27 de Julio del 2012
EL MAYOR DESPLIEGUE MILITAR BRITÁNICO DESDE LA II GUERRA MUNDIAL
12.000 policías, 17.000 militares y 17.500 vigilantes
privados serán movilizados para los Juegos Olímpicos
de Londres. Un despliegue millonario a medida de las
grandes multinacionales, un dispendio en plena crisis.
Repaso a las últimas décadas de juegos olímpicos y entretenimientos de masas: El espectáculo siempre continúa
Entrevista a los autores de Citius, altius fortius: El libro negro del deporte (Pepitas de Calabaza): “Los deportistas, y la gente de a pie inhiben su espontaneidad en aras del rendimiento”Sirio Canós Donnay / Londres (Reino Unido)
Viernes 27 de julio de 2012.
Número 179
- Foto: Sdubroca
Por tercera vez en su historia,
Reino Unido será la sede de los
Juegos Olímpicos. Bajo el lema
“Inspirando a una generación”, el
Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Londres
2012 (LOCOG, por sus siglas
en inglés) ha presentado estas
Olimpiadas como una oportunidad
para generar empleo, regenerar
zonas desfavorecidas y fomentar
el deporte de base.
No obstante,
con un coste estimado de 1.500 millones
de euros, y en un año en el
que los recortes al sistema educativo,
sanidad, e inversión social han
sacado a miles de británicos a la
calle, los Juegos y su gestión no
son del agrado de todos.
En las últimas semanas, tras una
serie de revelaciones, las críticas al
LOCOG abren diariamente la mayoría
de los boletines informativos
del país.
705 millones en seguridad
Aunque las cifras finales están todavía
por confirmar, la Asociación
de Altos Cargos Policiales (ACPO)
ha informado que alrededor de
12.000 agentes patrullarán las zonas
olímpicas, colaborando con los
17.000 militares –11.800 soldados,
2.600 marines y 2.600 aviadores–
movilizados en lo que constituirá el
mayor despliegue militar del Ejército
británico desde la Segunda
GuerraMundial.
A esta operación militar y policial
hay que añadir los 17.500 vigilantes
de seguridad privada contratados
por el LOCOG, más un millar de
agentes estadounidenses.
La Ciudad Olímpica estará protegida
por una alambrada electrificada
de 5.000 voltios de tensión y 18
kilómetros de longitud, cuyo coste
asciende a 101 millones de euros.
Mientras tanto, misiles tierra-aire
instalados en seis puntos del este de
Londres –incluyendo la azotea de
un edificio residencial cuyos vecinos
no fueron consultados– velarán
por el mantenimiento de la zona de
exclusión aérea –en vigor desde el
pasado 14 de julio– junto con los cazas
y helicópteros de la Royal Air
Force de las bases de Northolt e
Ilford y desde un portaaviones fondeado
en el Támesis.
La partida del presupuesto destinada
a seguridad, que en la actualidad
se cifra en 705 millones de euros,
incluye también la instalación
de cámaras de vigilancia –a incorporar
a los tres millones de cámaras
ya existentes en Reino Unido–, así
como nuevos escáneres, controles y
software de reconocimiento facial y
de matrículas, que permanecerán
una vez terminados los juegos.
A estos hay que añadir los aviones
no tripulados que patrullarán el
cielo de la ciudad, los 55 equipos de
perros de ataque alrededor de la
Ciudad Olímpica y las armas sónicas
que protegerán el recinto.
El objetivo
no es sólo garantizar la seguridad
de los juegos, sino también,
en palabras de un oficial del Gobierno
británico, aprovechar “una
tremenda oportunidad para exhibir
lo que el sector privado puede hacer
enmateria de seguridad”.
A las críticas por los contratos
multimillonarios con empresas de
armamento y seguridad privada, se
han añadido en las últimas semanas
las generadas por el comportamiento
de GS4, la mayor compañía
de seguridad privada del mundo, y
la encargada de gestionar la seguridad
de estos Juegos.
El pasado 13
de julio, Nick Buckles, presidente
de GS4, anunció que no iba a poder
proporcionar los 17.500 trabajadores
acordados, y que el Ejército tendría
que suplir las vacantes con
3.500 operativos adicionales. La
compañía ahora se enfrenta a penalizaciones
de hasta 63 millones de
euros y a perder otros contratos que
tiene con la administración británica,
incluyendo la gestión de prisiones
y comisarías.
Multinacionales
El LOCOG también ha sido criticado
por su selección de patrocinadores
y por las ventajas legales y fiscales
que se les han otorgado a los
mismos. A pesar de haber firmado
un código de contratación “acorde
con las reglas deportivas y principios
definidos en la Carta
Olímpica”, tales como la “sostenibilidad”,
el “valor educativo del buen
ejemplo” y el “respeto por los principios
éticos fundamentales y universales”,
la lista de patrocinadores
y proveedores incluye empresas de
ética cuestionable.
Por ejemplo,
Adidas, proveedor oficial de uniformes
olímpicos, está siendo investigada
tras denuncias sobre las condiciones
de trabajo en sus factorías
en Indonesia, en las que fabrica el
material olímpico.
Río Tinto, proveedor oficial de
medallas, está siendo juzgado por
una serie de delitos medioambientales
y de explotación laboral, y
Dow Chemical, uno de los principales
patrocinadores, sigue sin aclarar
su conexión con el desastre de
Bhopal. Otros patrocinadores con
antecedentes discutibles son
McDonalds, restaurante oficial y
proveedor exclusivo de patatas fritas;
Coca-Cola, bebida oficial; o BP,
proveedor de combustibles.
La mercantilización de los Juegos
ha sido exhaustiva, afectando a productos
que abarcan desde cepillos
de dientes a limpiadores de baño,
pasando por camisetas, cuentas
bancarias o relojes.
La legislación al
respecto tampoco tiene precedentes:
ninguna empresa o tienda que
no sea patrocinador o proveedor
oficial puede promocionarse en las
inmediaciones de los Juegos ni usar
símbolos ni términos asociados con
las Olimpiadas, incluyendo palabras
como “verano”, “oro”, “plata”,
“bronce” o “Londres”. Más de 300
agentes de la Olympic Delivery
Authority se dedican desde mediados
de julio a inspeccionar tiendas y
oficinas, para garantizar el cumplimiento
de esta normativa, y aplicar
sanciones de hasta 25.000 euros a
aquellos que la incumplan.
Un paraíso fiscal
La aprobación de medidas excepcionales
también afecta al apartado
de impuestos, puesto que por imposición
del COI, la zona olímpica ha
sido declarada paraíso fiscal. Esta
medida exime a todas las empresas
participantes de pagar impuesto alguno,
lo que según cálculos de la revista
Ethical Consumer, supondrá
una pérdida de 891 millones de euros
para las arcas públicas.
Estas actuaciones, junto con las
antes mencionadas y las revelaciones
que se van sucediendo día a día,
han abierto un debate que será difícil
de cerrar.
