La jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos de 30
de enero de 1979, se comprometió a lograr, por sí misma, los recursos
suficientes para la atención de sus necesidades (autofinanciación).
“Han pasado 34 años, la iglesia
católica no ha cumplido su compromiso, por lo tanto el Estado está
obligado a revisar o a no cumplir este acuerdo” denuncian desde
laicismo.org.
Esta organización, que aboga por un
Estado laico y por la libertad de conciencia, señala -con datos del IRPF
2011, que “a la iglesia católica se le está asignando, con entregas a
cuentas de más de 13 millones de euros al mes y puntualmente, por parte
del Ministerio de Hacienda a lo largo de 2013, la cantidad de 247,1
millones de euros, en lugar de los 248,3 de ejercicio anterior (es decir
1,2 millones de euros menos, como consecuencia de que ha bajado el
número de contribuyentes que ponen el aspa en la Declaración de la
Renta)”. Cantidad que sirve para financiar a la propia Conferencia
Episcopal y para pagar el culto y el clero, a través del denominado
Fondo común inter-diocesano, según los datos de la memoria y presupuesto
anual de la Conferencia Episcopal española.
“Esa parte de la financiación se detrae
del conjunto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en
base al porcentaje de contribuyentes (declaraciones individuales o
conjuntas)” explican. En total fueron un 34,83%, frente al 35,71% del
año anterior. “Un dato a tener en cuenta, es que todos los
contribuyentes la pagan, no sólo los que ponen la cruz en ambas casilla
-un 65,17% en la Renta de 2011-. Hecho que consideramos ilegal e
injusto”.
También, a través del impuesto del IRPF
por la asignación del 0,7% en la casilla de “fines sociales”, unas
cuarenta organizaciones de la iglesia católica (ONGS, fundaciones…) se
repartirán o se están repartiendo unos 120 millones de euros.
Exenciones tributarias
Las exenciones tributarias de las que
disfruta la iglesia católica, según diversas fuentes y expertos
consultados por laicismo.org, han podido suponer en el ejercicio de 2012
una carencia de ingresos, por parte de las diferentes administraciones
del Estado, de unos 2.500 millones de euros, “cálculo aproximado, ya que
al ser muy opacos los bienes reales de la iglesia católica, así como
los datos que ofrecen los ayuntamientos sobre esta cuestión, hemos
tenido que hacer un cálculo muy aproximado, basándonos en una media
aleatoria, sobre diversos impuestos municipales -como es el del IBI
(impuesto de bienes inmuebles), obras, etc.- y varios impuestos
locales, autonómicos y estatales, así como el impuesto de sociedades y
otros”. Además de las desgravaciones fiscales que disfrutan los
particulares que hacen donaciones declaradas a la iglesia católica y a
sus organizaciones sociales.
En el ámbito de la enseñanza, (curso
2012-13) para el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000
personas que imparten religión católica (designadas por los obispados)
en lo más de 21.000 centros no universitarios, ni de régimen especial
(unos 15.000 públicos y 6.000 privados concertados), la cantidad supone
unos 430 millones de euros para la enseñanza pública unos 180 millones
de euros para la privada concertada. Unos casos son pagados por el
Ministerio de Educación y otros por las Consejerías correspondientes.
Enseñanza privada concertada
Según laicimos.org,
para financiar, a los centros educativos con ideario propio (católico)
la cifra aproximada que se gasta el Estado es de unos 4.000 millones de
euros, a través de los módulos económicos de los conciertos educativos.
“Además es previsible que conforme se vayan desarrollando los artículos
116, 117 y la 29 d. adicional de la LOE, y la privatización de la
enseñanza que está en marcha, más si se aprobara la reforma de la LOE
(es decir la LOMCE que pretende el Partido Popular) aumentará muy
considerablemente el costo de esta financiación”.
A ello hay que sumar los apoyos directos
o indirectos del Estado, como exenciones de impuestos y otros, a las
Universidades católicas y a sus Fundaciones, así como el costo de la
permanencia de capillas, capellanes y de profesorado que imparte
teología, derecho canónico, etc. en las Universidades públicas.
Varias organizaciones de la iglesia
católica son propietarias, además, de varias universidades (Deusto, de
los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU, de la Asociación de
Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de
Murcia y Ávila) y de quince Facultades eclesiásticas, 41 centros
teológicos, once colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y
72 institutos superiores.
Dentro del capítulo de la enseñanza hay
que contar las cuantiosas donaciones que diversos estamentos públicos
hacen a fundaciones, universitarias privadas católicas y otras entidades
educativas de la iglesia. También las organizaciones de la Iglesia y la
Conferencia Episcopal española reciben diversas subvenciones y
donaciones de apoyo por parte del Estado, para sus editoriales y medios
de comunicación.
