En 2005, Quito atribuyó el 40% del
presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los
gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a
los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades
fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una
dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades
constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese
estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral,
los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la
República. Y con él todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007,
Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y
democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la
equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a
fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las
estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero de¬sarrollo
sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno
de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía
alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y
productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del
presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando
considerablemente la inversión humana. La realización de esta política
fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de
la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas.
Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de
obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda
externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar.
Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y
renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó
de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en
2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el
61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una
verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas
recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se
constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones
de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores
extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento
de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para
los países acreedores y las instituciones financieras internacionales.
Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos
multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y,
sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban,
en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el
200%… Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado
sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en
apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas
entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua
potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones,
infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió
para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se
comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda
y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la
“Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de
julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la
identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores
multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En
base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el
pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran
beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma
fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de
la situación de endeudamiento.
La posición de Correa fue clara: la
deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades
del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una
moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó
así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de
la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no
devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la
decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales
de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se
encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña
de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin
considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la
capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos
concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda.
Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la
presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como
en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar
conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre
de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la
anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían
entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores
internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las
empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado,
ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones
económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de
renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron
realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el
presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que
numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales
del derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o
en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a
iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la
deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos
sociales de la población.
Se llegó así a la sexta renegociación,
en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de
deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030.
Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de
dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de
la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener
en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las
demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las
posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho
las necesidades sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió
readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por
sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un
65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador
ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en
2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de
dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos
medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la
educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la
comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador
descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en
mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de
dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705
millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del
Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva
Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre
de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a
las siguientes reglas:
La no devolución de la deuda decidida
por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones
de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito
social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el
porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda
pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales
aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media
del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el
aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las
condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro
con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le
aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó
en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te
caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría
que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos
arreglamos”.
Reiteró este consejo el 8 de octubre de
2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no
es más que un pretexto para la implementación de políticas de
austeridad.
Si analizamos las medidas regionales,
coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo
de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de
maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que
dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000
millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la
nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de
mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional,
el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la
futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario
de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común. Tras
cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por
primera vez en una situación que le permite realizar una distribución
adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la
integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la
estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por
alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son
reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se
han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de
la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9
puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la
pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la
gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB
ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011,
se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda
interna).
Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Carlos Játiva. Embajador de Ecuador en Francia
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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