Cristina de la Hoz
La aplicación de la reforma laboral al
sector público, de modo que pueda procederse a los despidos colectivos
por causas económicas, técnicas y organizativas comienza a generar un
gran número de estudios de expertos en Derecho Administrativo que
alertan sobre los riesgos de un mal uso en el seno de la
Administración, obligada por su propia naturaleza a motivar todas y
cada una de sus decisiones. En este caso es la Profesora Titular de
Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha Josefa
Cantero Martínez, que considera que en un proceso de este tipo “sería
deseable que interviniera el legislador básico estatal para regular el
uso que pueda hacerse de esta posibilidad y cómo los principios de
igualdad, mérito y capacidad deben tener reflejo en los despidos”.
Y todo ello porque entiende que se corre el riesgo de que estas medidas puedan utilizarse “como coartada de otro tipo de decisiones reprochables jurídicamente”, a saber, “motivos de ideología política, de afiliación sindical o simplemente con la intención última de sancionar
a un empleado sin permitirle que pueda beneficiarse de las garantías
del procedimiento sancionador”. La Administración necesita de una norma
o, al menos, de algún instrumento de planificación que le oriente “en
este proceso de decisiones tan drásticas”, continúa el informe,
clarificando los criterios para determinar los empleados que va a
despedir, los sectores de actividad y los puestos afectados.
“Si estas decisiones no se motivan
adecuadamente ni se realizan en el seno de este marco planificador,
pueden quedar deslegitimadas y servir de coartada a comportamientos arbitrarios contrarios al principio constitucional de igualdad
que debe presidir también esta materia”, sentencia la experta en
Derecho Administrativo. Su argumentación coincide con la del catedrático
de la Universidad de Granada Federico Castillo Blanco para quien la
reforma laboral no es, en el ámbito de la administración pública “algo
que tenga licencia para matar, al menos no en nuestro marco
constitucional. Las distintas medidas que se adopten, y no son las de
personal las únicas que pueden adoptarse, deberán quedar debidamente
justificadas”.
Tras defender Cantero Martínez que “los
ajustes económicos no son reformas”, llama la atención sobre el hecho
de que si lo que se persigue es la reducción de los gastos de personal
no se hayan previsto otras medidas de ahorro. En este sentido, destaca
que no hay ningún tipo de restricción para que los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas “puedan seguir nombrando personal eventual para realizar funciones de confianza y de asesoramiento”. Esto es, los llamados cargos de confianza o a dedo no sufren merma.
Asimismo, cree que debiera haberse aprovechado la ocasión para suprimir el derecho-privilegio que ha generalizado el Estatuto Básico del empleado Público (EBEP) por el cual se reconoce a los funcionarios en servicios especiales
el derecho a recibir el mismo tratamiento en la consolidación del grado
y conjunto de los complementos que los directores generales u otros
cargos incluso superiores cuando se reincorporan a la Administración. Se
trata de aquellos funcionarios que hacen carrera política asumiendo
cargos públicos y electos como diputados, senadores, alcaldes,
presidentes de Diputación, o miembros del Poder Judicial. Dos años de
permanencia en cualquiera de estas resposnabilidades les permiten
ingresar de por vida, a su regreso a la Administración, una cantidad
dineraria añadida para la que no existe ningún tope máximo o límite
temporal.
Lamenta la profesora titular que se
traslada al conjunto de la ciudadanía la idea de que el número de
empleados públicos es abusivo además de tratarse de un colectivo
privilegiado porque disfruta de la inamovilidad en el empleo en un
momento de fuerte paro, pero, como Castillo Blanco, desmonta la idea de
esa supuesta abundancia recordando que España es uno de los países de la OCDE con menos empleados públicos
respecto del total de los trabajadores. Sin embargo, se ha producido un
gran incremento de los mismos en los últimso años, puesto que su
número ha crecido en más de 107.000 desde el año 2008, cuando estalla
la crisis, mientras se ha destruido empleo a espuertas en el sector
privado.
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