Actividad “social”
La actividad “social”
de la iglesia católica que “además de su labor de caridad, la utiliza
para hacer proselitismo y propaganda católica”, se realiza a través de
centenares de asociaciones, organizaciones, fundaciones, congregaciones
religiosas vinculadas a la iglesia a través de sus más de 60
delegaciones diocesanas locales y de las delegaciones territoriales,
tales como Cáritas o Manos Unidas y otras y los más de 3.000 centros y
casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, discapacitados,
orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de
drogodependientes etc. a través de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y otras
múltiples pertenecientes a diversas congregaciones religiosas, que
reciben dinero vía subvenciones, conciertos y donaciones directas del
Estado.
Este apartado podría superar los 1.900
millones de euros, según los datos que maneja laicismo.org, “aumentando
en los últimos años dada la situación creciente de pobreza y de la cual
el Estado no se hacen cargo, cediendo, vergonzantemente, esa
responsabilidad institucional a organizaciones que en una gran mayoría
son de carácter religioso (católico)”.
A ello hay que sumar las subvenciones
directas y convenios con actividades hospitalarias por parte de las
Consejerías de Sanidad (unos 900 millones de euros anuales). “Estos
datos -añade laicismo.org- son estimados (a la baja) sobre el cálculo de
centros y de algunos datos a los que se ha podido acceder, pues al
proceder de diversas administraciones la cuestión es muy compleja, ya
que se mezclan diversos capítulos presupuestarios”.
El Estado paga también la nómina y
cargas sociales de los capellanes en hospitales (más de 800 a tiempo
completo y parcial), en centros penitenciarios hay 158. El Servicio de
Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas cuenta con 110 capellanes de
diversos niveles, que dependen del arzobispado castrense. “El estatus
profesional de estos capellanes fue mejorado por orden ministerial
84/11, siendo ministra Carme Chacón. Universidades y Facultades públicas
cuentan con capellanes en grados muy dispares, los datos que tenemos es
que superan el centenar” aseveran. También hay capellanes en algunos
cementerios (como en el de València) a cargo de presupuestos locales. El
costo para el Estado central y periférico puede rondar los 50 millones
de euros, anualmente.
Patrimonio
Capítulo aparte son las ayudas directas a
la Iglesia, para el sostenimiento, reforma y conservación del
patrimonio artístico e inmobiliario que figura en su poder, acumulado en
gran medida de forma ilícita e irregular. Entre ellos, 280 museos, 103
catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios, además de
terrenos rústicos y urbanos, viviendas y otros bienes patrimoniales,
como el oro, piedras preciosas, joyas, cuadros artísticos de enorme
valor, arte sacro, etc. “Estos datos son muy complejos conocerlos en
toda su magnitud, pero desde diversas fuentes deducimos que puede
superar los 700 millones de euros anuales, lo que le cuesta al Estado la
conservación y reparación de todo ese patrimonio” apostilla
laicismo.org.
Donaciones de suelo público y
subvenciones de carácter local: Cesión de suelo público y donaciones
directas e indirectas, por parte de ayuntamientos a Obispados para
lugares de culto o para la denominada “obra social” o la enseñanza.
Pagos diversos de los gastos varios de algunas casas parroquiales e
iglesias. Gastos, de ayuntamientos, en carteles, anuncios en prensa y
radio y programas de mano para eventos religiosos y donaciones a
cofradías (semana santa y otros desfiles procesionales, ofrendas
florales, romerías, fiestas religiosas, etc.); costos extras de fuerzas
de orden público, bandas de música y servicios de limpieza para todo
tipo de eventos religiosos, etc. “En estos apartados los gastos son
incalculables” aseguran.
“Las subvenciones de las CCAA y
entidades locales a organizaciones y asociaciones ligadas a la iglesia
católica, en algunos casos muy radicales e integristas, puede superar un
montante de varios decenas de millones de euros anuales en el conjunto
del Estado. Este apartado, no ha podido ser contabilizado en su
totalidad, por su magnitud y dispersión, figurando sólo una cantidad muy
aproximada (300 millones de euros)” advierten en laicismo.org.
Por otra parte, según datos de la propia
Conferencia Episcopal, la desgravación fiscal de los donativos y
limosnas que la iglesia católica recibe por parte de empresas o fieles,
supera en más de un 50% lo que reciben por el IRPF. Las donaciones a la
Iglesia Católica desgravan un 25% del IRPF (caso de personas físicas), y
un 35% del Impuesto de sociedades (caso de personas jurídicas).
“Porcentaje que Hacienda devuelve a los donantes y que supone un
extraordinario montante de euros que deja de ingresar el Estado” según
indica laicismo.org.
Desde laicismo.org denuncian que la
iglesia católica anualmente “agranda su patrimonio apropiándose de
inmuebles sin aparentemente dueño”. “Como consecuencia de una Ley
(mejorada para la Iglesia en 1998) -continúan- que permite a los Obispos
Diocesanos registrar a su nombre inmuebles, tales como templos,
cementerios, tierras o casas sacerdotales, viviendas y otros bienes que,
podrían carecer de títulos de propiedad y que habían sido financiadas,
en su día, por los ciudadanos, por un ayuntamiento o que no hay
herederos conocidos. Por la vía de las inmatriculaciones las cifras que
se barajan son de miles de bienes”.
…[Fuente: laicismo.org]
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