Por Alejandro Torrus
En los últimos diez años se han denunciado 6.621
casos de tortura o malos tratos policiales. Expertos apuntan que el
Estado no toma las medidas necesarias para evitar o investigar estas
malas prácticas. Presos que han denunciado torturas narran sus
experiencias.
Agustín Toranzo denunció públicamente haber sufrido
torturas de dos policías durante el desalojo de una casa ocupada en
Sevilla en 2011. La Justicia le condenó a pagar mil euros a un agente y 200 a otro por calumnias.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia su caso. Antonio
Molina, jubilado de 67 años cardiópata, operado de un pulmón, con disnea
a mínimos esfuerzos fue condenado hace apenas a unas semanas a pagar 350 de euros
a tres agentes de la Policía y a seis meses de cárcel por “atentado a
la autoridad”. Molina asegura haber sido golpeado tanto en la calle como
en comisaría. El informe pericial avalaba su versión. El juez dio la
razón a los agentes.
Según Amnistía Internacional en España se tortura.
Y no poco.
La práctica de la tortura no es sistemática pero tampoco se trata de
casos aislados. De hecho, sólo en los últimos diez años la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado
6.621 denuncias por malos tratos o torturas policiales.
La cifra contrasta con el escaso número de condenas emitidas por la
Justicia. Concretamente, 752, la mayoría por faltas y no por delitos.
Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España
hasta en seis por no investigar suficientemente estas denuncias y
el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura reprendió a las
autoridades españolas por no investigar las denuncias por malos trato.
“
La práctica de la tortura es realidad cotidiana en España.
Día tras día nos llega información de personas que han sufrido malos
tratos y todo tipo torturas. Desde posturas forzadas, a flexiones,
violaciones o agresiones físicas”, denuncia Jorge del Cura, portavoz de
la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.
“Hay un sistema torturante que requiere
impunidad. Se necesita alguien que autoriza, alguien que diseña,
alguien que encubre y alguien que amnistíe”
Su opinión es compartida por Pau Pérez, asesor del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y perito en tribunales
nacionales e internacionales para víctimas de maltrato y tortura, que
considera que la dimensión del problema en España no se limita “a unos cuantos policías que se saltan las leyes”. “Hay
un sistema torturante que requiere impunidad. Se necesita alguien que
autoriza, alguien que diseña, alguien que encubre y alguien que
amnistíe”, señala Pau Pérez, que denuncia que cada cuerpo policial en
España posee unidades de élite formadas para este cometido.
Antidisturbios rodean a un manifestante. – REUETRS
“Cuando hablamos de tortura, la gente piensa en la
tortura del franquismo. Esta no existe apenas en 2015. La tortura
intimidatoria al inmigrante, al militante de movimientos sociales
es física, pero juega más con el miedo, las amenazas, el terror. El
miedo al dolor es más demoledor que el dolor”, señala Pérez, que
denuncia que los casos que ha documentado en Euskadi sobre la detención
incomunicada son diferentes.
“Es una tortura entrenada, fría, de
role-playings consensuados a minué con director de orquesta, que juega
con la confusión, la humillación y la vergüenza, el dolor que aturde más
que rompe, que quiebra la conciencia y la orientación más que los
huesos, que interroga atacando la identidad profunda de la persona”,
relata.
El
juez del Supremo Joaquín Giménez no cree, como afirma
Pérez, que existan “cuerpos de élite especializados en torturas” aunque
señala que es “evidente” que “policías no se dedican a efectuar estas
prácticas si en el ambiente no respiran una
cierta impunidad”.
“Esto hay que terminarlo radicalmente y, de alguna manera, las
sentencias que se han dictado tanto el Tribunal Constitucional como por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han servido de despertador para
advertirnos de que teníamos un problema.
“La Justicia ya ha transmitido el mensaje de que las torturas en el marco de una investigación de un delito de terrorismo
no son gratis, que no hay impunidad”,
apunta Giménez, que insta a los jueces a “comprometerse” a cuidar de
los derechos de los detenidos y a los cuerpos policiales “a abrirse,
colaborar con la Justicia y no proteger al agente que haya efectuado
malas prácticas“.
