Inmigrantes argelinos en proceso de expulsión tras denunciar maltratos en el CIE de Valencia


Enric Llopis ||
Valencia.
16_llopisv Cinco inmigrantes argelinos, internos en el CIE de Valencia, han denunciado malos tratos en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia. ©Mónica Centelles
La historia de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es el cuento de nunca acabar. A su mera existencia –centros en los que se encierra a inmigrantes, por una mera falta administrativa, durante un máximo de 60 días mientras se tramita su teórica expulsión-, se añade la permanente denuncia de vejaciones y malos tratos a los “presos” (como los llaman las organizaciones de derechos humanos) por parte de los agentes policiales. Esta vez, las acusaciones han recaído sobre el CIE de Zapadores en Valencia. Como en otros casos, las denuncias de vejaciones provocan otros malos tratos, bien que más sutiles, y aceleran los trámites de expulsión.
Un grupo de cinco inmigrantes argelinos llegó en patera a Almería a primeros de abril. Capturados por agentes de la policía ya en España, se les abrió expediente de expulsión y, mientras éste se tramitaba, fueron ingresados en el CIE de Valencia. La noche del sábado 28 de abril dos agentes de la Policía Nacional entraron en la celda donde permanecían encerrados los jóvenes argelinos, alegando que estaban fumando. Al no detectar humo ni restos de cigarrillos se retiraron de la celda pero, al poco, volvió uno de los agentes que, según las denuncias de los inmigrantes afectados y las ONG, comenzó a propinar golpes de porra a los cinco internos.
Se da la circunstancia de que tres de los jóvenes afirmaron ser menores nada más ser detenidos. Tras practicárseles las pruebas óseas (las habituales para determinar la edad), se estableció que eran mayores de 18 años. Sin embargo, los tres jóvenes lograron acreditar con la documentación remitida desde Argelia su minoría de edad. Lograban desmentir, así, las tesis de los peritos oficiales.
Denuncia ante el juzgado
Un día después de que ocurrieran las agresiones denunciadas en el CIE de Valencia, se desplazaron al centro de internamiento una abogada y una médica de la “Campaña por el cierre de los CIE”, que constató enormes moratones en los cuerpos de los jóvenes. De inmediato, el médico solicitó para estos la atención hospitalaria y la letrada interpuso un habeas corpus (queja ante el juez por violación de los derechos fundamentales). El lunes 30 de abril los inmigrantes denunciaron los hechos en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, que a continuación abrió diligencias previas. Tras testimoniar ante el juez, fueron devueltos al CIE de Zapadores.
16_llopish La lucha por la supresión de los CIE es una batalla cotidiana por la dignidad.
Miembros de la “Campaña por el Cierre de los CIE” organizaron a partir de entonces visitas de mañana y tarde a los internos porque, según las ONG, cuando se produce una denuncia suelen acelerarse los trámites de expulsión y reiterarse los malos tratos. De hecho, apuntan las organizaciones de derechos humanos, el maltrato se repitió “aunque de modo más sutil”, pues –añaden- “no se facilitaron las medicinas prescritas ni se les proporcionó agua”.
Pero los temores se han hecho realidad. El jueves 3 de mayo los inmigrantes argelinos fueron trasladados al CIE de Murcia, alejados así de la capacidad de acción de la “Campaña por el Cierre de los CIE” y más cerca del Ferry que les llevará a Orán en los próximos días. “Lo más grave es que si se les expulsa no hay juicio y, en consecuencia, las denuncias quedan de nuevo en la impunidad”, afirma Salva Lacruz, portavoz de la Campaña por el Cierre de los CIE. Las ONG habían pedido al juez, al Ministerio del Interior y a la Brigada General de Fronteras y Extranjería que no se hiciera efectiva la expulsión; y también exigieron por fax al Ministerio del Interior (institución que corre a cargo de la gestión de los CIE) que la expulsión se suspenda.
Las ONG critican que con las expatriaciones se impide el juicio a los responsables de los malos tratos
Una vez más, no han podido dirimirse responsabilidades por las denuncias de golpes y vejaciones en el CIE de Valencia. Apenas arranca el procedimiento judicial, se agiliza o se hace efectiva, según los casos, la orden de expulsión. Y las denuncias quedan sin aclarar. Es lo que ha ocurrido con los inmigrantes argelinos. Pero no es la primera vez que ocurre esto en el centro de Zapadores, recuerdan portavoces de la “Campaña por el Cierre de los CIE”. En diciembre de 2010 hasta 20 personas hicieron públicas las palizas, castigos colectivos e insultos racistas que supuestamente les infligieron los agentes del centro. También se les expatrió sin que la justicia fallara finalmente en relación con los hechos. En noviembre de 2011, otro grupo de argelinos denunció malos tratos. Se les expulsó y, de manera inverosímil, el fiscal (cuya función teórica es la de la defensa de la legalidad) pidió el archivo de la causa. Tampoco en este caso se sustanciaron responsabilidades.
En los CIE de Valencia, Barcelona, Málaga y Madrid las organizaciones que trabajan por su abolición ejercen un mayor control. De hecho, las irregularidades y malos tratos que se dan en los citados centros tienen más visos de trascender a la opinión pública. Además, sobre estos pequeños “Guantánamos” (como coloquialmente se les conoce) no recae únicamente el baldón de las agresiones físicas. En el CIE de Valencia se ha denunciado asimismo la precariedad de la alimentación, de la atención sanitaria y de algunos elementos de higiene básica (el agua de las duchas oscila entre picos de temperaturas gélidas y de ebullición).
La lucha por la supresión de los CIE, una batalla por la dignidad
La lucha por la supresión de los CIE es una batalla cotidiana por la dignidad. En el caso del centro de Zapadores, las organizaciones de la Campaña realizan una permanente labor de vigilancia sobre lo que allí ocurre; intentan, además, que mientras existan, alcancen el máximo de transparencia; para ello contactan con grupos parlamentarios, medios de comunicación, partidos políticos y Síndic de Greuges (defensor del pueblo autonómico); a esto se suman las concentraciones periódicas en la puerta del complejo policial de Zapadores, para exigir el cierre del centro de internamiento.
Apenas arranca el procedimiento judicial, se agiliza o se hace efectiva, según los casos, la orden de expulsión, y las denuncias quedan sin aclarar
Con el gobierno de Rodríguez Zapatero funcionaban estos centros a pesar de todas las denuncias. Ocurre otro tanto con el ejecutivo de Rajoy. ¿Ha cambiado algo? Según Salva Lacruz, “el PP se ha encontrado con una patata caliente, con una cuestión muy problemática de manejar en materia de derechos humanos; por eso intenta maquillar la realidad con reglamentos como el anunciado; quieren hacer ver que hay una supuesta transparencia en la gestión de los CIE, y que sólo expulsan a delincuentes, cuando realmente no es así; sin duda, lo que hacen es criminalizar la inmigración”.
Pero, con reglamentos o sin ellos, con transparencia o sin ella, agrega Lacruz, “no podemos admitir que se encierre a personas en estas cárceles para pobres, y después se les expulse; acabar con esta situación sólo es posible con la movilización ciudadana, ya que en la lucha está en juego la dignidad de toda la sociedad”, concluye el portavoz de la Compaña por el cierre de los CIE.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA