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Destaca como «creíbles y consistentes» los
testimonios de torturas de diez detenidos durante la primera mitad de ese
año.
(+) Testimonio de torturas de Beatriz
Etxebarria: «Tiran una manta al suelo. `El Comisario' grita que
me va a violar otra vez»
(+) Episodio revelador: La Guardia Civil
intentó impedir a la delegación del CET el acceso al cuartel de Guzmán el Bueno,
donde Beatriz Etxebarria
estuvo incomunicada
En marzo de 2011, en un momento en que ya existía
un alto el fuego de ETA, la Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que
concluyó con gravísimas denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz
Etxebarria, que incluía una violación en los calabozos. Aquel caso fue
denunciado por las organizaciones habituales y por algunos medios como GARA,
pero no hubo respuesta del Gobierno español y tampoco mereció la atención de la
práctica totalidad de partidos e instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura (CPT) ha recogido ese caso en el informe
relativo a la visita al Estado español que mantuvo dos meses después. Sitúa el
testimonio como «creíble y consistente», igual que otros nueve más.
Se trata de personas que fueron detenidas,
siempre por la Guardia Civil, en los seis primeros meses de 2011. El CPT remarca
que los testimonios son coincidentes en detalles como que recibieron golpes y
que «les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles sensación
de asfixia, una práctica conocida como `la bolsa', y que simultáneamente les
obligaron a realizar ejercicios físicos prolongados». Refiere también amenazas y
abusos sexuales.
Entre estos últimos, la delegación europea se
detiene en el caso de Etxebarria (aunque el informe no incluye nombres concretos
en ningún momento y tampoco cita que se trata de ciudadanos vascos). «Una
tercera persona -explica en su página 16- alegó que había recibido bofetadas y
puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil, y que en el
curso del primer interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno la mantuvieron
desnuda, la envolvieron en una manta en el suelo y la golpearon repetidamente.
También dijo que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta `la
bolsa', le aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un palo en
el recto, al tiempo que le amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a
hablar. Además, dijo que la mantuvieron desnuda durante todos los
interrogatorios y que continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a
su pareja: en particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron
electrodos al cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».
«El maltrato cesó una vez que decidió prestar
declaración el último día de su detención en régimen de incomunicación -sigue
diciendo el Comité Europeo-. Las alegaciones de malos tratos, incluido el abuso
sexual y las amenazas de aplicarle electricidad, fueron registradas en los
informes del médico forense en el tercer y cuarto examen», concluye.
Tras resumir todos estos testimonios, el CPT
indica que «a la vista de la información recopilada, parece que el objetivo de
los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara
una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en
régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista
oral».
Este informe del CPT ha sido publicado ahora
junto a las alegaciones correspondientes emitidas por el Gobierno español.
Curiosamente, pese a que estas últimas ocupan más del doble de espacio que aquel
(205 páginas frente a 102), no hay réplica alguna contra los párrafos que
recogen estos testimonios de detenidos vascos.
Sí se efectúa una consideración general
posterior, tras enumerar quiénes fueron los detenidos incomunicados durante esos
seis meses (incluida Etxebarria). Madrid asegura que «las personas detenidas
fueron tratadas de forma correcta durante su estancia en las dependencias de la
Guardia Civil y, en concreto, no se les tomó declaración esposadas, ni
encapuchadas ni con los ojos vendados. Tampoco permanecieron de pie durante
largo rato. No se realizaron tomas de declaración sin la asistencia de abogado
de oficio».
«Todas las declaraciones se tomaron siguiendo las
prescripciones legales y en las diligencias instruidas constan las horas de
comienzo y finalización de los interrogatorios, queda constancia de los agentes
que las realizaron, así como del instructor y secretario en cada una de las
diligencias y actos de instrucción policial realizados», añade.
Insta a investigar
El argumentario del Gobierno español ante el CPT
se basa en sostener que la incomunicación es una práctica poco frecuente pero
justificada debido a la presunción de vinculación con ETA de estos detenidos.
Asegura que es un régimen que cuenta con garantías. Y recurre una vez más a
afirmar que este tipo de denuncias de torturas son habituales y forman parte de
una maniobra orquestada.