El caso de Mikel Soto
El Tribunal Constitucional, sin embargo, no ha
llegado aún a todos los casos. Ni tampoco se puede decir que haya
investigado con diligencia todas las denuncias. En uno de los cajones de
la sede del TC debe estar la denuncia que presentó Mikel Soto, detenido
en 2002 por presunta colaboración banda armada junto a su compañera y
cuyos cargos ascendieron apresunto culpable del asesinato de UPN,
José Javier Múgica, durante el tiempo que duró la detención
incomunicada. Su compañera confesó haber participado en el asesinato del
concejal a pesar de que, posteriormente, se demostró que no estaban
implicados.
“Es complicado explicar las torturas
que sufrí. Cuento los golpes que me daban en la parte de atrás de la
cabeza, el ejercicio físico, la pistola que me metieron en la boca… Pero
cuesta explicar que todo eso sucede a la vez”
“Sufrí torturas y bastante graves por parte del equipo que se encarga de realizarlas. Eran profesionales. No parecían una cuadrilla de locos a los que se les había ido la mano.
Sabían perfectamente lo que hacían”, denuncia Mikel Soto, que tras dos
días de interrogatorio tuvo que ser trasladado a un hospital. Soto pasó
dos años en la cárcel por asesinato pero tras la aparición de unos
papeles en Francia que le desvinculaban del atentado a Mujica fue
absuelto de los cargos de asesinato y condenado a dos años por intento de colaboración con banda armada. Es decir, según la Justicia Soto trató de colaborar con ETA, pero no lo consiguió.
“Es complicado explicar las torturas que sufrí. Cuento los golpes que
me daban en la parte de atrás de la cabeza, el ejercicio físico, la
pistola que me metieron en la boca… Pero
cuesta explicar que todo eso sucede a la vez. Que tienes una pistola en la boca, mientras un guardia civil te pisa los talones y otro te insulta”, denuncia Soto.
El propio informe sobre el estado de los Derechos Humanos que encargó
el Gobierno de Mariano Rajoy a un comité de expertos nombrado por
Presidencia,
y al que tuvo acceso este diario, señaló que “las investigaciones realizadas indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados, sino
síntomas de deficiencias estructurales”.
Por ello, este comité de expertos recomiendan “mejorar las garantías de
los detenidos sometidos al régimen de incomunicación” con medidas como
“la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas
de las comisarías”.
La denuncia de Unai Romano
Con estas cámaras que reclama el comité de expertos del Gobierno, el Estado se hubiera ahorrado casos como el de
Unai Romano.
Su cara completamente morada y deformada sirvió para empapelar las
paredes de Euskadi y como símbolo de la lucha contra la tortura. Romano
fue detenido en septiembre de 2001 acusado de pertenencia a banda
armada. Tras pasar apenas unos días de interrogatorio tuvo que ser
trasladado al Hospital de Juan Carlos I. Denunció por torturas a España y
su caso fue archivado.
Ahora lo estudia el TEDH.
“Mientras golpeaban llegaban las amenazas. Te vamos a poner la bolsa, electrodos, te vamos a hacer la bañera….”
“Nada más llegar a Madrid me metieron en el calabozo y
me dieron una serie de reglas como no mirarlos a los ojos y comenzaron
los interrogatorios. Cuando la respuesta no les gustaba, me golpeaban en la cabeza.
Así pasaron horas. Preguntas, respuesta, golpes. Cada vez con más
intensidad. Me golpeaban en la parte superior de la cabeza o en la parte
de atrás. Yo estaba en una esquina contra la pared. Mientras golpeaban
llegaban las amenazas. Te vamos a poner la bolsa, electrodos, te vamos a
hacer la bañera….”, recuerda Romano en conversación con Público.
A la vez que le golpean, Romano señala que la tortura llegaba al
plano psicológico. “Me dijeron que habían detenido a mi madre y que le
estaban haciendo el ascensor.
Después me dijeron mi madre que había muerto”,
señala. Tras dos días de interrogatorio, Romano comenzó a sufrir los
efectos de los golpes: “Sentí como se me hinchaba la cabeza, la frente,
perdía visión debido a que los párpados también se estaban hinchando. Me
quemaba todo. Ahí decidí que tenía que salir de allí. Comencé a
morderme las muñecas para que me llevaran a la forense”.
A la derecha, la fotografía que, según
Unai Romano, le tomaron a su entrada a Soto del Real. Fuentes
penitenciarias niegan que esta sea su fotografía de acceso
En el juicio sobre las presuntas torturas sufridas por Romano la Guardia Civil alegó que el edema cerebral
sufrido por el preso fue causado por golpes que el propio Unai se había
dado contra la pared. La médico forense que atendió a Unai Romano
durante su estancia en dependencias de la Guardia Civil declaró al juez
instructor que, en su opinión, los aparatosos hematomas eran fruto de
una autolesión y no cabía atribuirlos a una paliza, ni a los repetidos
golpes en la cabeza denunciados por el detenido.
