23.04.2014
El 20 de abril de 1963, el dirigente comunista era fusilado a las afueras de Madrid.
Dos días antes, un consejo de guerra sumarísimo le había condenado
por “rebelión militar continuada”. Fue el último ejecutado por el
franquismo por delitos cometidos durante la Guerra Civil
El dirigente comunista fue ejecutado a las cinco de la madrugada en
el campo de tiro de los cuarteles de Campamento, a las afueras de
Madrid. Cuando salió del coche celular que le había transportado desde
la prisión de Carabanchel ya estaba formado el pelotón de soldados del
regimiento de Wad-Ras, al mando de un teniente. El jefe de la Guardia
Civil en Madrid se había negado a formar un pelotón de ejecución. Y el
mando militar dispuso de que fueran soldados de reemplazo los que
fusilaran a Grimau. Según su abogado defensor, el capitán Alejandro
Rebollo, obligado a presenciar la ejecución vestido de gala, los
reclutas estaban muy nerviosos. Alumbrados por los faros de varios
camiones dispararon 27 balas, pero el oficial al mando tuvo que rematar
al condenado con tres tiros de gracia. Porque era tal la agitación y la
tensión que hicieron falta tres tiros de gracia para matarle.
¿Quién era Julián Grimau?
Julián Grimau había nacido en Madrid el 18 de febrero de 1911.
Durante la Segunda República militó en Izquierda Republicana, el partido
de Manuel Azaña. Al comienzo de la Guerra Civil ingresó en la Brigada
de Investigación Criminal, nada excepcional porque su padre había sido
comisario de policía en Barcelona en los años veinte. En octubre de 1936
ingresó en el PCE. Su actividad represora debió ser eficaz en Madrid
porque fue ascendido y trasladado a Valencia. Más tarde llegó a
Barcelona, donde fue especialmente diligente apresando trotskistas y
quintacolumnistas. Concluido el conflicto cruzó la frontera. Vivió en
Francia y después en varios países latinoamericanos. Carrillo le pidió
que volviera a Francia. Fue elegido miembro del Comité Central del PCE
en el congreso de Praga de 1954. Desde entonces, empezó a entrar
clandestinamente en España, con estancias en Barcelona y Andalucía.
Después de la detención de Simón Sánchez Montero, en 1959, le enviaron a
Madrid para colaborar con Romero Marín y Jorge Semprún, Federico
Sánchez, en la dirección del partido. Desde 1961 se instala
definitivamente en la capital como responsable del partido en el
interior.
Se ha discutido mucho si su pasado policial era el perfil idóneo para
enviarlo a la actividad clandestina en España. Jorge Semprún y Fernando
Claudín, tras su caída, confesaron que lo desconocían. Fue un motivo
más de sus futuras diferencias con Santiago Carrillo. De hecho, Semprún
ya había informado de los riesgos de la actividad febril de Grimau y su
descuido de las medidas de seguridad –realizaba continuas citas, pasando
demasiado tiempo en la calle-. Probablemente, Carrillo menospreció los
riesgos de enviar a Grimau a España, confiado en su injustificada
creencia de la caída inminente de la dictadura.
La detención
Aquel 7 de noviembre de 1962, tras haber mantenido varias reuniones y
despedirse de su amigo Díaz-Cardiel, Grimau se dirigió a una nueva cita
con otro camarada, Francisco Lara, que le iba a proporcionar papel para
hacer octavillas. Más tarde se supo que Lara, detenido días antes, le
había delatado y entregado a la policía, aunque desconocía su verdadera
identidad. Grimau, ajeno a que disfrutaba sus últimos momentos de
libertad, y desoyendo los consejos recibidos de Semprún de desplazarse
en taxi, cogió un autobús donde sólo viajaban unos pocos policías.
Cuando se dio cuenta era tarde. Sólo tuvo tiempo de gritar que era
comunista. Tras su identificación en la Dirección General de Seguridad,
la policía se dio cuenta de que había arrestado a una de las piezas más
codiciadas.