Alega además que cada denuncia de torturas es
trasladada a los juzgados y que a los sumarios se incorporan los informes
forenses correspondientes. Sin embargo, tras reflejar los testimionios que
recabó, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura «solicita a las
autoridades españolas que lleven a cabo una investigación rigurosa e
independiente sobre los métodos utilizados por oficiales de la Guardia Civil
cuando retengan e interroguen a personas detenidas». Y añade que «el CPT desea
recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado sobre las acciones
adoptadas para aplicar estas recomendaciones».
Tras recordar al Estado que anteriormente ya le
trasladó «los criterios necesarios para que una investigación sobre malos tratos
sea eficaz», el CPT lamenta que «parece deducirse que cuando se formulan estas
alegaciones son sistemáticamente consideradas como no fiables». Indica que le
consta que en estos diez casos se han emitido informes forenses, pero desde los
juzgados no se ha tomado medida alguna para investigar los casos.
En este contexto, hay que recordar que Europa
viene poniendo de manifiesto su constancia de la negativa del Estado español a
investigar torturas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha
dictado tres condenas por este motivo: Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y
Martxelo Otamendi.
El caso de Etxebarria también será visto por
Estrasburgo. TAT y Behatokia anunciaron una demanda el pasado noviembre tras
constatar que las diferentes instancias españolas «se han negado a proceder a
cualquier tipo de investigación con el beneplácito incluso del
Constitucional».
«Sorprendente» que todas las redadas sean de un mismo juez:
Grande-Marlaska
El carácter periódico de estas visitas permite al
Comité Europeo ir viendo la evolución de la legislación y la práctica. Así, en
este informe de 2011 saluda positivamente que haya aumentado el número de jueces
de Instrucción que aplican un protocolo de «salvaguardias específicas» para
limitar los efectos de la incomunicación. La delegación europea dice que en 2007
eran dos de los magistrados del tribunal especial los que tomaban estas medidas
y que ahora, cuatro años después, son tres. Sin embargo, a continuación califica
de «sorprendente» que todas las detenciones en régimen de incomunicación
producidas en los cinco meses investigados de 2011 «fueron autorizadas por un
juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias».
Aunque el informe evita detallarlo, se trata de
Fernando Grande-Marlaska, que fue el que ordenó la redada de Bilbo en la que fue
detenida Beatriz Etxebarria junto a Daniel Pastor, Lorena López e Iñigo
Zapirain. Todos ellos fueron encarcelados. Pastor pasó por el hospital durante
el periodo de incomunicación; la versión oficial fue que «se autolesionó».
En sus alegaciones, el Gobierno español reconoce
catorce detenciones incomunicadas durante ese periodo (siete en enero en
Nafarroa contra acusados de integrar Ekin, las cuatro citadas de Bilbo y dos más
en Legorreta y otra en Bera en abril). Niega cualquier caso de maltrato.
En la actualidad, según afirmó recientemente en
Bilbo el exjefe de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez,
cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional están
dispuestos a aplicar eso que el CPT denomina «salvaguardias». Las últimas
denuncias de torturas producidas en Euskal Herria son las de Iñaki Igerategi e
Iñaxio Otaño, detenidos en Tolosa y Andoain en febrero de 2012, hace catorce
meses.
TAT y Behatokia, colectivos que lideran la lucha
contra la tortura en Euskal Herria, tomaron este informe como «un espaldarazo» a
su labor. Tras resumir las demandas del Comité Europeo, subrayan «la falta de
voluntad evidente que tiene el Estado español para modificar su actitud». Así
las cosas, invitan a Europa «a tomar medidas al respecto, haciendo uso por
ejemplo de la capacitación ofrecida por el artículo 10, apartado 2 del Convenio:
`Si la parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las
recomendaciones del Comité, este podrá (...) hacer una declaración pública al
respecto».
Por su parte, Amaiur ha anunciado iniciativas
tanto en las Cortes españolas. En el Congreso ha pedido la comparecencia urgente
del ministro del Interior para que dé explicaciones. Y en el Senado, Iñaki
Goioaga ha presentado una pregunta dirigida a Mariano Rajoy para que aclare si
piensa hacer efectivas las recomendaciones de este Comité Europeo.
Episodio
revelador: La Guardia Civil intentó impedir a la delegación el acceso al cuartel
de Guzmán el Bueno, en Madrid
El informe del CPT europeo relativo a su visita de 2011 al Estado español,
del que dio cuenta ayer GARA, incluye un episodio muy ilustrativo sobre el modo
de actuar de la Guardia Civil y que resultaría hasta jocoso si no fuera por la
gravedad del caso.
