CADENA PERPETUA CONTRA LA AUTODETERMINACIÓN DEL SÁHARA OCCIDENTAL
19.02.2013.
Por A.R. Suárez
El macrojuicio político celebrado en Rabat contra 24 activistas saharauis por su participación en el campamento de protesta de Gdeim Izik,
concluía el pasado sábado 17 de noviembre con un nuevo “golpe de
efecto” de la dictadura marroquí. Siete horas de deliberación bastaron
al tribunal militar de la capital alauita para dictaminar la imposición
de enormes penas de cárcel a los enjuiciados. La corte marroquí condenó
a nueve de ellos a cadena perpetua; a otros cuatro, entre los que se encuentra el intelectual residente en París Naama Asfari a 30 años de prisión; a ocho a 25 años de encarcelamiento y a dos más a 20 años.
La sentencia del tribunal de excepción les considera a todos culpables de “constitución de bandas criminales” y “violencia
sobre agentes del orden, en grado de autoría o complicidad, con
resultados de muerte con premeditación y mutilación de cadáveres”.
Desde el primer día del juicio los
abogados de los saharauis, que intentaron en vano que sus defendidos
fueran juzgados por un tribunal civil, y la Asociación Marroquí de Derechos Huamanos
denunciaron que no existían pruebas para imputarles la muerte de los
agentes de las fuerzas de ocupación. Únicamente unas confesiones
arrancadas bajo tortura. Una práctica que deben sufrir cotidianamente
los activistas saharauis y que el presidente del tribunal rechazó
investigar.
Las fuertes condenas, en efecto, se
aplicaron sin que la acusación se sostuviera en una sola prueba
contrastable. Las armas con las que presuntamente se mató a los agentes
carecían de las huellas dactilares de los acusados y en un vídeo rodado
por el Ministerio del Interior Marroquí no se identifica a ninguno de
ellos. Tampoco se practicaron pruebas de ADN.
Como toda “prueba” en contra de los
saharauis el Ministerio Público difundió unas fotografías, que consideró
“incriminatorias”, en las que aparecían varios acusados con Mohamed Abdelaziz, presidente del Frente Polisario,
durante una visita a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).
Un reconocimiento implícito del carácter político de un juicio que las
autoridades alauitas han querido presentar en el exterior como ejemplo
de su supuesto respeto a las garantías procesales de los acusados.
Los activistas saharauis escucharon la
lectura de las sentencias en pie, con el puño en alto y coreando
eslóganes a favor de la autodeterminación de la ex colonia española,
ocupada militarmente por Marruecos desde el año 1975.
RECHAZO DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
En España, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) ha denunciado la “injusta e ignominiosa” sentencia impuesta a “defensores de los Derechos Humanos”. “Constituye - aseguran – un
gravísimo atentado a la razón y a las normas más elementales de la
equidad y la justicia cometido por un estado despótico que reclama para
sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a
la legitimidad democrática”.
El juicio – apuntan desde CEAS-Sáhara - tiene un “carácter
estrictamente político y militar” pese a que se ha querido presentar
como un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la justicia”.
También la organización Sáhara Thawra ha condenado “rotundamente”
la “arbitraria” sentencia del Tribunal Militar de Rabat contra los
“presos políticos saharauis”. “Tras haberse llevado a cabo una detención
preventiva e ilegal que ha durado más de dos años, en los últimos días
hemos visto cómo se juzgaba sin ninguna prueba, garantía, ni base legal a
los 24 presos políticos saharauis apresados a raíz de Gdeim Izik”,
afirman.
Todo indica, ciertamente, que con las
condenas impuestas a los activistas la dictadura marroquí ha pretendido
enviar al conjunto del pueblo saharaui el mensaje de que no le temblará
la mano a la hora de reprimir su legítimo derecho a decidir libremente
su futuro.
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