28.09.2012
Los recortes que se impondrán a los
funcionarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que hoy
ha presentado el Gobierno parecen no ser suficientes para el Ejecutivo
de Mariano Rajoy. El Ministerio de Empleo estaría ultimando el
reglamento que permitirá realizar despidos colectivos en las plantillas
de las Administraciones y empresas públicas.
Aunque el Gobierno ha congelado por tercer año consecutivo las
retribuciones de los empleados públicos y mantendrá a cero la tasa de
reposición del personal que se jubile, salvo en los servicios esenciales
como Sanidad, Educación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos
recortes no serán los únicos que acometerá el equipo de Mariano Rajoy,
cuyo objetivo es aprobar una reforma que permita aplicar EREs al
personal laboral,.
Los sindicatos temen que haya nuevos recortes en el gasto de personal
y que estos se materialicen mediante despidos colectivos entre el
personal laboral, tanto de las Administraciones como de las empresas
públicas. Es decir, mediante la reducción de plantillas, una medida que
en ningún caso afectará a los funcionarios.
La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir
empleados públicos, pero su plena aplicación está a la espera de
desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró
el pasado julio y es probable que no haya grandes modificaciones, ya
que los sindicatos no han recibido respuesta del Ministerio de Empleo a
las alegaciones que presentaron.
Este documento indica que las empresas públicas podrán aprobar un ERE alegando “causas económicas”, al igual que cualquier otra compañía privada. Se entiende que concurren “causas
económicas” cuando existan “pérdidas actuales o previstas”, o bien una
“disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente “si
durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o
ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo
trimestre del año anterior”.
Asimismo, las Administraciones Públicas (Gobierno, CCAA,
Ayuntamientos, Seguridad Social, organismos autónomos, Universidades y
otras entidades públicas) podrán despedir personal laboral alegando, igualmente, “causas económicas”.
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