El Comité incluye una queja expresa por los problemas que encontró para
acceder a la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil
en la Dirección General del instituto armado, en la calle Guzmán el Bueno de
Madrid.
No se trata de un sitio cualquiera, sino que allí se han producido algunas de
las denuncias más graves de tortura de los últimos tiempos. Y en concreto, la
violación en los calabozos referida por la joven de Bilbo Beatriz Etxebarria,
que se recoge en este informe europeo.
Pues bien, este dictamen refiere en la página 10 que tras llegar al lugar la
delegación, «durante algo más de una hora, oficiales de la Guardia Civil negaron
el acceso a la zona de detención, aduciendo que el edificio estaba fuera de
uso». «Dado que prácticamente todas las personas detenidas a las que se aplica
el régimen de incomunicación son trasladadas a estas dependencias, este
argumento no es válido», replica el CPT.
El «sainete» aumenta al comprobar que la Guardia Civil indicó a los enviados
europeos que no había llaves del edificio. Finalmente, el Comité explica que «la
delegación consiguió encontrar una puerta trasera, que les abrió desde dentro un
encargado de la limpieza».
Critica además que esta situación no era nueva: «La delegación del CPT se
encontró con las mismas trabas para acceder a esas dependencias en el transcurso
de la visita que realizó en 2007, y no se había hecho nada para que esta
situación no volviera a repetirse». En consecuencia, formula una de sus
recomendaciones: «El Comité confía en que las autoridades españolas adopten
ahora las medidas necesarias para garantizar que esta situación no se repita en
futuras visitas».
Dice que no había llaves
Tan llamativa como la actitud de la Guardia Civil es que el Gobierno español
dedique más de dos páginas de alegaciones a justificar esta actitud. Argumenta
que solo se trató de un retraso justificable en que, por un lado, el edificio
estaba en fase de rehabilitación y que, por otro, al no haber detenidos en aquel
momento las llaves se encontraban en la Jefatura de Información, situada en
Barajas, «a catorce kilómetros».
El Gobierno español parece preocupado por la imagen ofrecida ante Europa,
hasta el punto de otorgar gran importancia a los detalles más nimios: «El hecho
de que la delegación lograse acceder finalmente a los calabozos por una puerta
trasera, debido a la intervención fortuita de un empleado de la limpieza que se
encontraba en el interior a fin de asear las dependencias, no desdice en
absoluto la realidad, que es que las llaves no estaban disponibles»,
esgrime.
Finalmente, por cierto, la delegación europea consiguió acceder a la
comisaría central de la Guardia Civil. Explica que «las ocho celdas diseñadas
para un único ocupante seguían sin tener acceso a la luz natural, tenían escasa
ventilación y la iluminación artificial resultaba inadecuada». Cita que en 2007
ya se le había trasladado que se iban a reformar, pero no había ocurrido así. De
modo que, cuatro años después, el CPT vuelve a insistir en que hay que remodelar
estos calabozos «sin más dilaciones» y reclama ser informado sobre cómo va este
proceso en un plazo de tres meses.
Testimonio de torturas de Beatriz Etxebarria
Caballero (presa en Córdoba): «Tiran una manta al suelo. `El
Comisario' grita que me va a violar otra vez»
GARA publicó el 10 de marzo de 2011 la detallada
narración de Etxebarria sobre los días y noches pasados en manos de la Guardia
Civil. Un testimonio que recupera ahora tras recogerlo el CPT.
Sobre las 4:00 de la mañana del 1 de marzo de
2011 revientan la puerta. Me agarran del pelo y me llevan en volandas al salón.
Estoy en sujetador y no me dejan ponerme ropa durante el registro. En el salón
me reducen con violencia y en el sofá me intentan poner las esposas. Se enfadan
porque me quedan pequeñas. Me dicen mientras sigo sentada en el sofá: «Ya verás
qué cinco días vas a pasar» ...)
Me montan en el Patrol. Me obligaban a cerrar los
ojos y me los tapan ellos mismos con la mano. Escucho cómo hablan de encontrarse
con otro coche.