Durante los interrogatorios a los que fue sometido cayó de cabeza
desde una ventana del primer piso al callejón de San Bernardo, en la
parte posterior de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del
Sol. Grimau estuvo al borde la muerte, pero, con el cráneo, las muñecas y
las piernas fracturadas, sobrevivió. El Gobierno se apresuró a indicar
que había sido un intento de suicidio pero resultaba poco creíble.
Grimau, tras recuperase de los traumatismos, no recordaba nada de lo que
sucedió después de las primeras horas del brutal interrogatorio. No
realizó ninguna denuncia, tampoco delató a nadie.
El juicio sumarísimo
Un mes después de su detención, el 6 de diciembre de 1962, el
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, convocaba una
rueda de prensa para responder las acusaciones del informe de la
Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y anunciar “la
publicación de un dossier espeluznante de crímenes y atrocidades
cometidas personalmente por este caballerete”. El ministro repartió una
cronología desde la detención del anarquista Jordi Conill, el 19 de
septiembre de 1962, hasta la explosión de un artefacto explosivo en el
consulado de Ámsterdam el día anterior. La ofensiva mediática del
Gobierno auguraba que el juicio de Grimau sería la demostración de la
fortaleza del régimen contra sus opositores. Además, los antecedentes
del detenido permitían afirmar que los comunistas de 1963 eran los
mismos que los de 1936. Un macabro recordatorio de que la fuerza del
franquismo se asentaba en su victoria en la Guerra Civil.
A Grimau no sólo se le juzgó por sus actividades políticas en España
durante los últimos años, sino por un delito de rebelión militar
continuada durante la guerra. La petición del fiscal era de pena de
muerte por delitos durante la Guerra Civil y treinta años de cárcel por
alteración del orden público –reuniones ilegales, impresión y reparto de
octavillas, incitación a la huelga-.
El juicio fue una farsa. El consejo de guerra sumarísimo se celebró
el 18 de abril de 1963. No hubo testigos. Todas las declaraciones
obtenidas durante los cinco meses de la instrucción se basaban en
segundas versiones y en un libro de un abogado barcelonés que le
identificaba erróneamente. El expediente establecía que Grimau, en su
condición de comisario de la Brigada de Investigación Criminal, había
torturado a miembros del bando nacional en la checa de la plaza de
Berenguer en Barcelona. La defensa del militar y abogado asturiano,
Alejandro Rebollo, por cuestionar la legalidad del delito de rebelión
militar tras haber pasado más de veinticinco años fue infructuosa.
Un año más tarde, otra irregularidad se hizo pública. El comandante
auditor y principal acusador, Manuel Fernández Martín, había falsificado
su título de abogado, carrera de la que sólo había estado matriculado
durante dos cursos en la Universidad de Sevilla.
Las reacciones internacionales
Tanto las torturas sufridas durante su detención como su ejecución
despertaron una repercusión internacional hasta entonces desconocida.
Durante los cinco meses en que estuvo detenido, el PCE y otros
personalidades españolas –desde opositores provenientes del régimen
como Dionisio Ridruejo o Joaquín Ruíz-Giménez hasta intelectuales como
Laín Entralgo o Menéndez Pidal- mediaron para salvar la vida de Grimau.
Se recibieron miles de telegramas de todo el mundo solicitando el final
del proceso que ya entonces se consideraba una farsa.
Tras la sentencia, pidieron clemencia, entre otras personalidades
internacionales, el secretario del Partido Comunista de la Unión
Soviética, Nikita Kruschev, el líder del Partido laborista británico,
Harold Wilson y el arzobispo de Milán, cardenal Montini, que sería
elegido Papa dos meses más tarde –el 21 de junio-. La elección fue un
duro golpe para el franquismo y el nacional catolicismo español. Montini
le pidió a Franco conmutar la condena a muerte de Grimau –“No hemos
sido escuchados”-. Ya como Pablo VI, dos décadas después, volvió a hacer
gestiones para evitar la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig
Antich, pero Franco se negó a atender su llamada telefónica.
