Alberto PRADILLA | MADRID
El Gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios
planes de Derechos Humanos a la hora de prevenir la tortura en las
detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se
desprende del borrador del informe de seguimiento que fue presentado el
pasado miércoles en el Congreso por José Luis Ayllón, secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
La valoración corresponde al plan elaborado por el anterior
Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vigencia
concluye en este mismo año.
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En principio, el actual Gabinete de Mariano Rajoy se ha comprometido
ha poner en marcha un nuevo programa de acción, tal y como se recogió
en una Proposición no de Ley presentada por el PNV en febrero.
Una nueva iniciativa que no oculta el hecho de que, en cuatro años,
apenas se ha cumplido la mitad de las 172 propuestas incluidas en el
primer plan. Unos porcentajes que se reducen drásticamente en los
apartados de «Libertad personal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», que apenas llega al 35%, y a los Derechos Sociales, con un escaso 30%.
El documento achaca estos déficits, entre otras cuestiones, a la «grave incidencia que la crisis económica y finaciera global» ha tenido en el Estado español. Además, reconoce que, pese a que en algunos casos «se
han dado pasos para el cumplimiento formal» de estas medidas, «no se ha
producido un cumplimiento efectivo de los objetivos perseguidos».
En relación a los arrestos en régimen de incomunicación, el
documento recuerda que ya en 2008 se marcaban cuatro puntos destinados a
«mejorar las garantías de los detenidos», todas ellas inspiradas en las
recomendaciones de organismos internacionales como el Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura.
Ninguna de ellas se da por cumplida.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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