La situación de supuesto acoso laboral
se desarrolló entre mediados del 2008 y finales del 2009. Y concluyó
con un proceso de incapacidad temporal de la víctima por trastornos
sicológicos y siquiátricos, y con la presentación de una denuncia ante
los juzgados de Ponferrada. Casi tres años después el Juzgado de lo
Penal número 1 acaba de condenar a un año de cárcel a los dos socios de
la firma, Eduardo R.P. y Hortensio R.A., por la comisión de un delito
«contra la integridad moral» de las personas. Además, los dos
condenados tendrán que indemnizar solidariamente a la ex trabajadora
con más de 11.6000 euros por los daños y secuelas derivados de su
enfermedad y del tratamiento al que fue sometida. El pago de la
indemnización eludirá sin embargo el ingreso en prisión de los socios,
puesto que es el primer delito que cometen y no han sido condenados con
antelación.
La sentencia, fechada el pasado 2 de
octubre, es firme y se dictó sin necesidad de la celebración del
juicio. Los empresarios acabaron admitiendo las vejaciones reiteradas a
la víctima. Por ello se alcanzó un acuerdo de culpabilidad después de
que la acusación particular pidiera hasta dos años de cárcel para cada
uno de los dos reos y el fiscal un año y siete meses.
Empleo para una hija
Las presiones de los condenados se
iniciaron en septiembre del 2008, a la que pidieron que solicitara el
«cese voluntario» en la empresa puesto que indemnizarla resultaría muy
gravoso, dado que su antigüedad databa de agosto de 1990. El propósito
es que su puesto de trabajo lo desempeñara la hija de uno de los
industriales.
Ante la negativa de la víctima, ya en
marzo del 2009, decidieron presionarla destinándola primero a un
almacén en la planta superior de la nave que no reunía ni las
condiciones indispensables para el desarrollo de su actividad laboral,
ni siquiera una mesa, ni una silla. Aunque el recinto carecía de
ventilación, sus jefes le obligaban además a mantener la puerta
cerrada.
Al no ceder en su idea de mantenerse en
su puesto, fue a partir de septiembre del 2009 cuando se
intensificaron las vejaciones, las amenazas y todo tipo de presiones.
El 20 de octubre de ese año se inició el proceso de incapacidad de la
administrativa que queda probado en el fallo que sufrió «trastornos
sicológicos y siquiátricos, consistentes en reacción al estrés grave,
trastornos de adaptación y ansiedad».
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