La reforma laboral se aprobó ayer definitivamente en el
Congreso de los Diputados, pero los principales cambios del mercado
laboral llevan en vigor desde el pasado 12 de febrero, cuando el
Gobierno los aprobó unilateralmente por decreto. Por lo tanto, empiezan a
existir ya datos estadísticos que permitan evaluar sus efectos.
Para empezar, los cambios legales no han impedido que el número de
despidos-medido en número de trabajadores con derecho al desempleo
contributivo, que es la mayor aproximación estadística que existe-de
todo tipo haya crecido en términos generales un 13%. Así, entre febrero y
abril (últimos datos disponibles) de 2012 los servicios públicos de
empleo recibieron el alta de 485.267 despedidos ante 428.364 de los
mismos meses de 2011.
El Gobierno no ha cesado en su empeño de explicar que la reforma
laboral está orientada a que los empresarios opten por medidas de
flexibilidad interna en lugar de despedir en momentos de crisis. Y es
cierto que para ello facilitaron la modificación sustancial de las
condiciones laborales de forma unilateral por parte del empresario,
sobre todo del salario, y la desvinculación de los convenios colectivos.
Sin embargo, el Ejecutivo abarató y facilitó los despidos, por lo que
el resultado de los primeros meses de aplicación de la reforma laboral
es que los empresarios siguen optando prioritariamente por las
extinciones de contrato para ajustar sus costes. Un riesgo que ya
advirtieron los expertos y que se está cumpliendo.
Así, los dos cambios fundamentales de la reforma para facilitar y
abaratar los despidos fueron, por una parte, aclarar más las causas
económicas de las extinciones objetivas que tienen una indemnización
máxima de 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades y que ahora
son procedentes cuando haya disminución del nivel de ingresos o ventas
ordinarios durante tres meses consecutivos si se compara cada uno de
estos trimestres por separado con el mismo del año anterior. Y, en
segundo, la eliminación de la autorización administrativa en los
expedientes de regulación de empleo (ERE), también indemnizados con 20
días en los casos extintivos.
Esto ha desembocado en un aumento del 53% de los despidos
individuales por causas objetivas pagados a 20 días, que pasan de 46.219
entre febrero y marzo de 2011 a 70.701 en el mismo periodo de 2011.
Igualmente, el número de despedidos en ERE ha crecido entre febrero y
abril un 30% desde los 20.001 hasta 25.993. Si bien es cierto que,
respondiendo a los objetivos del Gobierno, en este periodo de tiempo
también se han incrementado los trabajadores afectados por un ERE solo
temporal, como alternativa a los despidos. Este colectivo estaba formado
entre febrero y abril por 72.803 trabajadores, frente a los 42.742 del
mismo periodo del año anterior, con un aumento del 70%. Sin embargo, el
número total de afectados por esta última medida queda por debajo de los
que fueron despedidos al amparo de las nuevas leyes laborales, que
superaron ampliamente los 100.000.
Las cifras 33 días por año trabajado es la indemnización máxima del
despido improcedente, así como los días que se están pagando en los ERE
pactados.
1,7 millones de empleados públicos se podrían ver afectados por los
próximos despidos (700.000 laborales fijos y 500.000 de empresas
públicas).
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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