Paran. Un guardia civil, que se hacía llamar El
Comisario, viene a buscarme y cambiamos de coche. El de ahora no es un Patrol,
es un coche normal por el espacio y la altura al entrar. El Comisario empieza a
gritarme al oído y a amenazarme: «Soy militar y estoy entrenado para matar». Me
dice que tengo dos opciones: hablar desde el principio, o no. Noto cómo sacan
una bolsa y me la ponen encima de las manos Durante el viaje a Madrid me dan
golpes y collejas en la cabeza, y constantes amenazas. Me dicen que va a parar
el coche y «te voy a poner en pelotas, te tiro a la nieve y te voy a abrir en
canal». El Comisario se quita la chaqueta y empieza a restregarse contra mi
cuerpo. El otro policía que estaba a su lado «apacigua» a El Comisario pero
también me amenaza. Me hacen «la bolsa» dos veces de camino a Madrid.
En la comisaría había diferentes habitaciones: en
una escuchaba los gritos del resto de detenidos y había otra que estaba más
abajo que me daba la sensación de que estaba aislada, y ahí el trato era todavía
peor. A la primera la llamaré la «habitación dura» y a la otra «la muy
dura».
Siguen las amenazas y El Comisario me mete a una
celda y me dice que piense bien qué voy a hacer. Me sacan de la celda y me
llevan al forense.
Son sobre las 20.30 del martes. Le relato que
estoy siendo torturada. Me vuelven a llevar a la celda.
Me llevan a la «habitación dura». Allí oía gritos
del resto de detenidos/as. Me sientan en una silla y me mojan las manos,
mientras escucho ruidos de algo que parecen electrodos. Cuando estaba en la
celda también escuchaba esos mismos ruidos. Me dicen que tengo que hablar y me
empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me
echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces
seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda, me ponen a cuatro
patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la
vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y
me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo.
Me vuelven a llevar a la celda hasta la mañana
del miércoles, cuando vuelvo a visitar al forense. Le cuento algo sobre el trato
al que estaba siendo sometida y su actitud fue mala.
Vuelvo a la celda y allí trato de «descansar» un
poco. Después de pasar un rato, viene El Comisario y me lleva a la sala «muy
dura». Allí me vuelve a desnudar. Me estira del pelo, me da golpes en la cabeza
y me grita al oído que es militar y que está entrenado para matar y que «te voy
a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras».
Me vuelven a llevar a la celda y, después de
estar allí, al forense. No le cuento nada, al ver cuál había sido su actitud en
la última visita en la que cuestionaba el relato de torturas que le había
hecho.
En los interrogatorios siempre había mucha gente.
Una vez conté hasta siete voces diferentes. Me amenazan constantemente con mi
pareja (al que escucho cómo está siendo torturado). También me amenazan con
detener a mi hermano (...)
El anteúltimo día El Comisario me vuelve a
desnudar. Tira una manta al suelo, grita y me dicen que me van a violar, otra
vez. Me da la impresión de que él se empieza a quitar la ropa, escucho cómo se
quita el cinturón. Entonces, al que llamaban Garmendia intenta tranquilizarle,
lo saca de la sala en la que estaban y escucho cómo hablan. Garmendia entra otra
vez en la habitación y me dice que le prometa que voy a declarar.
El último día tuve hasta seis interrogatorios. La
segunda declaración policial la hago el sábado a las 5:40. Después no me vuelven
a desnudar y la agresividad era menor, incluso llegaron a decirme si quería ver
a Iñigo. Las amenazas no cesaron hasta llegar a la Audiencia Nacional. En el
furgón, El Comisario, que estaba sentado a mi lado, me dijo que tenía que
ratificar delante del juez la declaración.
Durante todo el periodo de incomunicación, salvo
cuando iba donde el forense, estuve con los ojos tapados con diferentes
antifaces. Había alguno de látex que tenía una especie de polvo que ellos decían
que si abría los ojos me iba a quedar ciega. Yo sí notaba que cuando me lo
quitaban (para ir al forense) me picaban los ojos durante un rato. Cuando estaba
con El Comisario me ponían otro antifaz que era como de terciopelo.
Durante la incomunicación estuve sobre todo con
tres policías (El Comisario, El Inspector y Garmendia, que era menos salvaje),
aunque durante los interrogatorios solía haber mucha gente siempre en la
habitación.
Ante el juez negué la declaración policial y
denuncié haber sido torturada.
Europa
pide firmeza al Estado español para adoptar medidas que eviten las
torturas
El Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa ha pedido a las autoridades españolas mayor
firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a los detenidos y presos por
parte de las FSE y funcionarios de prisiones.