Sin embargo, el también
médico forente Francisco Etxeberria,
que en estos días anda buscando los huesos de Miguel de Cervantes,
realizó otro informe médico en el que demostró que la existencia de
hematomas distribuidos por toda la cabeza no podían haber sido causados
sólo por el propio Unai. “Mi informe dice que Unai recibió golpes más
allá de la versión oficial. Unai sufrió muchos golpes y se ve claramente
en el escáner del hospital”, explicó Etxeberría en
declaraciones a Carne Cruda.
“
Unai Romano pudo morir aquel día”, sentecia el forense, que
señala “estar seguro” de que cualquier médico forense extranjero que
hubiese estudiado el caso de Romano estaría más de acuerdo con su
informe que con el presentado por la médico forense de la prisión.
“Se suele decir que un individuo torturado es aquel que ya tiene una sentencia a favor que prueba la tortura.
Si eso es así yo he visto a mucha gente torturada.
He tenido amigos, familiares, alumnos, profesores que han sido
torturados. Esto es una cuestión que salvo que uno quiera mirar hacia
otro lado, existe. Es una realidad que se ha probado judicialmente”,
explica Etxeberria.
El juez del Tribunal Supremo Joaquín Giménez apunta que en los casos de denuncias de presuntos miembros de ETA puede “haber una especie de estrategia de alegar sistemáticamente torturas y al mismo tiempo existir torturar de verdad”.
“Hay que distinguir la paja del trigo y para eso que hacer una
investigación seria y profunda”, agrega Giménez que recuerda que
“también hay torturas o malos tratos en otros casos que no son de
investigación de un delito terrorista.
50% de denuncias procede de movimientos sociales
En este sentido, el experto Pau Pérez señala que de las denuncias de
malos tratos o torturas producidos en ambientes ajenos a una detención
en comisaría, el 50% de los mismos se ha producido contra activistas de
los movimientos sociales,
cerca del 40% contra inmigrantes y sólo un 10% está relacionado con el “conflicto en Euskadi”.
El propio Giménez fue ponente de una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la pena de un año de prisión y
ocho de inhabilitación absoluta impuesta a dos guardias civiles por un delito de torturas cometido contra un inmigrante cubano que fue detenido
por robar una cartera a una mujer
en un centro comercial de Alboraia (Valencia) en 2008. Pau Pérez
denuncia, por el contrario, que no siempre es así, y que muchos policías
utilizan denuncias falsas de resistencia y atentado a la autoridad como
estrategia disuasoria frente a denuncias de malos tratos.
“No me cabe ninguna duda de que el CGPJ
tiene constancia del uso de denuncias falsas de resistencia y atentado a
la autoridad como estrategia disuasoria”
“No me cabe ninguna duda de que el Consejo General
del Poder Judicial tiene perfecta constancia del uso de denuncias falsas
de resistencia y atentado a la autoridad como estrategia disuasoria
frente a las denuncias de malos tratos y de la tolerancia pasiva de muchos jueces por razones que no atisbo”, denuncia Pérez.
Sin una institución encargada de víctimas
Para Víctor Madrigal, secretario general del Consejo Internacional de
Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, la prueba más evidente de que
España tiene un problema con la tortura o los malos tratos policiales es
que no hay ninguna institución española que se dedique a velar por la
reparación de las víctimas de tortura o malos tratos. “Me resulta
difícil pensar que en España no hay ningún centro porque no existen
víctimas de tortura. Creo que tiene más que ver con una falta de reconocimiento de los derechos de esas víctimas”, explica Madrigal a Público.
“Con la documentación que aporta Amnistía Internacional o la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura me inclino a pensar que en
España
existe una problemática que habría que reconocer. Tanto
desde las instancias judiciales como desde las autoridades públicas”,
denucia Madrigal, que recuerda que para que un Estado pueda llamarse
plenamente democrático debe defender el principio de legalidad que, por
derivación, “establece una prohibición absoluta de la tortura”. “Sólo un
Estado que investiga las denuncias de torturas diligentemente puede
llamarse verdaderamente democrático”, sentencia.
