Esa misma que Soraya Saenz de Santamaría presentara en plan obra de
teatro dramático entre lágrimas y sollozos por la situación de los más
desfavorecidos. Un juez reconoce ahora que priva de derechos a las
personas que han contraído una hipoteca, mientras que sí favorece a las
entidades financieras.
El juez Joaquín Colubi Mier, titular del Juzgado número 7
de la localidad asturiana de Avilés, ha abierto la vía de
inconstitucionalidad contra la Ley para Reforzar la Protección a los
Deudores Hipotecarios (1/2013), aprobada en mayo por el Gobierno de
Mariano Rajoy tras orillar las propuestas de la PAH. El magistrado ha
elaborado dos autos en los que plantea que hay un artículo que priva de
derechos a las personas que han contraído una hipoteca, mientras que sí
favorece a las entidades financieras.
El artículo de la ley de protección que ha motivado los
escritos del juez apunta que, si un juez de primera instancia determina
“abusiva” una de las cláusulas de las hipotecas, los bancos y cajas de
ahorro pueden recurrir, pero si la declara “no abusiva”, el ciudadano
pierde ese derecho y no puede recurrir a instancias superiores. Este
matiz, que refleja una clara falta de equidad, es lo que ha llevado al
juez Colubi a promover la declaración de inconstitucionalidad.
A juicio del magistrado, se están vulnerando los
artículos 14 y 24 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a un trato
no discriminatorio entre las partes en litigio. La decisión de elevar
una cuestión ante el Constitucional, parte de la ejecución hipotecaria a
dos ciudadanos de diferentes zonas de Asturias que, a consecuencia de
la crisis, no han podido hacer frente al pago de las cuotas que exigían
los bancos.
Los abogados de los afectados acordaron sugerir al juez
la inconstitucionalidad de la ley, al contemplarse un doble rasero en la
aplicación de los derechos de las entidades financieras que promueven
la ejecución hipotecaria y de los ciudadanos que las sufren.
De momento, en el Juzgado número 7 de Avilés se han
suspendido los procesos en curso sobre las ejecuciones hipotecarias. La
decisión del juez Colubi sienta un precedente al que pueden acogerse
abogados y jueces. Además, obliga al Congreso de los Diputados, al
Senado y a los parlamentos autonómicos a que inicien un proceso de
consulta y eleven un informe al Tribunal Constitucional.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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