Entre las peticiones de clemencia hubo ausencias significativas, como
la de Estados Unidos y la del Vaticano –aunque algunas fuentes no
descartan que el secretario particular de Juan XXIII realizara a última
hora alguna gestión-.
Todo fue inútil. Al día siguiente del juicio, el Consejo de Ministros
presidido por Franco se reunió como cada viernes y se dio por enterado.
Todos votaron en contra de conceder el indulto. Parece ser que las
únicas intervenciones tímidamente a favor fueron la del ministro de
Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, que ya estaba trabajando
por la integración europea y los ministros del Opus, responsables de
áreas económicas,
Aquel mismo Consejo de Ministros del 19 de abril de 1963 creaba el
TOP (Tribunal de Orden Público), uno de los instrumentos de la represión
franquista. Juan José del Águila, abogado y magistrado de lo social,
publicó en 2001 El TOP. En su libro esclarece como el anuncio de la
creación del tribunal fue ilegalmente demorado. De haberse admitido que
se había aprobado en aquel Consejo de Ministros hubiera supuesto la
concesión automática del indulto a Grimau.
La lucha de la viuda
Tras su ejecución las protestas y manifestaciones siguieron en todo
el mundo. También los medios afines a la dictadura franquista mostraron
su acuerdo con la sentencia y apoyaron al Gobierno español. Y algún
periodista firmó artículos infames que permanecen en nuestras
hemerotecas.
Ángeles Campillo, la viuda del dirigente comunista, residía en París.
Tras la ejecución de Grimau comenzó una larga lucha para reivindicar su
memoria y averiguar donde había sido enterrado su marido. En 1967, su
abogado presentó un recurso para revisar el juicio ante el Consejo
Supremo de Justicia Militar. No fue admitido a trámite.
En abril de 1968, demandó al director general de Cementerios
exigiéndole que facilitase el lugar donde se encontraban los restos
mortales de Grimau. El director de Cementerios sólo se avino a facilitar
los datos exactos de la sepultura en el cementerio de Carabanchel en el
acto de conciliación del juicio, celebrado el 27 de junio de 1968.
Ángeles Campillo siguió su batalla jurídica. En diciembre de 1972,
solicitó la exhumación, reconocimiento y traslado de los restos de su
marido al cementerio civil de Madrid. En otra demanda solicitaba, una
vez más, su pasaporte para poder regresar a España, donde ya vivían sus
hijas y su madre. La crueldad del régimen con la viuda fue implacable,
no pudo volver hasta septiembre de 1976.
A los veinticinco años de su fusilamiento, el 30 de noviembre de
1988, volvió a presentar recurso contra la sentencia de muerte de Julián
Grimau ante la Sala Militar del Tribunal Supremo. El recurso
argumentaba la nulidad de pleno derecho de la sentencia basándose en que
el ponente del consejo de guerra, Fernández Martín, no era abogado
-como exigía el cargo-. Pero, en enero de 1990, la sala del Supremo
denegó la revisión de la sentencia por “coherencia jurídica”. Esta vez
Ángeles Campillo no pudo doblegar la resistencia de las instituciones
españolas a revisar el pasado.
Tampoco vio cumplido su deseo, expresado en una rueda de prensa
celebrada en París a los cuatro días de la ejecución de su marido, de
“que la sangre derramada por Julián Grimau sea la última”. El 17 de
agosto de aquel mismo año eran ejecutados en la cárcel de Carabanchel,
por el españolismo método del garrote vil los anarquistas Joaquín
Delgado y Francisco Granados, condenados sin pruebas, en otro consejo de
guerra sumarísimo, de haber colocado varias bombas en edificios
gubernamentales.
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130420/54371267526/politica-dictadura-franquismo-pena-de-muerte-ejecuciones-partido-comunista-de-espana.html#.U1KUXIy-lUw.twitter
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