14.09.2014
El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España
no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la
dictadura. Y pide la remoción o "resignificación" de los monumentos
franquistas, en especial del Valle de los Caídos. El estado español y su
defensa a ultranza de la dictadura, cada día más contra las cuerdas.
Agencias/Prensa
España tiene espacio legal para abrir causas judiciales respecto a
violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la
dictadura, según el relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,
Pablo de Greiff.
El relator presentó esta semana su informe sobre España ante el
Consejo de Derechos Humanos, en el que critica que el Estado no haya
resarcido globalmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
La respuesta del Gobierno español la proporcionó el miércoles la
embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, quien
puso especial hincapié en señalar que la ley de Amnistía, de 1977, fue
votada con un amplio apoyo social y con absoluto consenso político.
El documento de la ONU sigue la línea defendida por el exmagistrado
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien compareció en noviembre
ante este Comité para defender que las desapariciones forzadas durante
la guerra civil y el franquismo son "delitos permanentes, que no
prescriben". El exjuez de la Audiencia Nacional abrió una causa para
investigar los crímenes del franquismo, a pesar de la oposición de la
Fiscalía y fue absuelto del delito de prevaricación en este caso.
En una rueda de prensa convocada este pasado viernes, De Greiff
asumió que "es cierto que en la sociedad española hubo una movilización
muy fuerte en la ley de amnistía", aunque destacó el objetivo primigenio
de la misma.
"La ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a
quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de
los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un
artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una
discusión tardía", señaló.
Dicho esto, el relator aseguró que "el debate no debería centrarse
sobre los detalles históricos de la ley, sino sobre cuáles son las
interpretaciones defendibles de esa ley en el momento actual en España".
"Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones
posibles que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al
sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los
ciudadanos", afirmó De Greiff.
"Y estas no son ni interpretaciones estrambóticas ni desconocidas,
sino que incluso cortes españolas las han aplicado, como queda
perfectamente claro en los casos de [Adolfo] Scilingo y [Augusto]
Pinochet", explicó.
"[Estos casos fueron] decididos por tribunales españoles, donde aun
enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile los jueces
encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer
compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar
investigaciones judiciales en contra de los acusados", aseveró el
relator.
Por otra parte, De Greiff también se refirió a la ley de Memoria
Histórica de 2007, esgrimida por Menéndez para defender la política del
Gobierno español en lo que se refiere al mandato del relator.
El experto dijo que para evitar debates estériles sobre si se está
aplicando o no, y si es efectiva o no, lo que debería hacer el Estado
español es redactar un informe sobre su implementación y lo que se ha
conseguido desde que está vigente.
Precisamente, uno de los puntos que aborda esta ley es el de los símbolos, aspecto destacado en el informe.
De Greiff considera que "son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos".
Por ello pidió su remoción o "resignificación", especialmente en el caso del Valle de los Caídos.
El relator dijo que hay que mantener el monumento pero
contextualizándolo y dándole una explicación pedagógica de cómo fue
concebido, construido y lo que significaba.
Asimismo, se mostró a favor de remover los restos del dictador Francisco Franco, enterrados allí.
"El espacio público y monumental tiene que respetar la historia y los derechos de todos", afirmó.
Finalmente, De Greiff respondió a Menéndez respecto al comentario de
la embajadora sobre que "la garantía de no repetición" se sustentaba en
la consolidación de la democracia española.
"Precisamente porque no existe ningún riesgo de quiebra institucional
por parte de las Fuerzas Armadas, es que creo que el Estado tiene
muchísima más oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los
derechos de todos", aseveró.
"La fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más
reflejada en la forma en cómo abordan positivamente las peticiones de
los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la
agenda pública", concluyó.
En esta línea, la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado
este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la
Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del
franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una
reparación adecuada de su sufrimiento.
Su portavoz, Joaquim Bosch, reclama que se destine dinero público
para exhumar e identificar a las víctimas de las desapariciones forzadas
durante la guerra civil y el franquismo: "Un Estado democrático no debe
tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura
en fosas comunes junto a cunetas".