por Pablo Iglesias
¿Se imaginan qué dirían los portavoces de la AVT y del
PP si la Ertzaintza contratara a un ex militante de ETA para que impartiera
cursos de formación a sus agentes?
Seguro que Francisco Alcaraz, el demócrata amigo
Ynestrillas, volvería a amenazar con que los suyos se tomarían la justicia por
su mano ante semejante humillación a las víctimas. Sin embargo, ya sabemos que
la extrema derecha española nunca se ha caracterizado por sus agallas a la hora
de tomarse la justicia por su mano; siempre que pegaban un tiro a alguien se
aseguraban antes la cobertura de los aparatos del Estado.
Hoy se ha publicado un estremecedor reportaje de José María Irujo que nos cuenta
que Emilio Hellín, el ultraderechista miembro de Fuerza Nueva (el partido de
Blas Piñar) que asesinó de dos disparos en la cabeza a la militante de
izquierdas Yolanda González en 1980, imparte cursos en el Instituto Universitario de
Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y dirige una empresa que
asesora habitualmente a las fuerzas de seguridad del Estado. El instituto
depende de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del
Interior. Según se nos dice en el citado reportaje algunos de los cursos se
realizaron en 2008, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del
Ministerio del Interior, pero dudo que veamos al jefe del PSOE dar explicaciones
sobre esto. Ya se sabe que si alguien protegió y amparó en nuestro país a los
terroristas a sueldo del Estado, esos fueron los socialistas.
Emilio Hellín, hermano de un guardia civil, fue
detenido en casa de un inspector de policía, tras la confesión de uno de los
participantes en el asesinato de Yolanda, el policía nacional Juan Carlos Rodas.
Hellín fue condenado a 43 años de cárcel. Participó en una fuga de la cárcel de
Alcalá de Henares pero fue detenido y recluido en la prisión más segura del
país, Herrera de la Mancha. Finalmente consiguió que le concedieran un
escandaloso permiso penitenciario y escapar con toda su familia (¿es esto
posible sin amigos poderosos?) a Paraguay, donde fue recibido como un héroe por
el régimen de Stroessner. Allí empezó a trabajar formando a los servicios
secretos policiales y militares de la dictadura paraguaya. Finalmente, tras una
investigación periodística, fue extraditado a España en 1990. Tres años después
ya disfrutaba de permisos y en 1996 se cambió el nombre en el registro
civil.
En el momento del asesinato de Yolanda,
dirigentes socialistas de la talla de Alfonso Guerra
o Juan Barranco, denunciaron las vinculaciones de los
asesinos con las fuerzas de seguridad. Se sospechaba que tras el asesinato
estaba el jefe de la Brigada Especial Operativa, el comisario Manuel
Ballesteros, un torturador de la dictadura franquista que fue repescado por el
siniestro ministro de interior del PSOE José Barrionuevo. La neurológica que le dedicó El País en 2008 presenta a
Ballesteros como un experto en la lucha antiterrorista que participó en las
conversaciones con ETA en Argel.

Ya tienen ustedes elementos suficientes para
comprender cómo es posible que un ex terrorista trabaje a sueldo de las fuerzas
y cuerpos de seguridad que pagamos todos. Sencillamente, porque fue un
terrorista al servicio del Estado. ¿Transición modélica y ejemplar la nuestra?
Quienes afirman tal cosa sólo merecen el desprecio de los que somos
demócratas.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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