirigentes del sindicato, “insumiso judicial”, tiene peticiones judiciales de varios años cárcel. Este dirigente, cada vez que aparece en público es detenido por la policía, porque se encuentra en permanente orden de busca y captura. La última detención se produjo el viernes 18 de mayo, a salida de los Juzgados de La Buhaira (Sevilla) donde había una concentración de sindicalistas en apoyo de José Ángel Mangano Martínez, afiliado al SAT, que estaba siendo juzgado por protestas sindicales ocurridas en julio de 2009 ante la Casa Rosa.

La detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción nº 12 por “incomparecencia reiterada a los llamamientos efectuados por este Juzgado” y en el momento de la publicación de este reportaje, podría estar a punto de ser detenido de nuevo por alguna de las múltiples causas abiertas como consecuencia departicipar en protestas laborales.

Se da la paradoja de que la finca Somonte ha sido subastada en tres ocasiones y en ninguna de ellas ha aparecido postor alguno y que la Consejería de Agricultura no sabe qué hacer con ella. El líder jornalero Diego Cañamero lo tiene muy claro “la tierra es un don de la naturaleza, como el aire, el agua, el sol, nadie puede apropiarse de ella” y más claro aún cual sería su mejor futuro: “trabajarlas por los jornaleros en régimen de cooperativa”. Porque, además, no esconde su objetivo: “Las tierras están ahí para los pueblos y sabemos que ocupándolas les damos un golpe directo en el corazón al capitalismo y eso es muy bueno, porque este sistema no sirve para solucionar los problemas de los trabajadores”. Y es que la reivindicación de la tierra suena ahora matizada y tiene un calado más hondo y político. Cañamero aclara que “ya no queremos la tierra para el que la trabaja, queremos las tierras públicas de Andalucía al servicio de las personas” y reivindica las 20.000 hectáreas del IARA (Instituto Andaluz para la Reforma Agraria) para proyectos agrícolas colectivos, coordinados por los ayuntamientos o las cooperativas de trabajadores y que se desarrolle la industria transformadora de los productos de la tierra: “Andalucía tiene 8 millones de hectáreas de tierra y de ellas, está reconocido que un 30% son de las mejores de Europa. Somos los primeros productores de algodón y aquí no hay ninguna hilatura. Tenemos 40.000 hectáreas de naranjos y aquí no se hace un litro de zumo. Lo mismo pasa con las pipas, el tomate… y del aceite, que vienen los italianos a llevárselo en cubas, para venderlo como suyo, para qué hablar”. Y además, aclara: “En la cooperativa de El Humoso, en Marinaleda, hemos demostrado que es posible dar un paso adelante en esta situación histórica. Ahora mismo, la demanda de nuestros productos transformados allí duplica lo que estamos produciendo, en Somonte nos podemos apoyar y seguir creando puestos de trabajo. Nosotros no queremos que la tierra deje de ser pública. Que la titularidad sea pública, que la pongan a disposición de los ayuntamientos, de las cooperativas para que la tierra produzca y contribuya a mejorar nuestra vida, que ahora mismo es desesperante”.

Es una incógnita la respuesta que el nuevo gobierno andaluz va a dar a la creciente rebeldía en el campo y al creciente movimiento de simpatía que ha generado en su entorno. Trabajos de desbroce en el bosque, limpieza de cunetas, de rehabilitación de colegios, más subsidios -aunque no se sabe con qué dinero- se aventuran en los acuerdos firmados por el PSOE e IU en su programa de gobierno conjunto. De momento, se ha anunciado un plan de choque con 200 millones de euros destinados a frenar el progresivo aumento de desempleados en la comunidad más poblada del país y con los índices relativos de paro más altos del Estado y quizás de Europa. La respuesta, a lo mejor, no está en el viento. A lo mejor, si los campesinos tienen razón, la respuesta está en la misma tierra.