El informe hace hincapié en la falta de garantías de la detención
incomunicada y denuncia las trabas impuestas por la Guardia Civil.
La delegación del CPT, que visitó el Estado español entre el 30 de mayo y el
13 de junio de 2011, ha elaborado un informe en el que pide «tolerancia cero»
ante esos casos en comisarías, prisiones y centros de internamiento de
extranjeros.
Según el informe, los entrevistados aseguraron haber sido tratados
correctamente en la gran mayoría de las entrevistas, pero recibieron algunas
alegaciones de malos tratos durante la detención.
El informe pide que se prohíba vendar los ojos o encapuchar a los detenidos,
incluso en los interrogatorios.
La delegación obtuvo alegaciones creíbles de 10 de los 11 ciudadanos vascos
detenidos en régimen de incomunicación con los que se había entrevistado.
Bolsas, golpes, porrazos y agresión sexual
En el apartado correspondiente al régimen de incomunicación, el CPT recoge
alguno de los testimonios de malos tratos recabados.
Destaca que los malos tratos empiezan durante el traslado desde el lugar de
detención a Madrid y consiste «fundamentalmente en patadas y golpes con porras
en la cabeza y en el cuerpo».
Ya durante el interrogatorio, relata, «les colocaron una bolsa en la cabeza,
provocándoles sensación de asfixia» y, simultáneamente, «les obligaron a
realizar ejercicios físicos prolongados».
Una persona –detalla el informe– alegó que la amenazaron con abusar
sexualmente de ella, después de haberle quitado los pantalones y la ropa
interior, mientras que otra persona afirmó que abusaron sexualmente de ella.
Otros testimonios recogidos por el CPT coinciden al señalar que recibieron
golpes y escucharon gritos de detenidos en celdas contiguas durante los
interrogatorios.
El objetivo de los malos tratos, continúa, era conseguir una declaración
firmada de cara a la vista oral.
El organismo expresa su «profundo recelo» hacia este tipo de prácticas y, por
ello, recomienda establecer un código de conducta para los interrogatorios.
«También se debería prohibir expresamente –destaca el informe– vendas los ojos o
encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial, incluso durante
los interrogatorios». Añade que debería prohibierse «expresamente obligar a los
detenidos a realizar ejercicios físicos o a permanecer de pie durante periodos
de tiempo prolongados».
El CPT reitera su recomendación de que los detenidos en régimen de
incomunicación tengan acceso a un abogado desde el primer momento de su
detención y durante los interrogatorios. También insta a notificar a la familia
el hecho de la detención y el paradero de la persona detenida, la cual considera
debería tener la posibilidad de ser visitada por un médico de su elección junto
con el médico forense designado por el juez de instrucción.
Por otro lado, se pide que las celdas de las comisarías dispongan de luz
natural, sistema de ventilación y timbre.
Los miembros, además, de la delegación encontraron palos y bates de béisbol
en salas de interrogatorio de comisarías de Cádiz y Madrid (Puente de Vallecas y
Moratalaz).
Obstáculos de la Guardia Civil
La delegación asegura en el informe que su relación con las autoridades
españolas fue «excelente», salvo una «excepción importante»: la Unidad de
Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Dirección
General de Madrid.
Allí, dice el informe, los oficiales negaron a la delegación que accediera a
la zona de detención, como ya ocurrió en 2007.
El informe asegura que el CPT «ha estado llamando la atención de las
autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos
que inflige la Guardia Civil» y que este «sigue sin resolverse».
Por ello, solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una
investigación rigurosa e independiente sobre los métodos empleados por oficiales
de la Guardia Civil durante las detenciones incomunidacadas. El CPT «desea
recibir dentro de un plazo de tres meses un informe detallado de las acciones
adoptadas para aplicar estas recomendaciones».
Además, destaca que las alegaciones de malos tratos «son sistemáticamente
consideradas como no fiables y parte de una estrategia de defensa para restar
validez a la declaración hecha hacia el final de la detención en régimen de
incomunicación».
En ese sentido, el organismo «reitera» su
recomendación de que cuando una persona denuncie malos tratos por parte de
oficiales de las FSE, «el juez/fiscal debería tomar nota de las denuncias por
escrito, ordenar de inmediato un examen médico forense –en los casos en los que
no sea proporcionado automáticamente un examen médico forense– y adoptar las
medidas necesarias para garantizar que las denuncias sean investigadas
adecuadamente».
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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